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La mayoría de las empresas públicas ignoró las órdenes del Gobierno de Zapatero sobre directivos y consejeros

El TC detecta numerosas irregularidades. Decenas de organismos hicieron caso omiso a las disposiciones del Consejo de Ministros.

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Las empresas públicas no hacen caso al Gobierno. Al menos no tanto como deberían, según refleja el Tribunal de Cuentas (TC). El 30 de abril del año 2010, el Consejo de Ministros, por aquel entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el Plan de reordenación del sector público empresarial.

La idea era ahorrarse unos cuantos euros a través del cierre de organismos, la reducción de directivos, la limitación del número de consejeros o el control de las dietas. Y la conclusión es que se cumplieron parte de los objetivos, pero no todos. Básicamente porque más de la mitad de los entes ignoraron las órdenes del Gobierno en algunas de las cuestiones más importantes.

De acuerdo al informe de fiscalización 1004 del Tribunal de Cuentas, publicado hace unos días, el 31 de diciembre de 2009 había 243 entidades no financieras en el sector público empresarial estatal. En la lista, había de todo, desde grandes conglomerados, como AENA, Correos, RTVE o Paradores, hasta Rumasa (que sí, tres décadas después sigue ahí), el Hipódromo de la Zarzuela o las autoridades portuarias; pasando, claro está, por decenas de entes absolutamente desconocidos para el público. Entre todos, empleaban a unas 225.000 personas (aunque esto no quiere decir que todos ellos estuvieran fijos en plantilla).

Ante la grave situación de las cuentas públicas (hay que recordar que apenas unos días después España estuvo al borde del abismo de la quiebra), el Gobierno decidió acometer un plan de racionalización del sector público empresarial. Para ello, se presentó un programa que incluía la supresión de unas cuantas decenas de los entes integrantes de este conglomerado. Ahora, el Tribunal de Cuentas hace públicos los resultados de aquel movimiento. De acuerdo a sus cifras, desde finales de 2009 a finales de 2011, los dos últimos ejercicios del Gobierno socialista, se produjo "una reducción neta de 42 entidades, un 17%" de las existentes al comienzo del período analizado.

Este recorte, habría dado lugar a un ahorro de unos 331,3 millones de euros. Es una pequeña gota en el océano de los números rojos del conjunto del sector público español, pero al menos implica una cierta contención en un momento complicado. Eso sí, el propio TC admite que "sólo el 19% de ese ahorro se generó como consecuencia de la ejecución de las operaciones previstas por el Consejo de Ministros". El resto se debió a la extinción de otras sociedades, a la adaptación de las nuevas sociedades estatales de estibadores portuarios y al traspaso a las comunidades autónomas de ciertas operaciones societarias. Vamos, que habría que analizar, a cuánto realmente asciende el ahorro en términos absolutos, en el conjunto del sector público.

Directivos y consejeros

Sin embargo, lo más llamativo del documento del TC no está en las cifras generales de gasto o ahorro, bastante confusas en lo que se refiere a su significado exacto. En realidad, lo que más sorprende es cómo el organismo fiscalizador deja de manifiesto que la mayoría de los entes incumplieron las órdenes del Gobierno en lo que hace referencia a sus altos cargos.

Junto a la reorganización de los entes (con fusiones, absorciones o extinciones), el acuerdo del Consejo de Ministros preveía una serie de medidas de ahorro, que iban desde el recorte de personal, hasta la reducción del número de directivos y de los consejeros. Pues bien, el grado de cumplimiento de estas disposiciones puede calificarse de muy poco satisfactorio.

Por ejemplo, en la sexta de las conclusiones del TC puede leerse que de las 77 sociedades mercantiles a las que se exigió una reducción del número de consejeros, "únicamente 25 la cumplieron en el plazo establecido", que era el 31 de julio de 2010. Es decir, que menos del 33% cumplieron las órdenes. Del resto, otras 4 lo hicieron antes del fin de 2010 y 10 más redujeron el número, pero no alcanzaron el 15% que establecía la norma. Esto quiere decir que 38 sociedades "no efectuaron ninguna reducción del número de miembros de su consejo de administración". Es decir, que la mitad de los organismos pasó olímpicamente de lo que el Gobierno decretó en esta cuestión. Es cierto que en estos 77 entes, el número de consejeros se redujo, de 959 a 879, pero resulta cuanto menos sorprendente que un organismo público pueda hacer oídos sordos a una orden tan clara de sus superiores jerárquicos.

El resumen del TC es que en el total de las entidades analizadas, en diciembre de 2011 había hasta 163 que contaban con un consejo de administración (no a todas se les exigió reducir su número de integrantes). En total, hablamos de 1.738 consejeros que cobraron un total de casi 9,6 millones de euros en concepto de dietas por acudir a este órgano.

Y aquí entramos en otro de los aspectos que denuncia el TC. Según su análisis, la normativa vigente establece que debe ser el Ministerio de Hacienda el encargado de fijar el montante de estas dietas. Pues bien, "durante el período fiscalizado, gran parte de estas entidades -41 de las 45 que abonaron dietas en los ejercicios 2009 y 2010, y 40 de 45 en 2011- no contaron con la preceptiva autorización para el pago de dietas por asistencia". Estamos hablando de 3,8 millones en 2009, 3,2 en 2010 y 2,6 en 2011. En total, son más de nueve millones de euros que se abonaron en concepto de dietas sin seguir el camino marcado por la ley.

Si en lo que hace referencia a los consejos de administración parece constatarse un cierto descontrol, no menos puede decirse en lo que atañe a los directivos de estos entes. El plan del Gobierno incluía una serie de medidas para reducir los altos cargos de las empresas públicas. De acuerdo al TC, hasta 160 de estos organismos estaban obligados por esas disposiciones. Pues bien, sólo "26 de ellas redujeron en 2010 su personal de alta dirección, aunque 4 en un porcentaje inferior al 10% exigido por el Acuerdo y otras 10 lo hicieron en 2011, expirado el plazo establecido". ¿Y el resto? Pues no hay noticia. Es más, el TC destaca como entre ellas hay hasta "27 entes que contaban con 3 o más puestos de esa naturaleza y que a final de 2011 continuaban formando parte del sector público empresarial estatal".

En total, las entidades sometidas a fiscalización tenían 647 directivos en 2009, que se convirtieron en 556 dos años después (un 17% menos). Esta reducción permitió un ahorro de unos 12,5 millones de euros. También queda reflejada en el informe una pequeña rebaja de sueldo para los altos cargos. Si la retribución media de un directivo de una empresa estatal en el primer ejercicio fiscalizado era de 116.000 euros, en 2011 se había pasado a 112.000 euros (un 3,5% menos).

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