Fui uno de los que fueron conscientes de la situación a la que se enfrentaba el ministro de Hacienda del Gobierno del Partido Popular después de las elecciones de noviembre de 2011. El PSOE había dejado España en situación de quiebra -y sin contabilizar muchas de las deudas que las Administraciones Públicas mantenían con sus proveedores y con aquellos que, por cualquier título, resultaban ser acreedores del erario público-. El ministro Montoro se encontró, así, con que ya en el primer mes no podía atender las obligaciones salariales de la Administración y, menos aún, los vencimientos ya renovados de antiguas obligaciones, por no hablar de las obligaciones encajonadas y silentes, de las que eran sujetos perjudicados los proveedores de menor cuantía, aunque esta fuese elevada.
No tenía más elección el señor ministro de Hacienda que recurrir a subir los impuestos de mayor y más inmediata efectividad recaudatoria (IVA) para atender los pagos apremiantes a que la Administración estaba obligada. Fui indulgente entonces, y sigo siéndolo hoy cuando analizo aquella situación temporal. Otra cosa es lo que haya podido ocurrir desde entonces hasta el fin de 2013.
Muchos esperábamos acciones de sobriedad pública, tales como una nueva estructura de las Administraciones, disminuyendo el peso del sector público al tamaño que realmente pueda mantener nuestro nivel de renta y riqueza. También acciones de relanzamiento como menores trabas y gravámenes a la generación de rentas resultado de la acción empresarial, y la eliminación, sin contemplaciones, de prebendas y subvenciones, que destrozan el sistema económico y desincentivan a quienes con su esfuerzo lo mantienen. Las cosas siguen prácticamente igual en el despilfarro de gastos corrientes, aunque, eso sí, se ha reducido el despilfarro en el gasto en inversiones estériles.
Lo que no cabe es terminar 2013 con una manifestación del ministro en la que dice que no se recauda lo suficiente. La suficiencia se basa en dos componentes: uno, el volumen de ingresos obtenidos; el otro, el gasto realizado por el sector público. La suficiencia se puede conseguir actuando sobre los ingresos –vía muy peligrosa– o reduciendo los gastos –de resultado más cierto–.
Ahora ha tratado de endulzar el retraso en la eliminación prometida de la elevación temporal del IRPF con el pretexto de que se hará progresivamente por motivos de equidad. Y esto me cuesta aún más de aceptar, porque, siguiendo el razonamiento del señor ministro, si acepto esta tesis tengo que aceptar que la reforma del IRPF que hizo el Gobierno del PP no fue equitativa, o, mejor diría yo, no fue justa. Además, no olvidemos que ya en Aristóteles la equidad se definía como "la corrección de la ley en su deficiencia para la universalidad", y una ley en la que, por razones de justicia, se han tenido en cuenta las diferencias de rentas de los contribuyentes ya debería ser justa y universal en su aplicación; de no ser así, es que simplemente es una ley torpe o injusta.