Fuentes cercanas al Ministerio de Industria aclararon este viernes el método empleado para fijar la subida del precio de la luz tras la suspensión de la subasta celebrada el pasado jueves 19 de diciembre por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Las mismas fuentes apuntaron a que sería una media de los precios a futuro marcados durante los últimos seis meses los que servirían de referencia para fijar la subida del 2,3% en la factura de la luz que se aplicará a partir del próximo miércoles 1 de enero de 2014. Subida que ha quedado reflejada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
En cambio, no todos consideran que las "anomalías" de las que habla el regulador, o la "burda manipulación" de la que habla el ministro José Manuel Soria, hayan sido tales en la famosa subasta que ha terminado con la suspensión de la misma y la reacción en tiempo récord del Gobierno para fijar un precio para la Tarifa de Último Recurso (TUR) del primer trimestre de 2013 con una subida del 2,3%.
En declaraciones a Libertad Digital, la decana de los Ingenieros Industriales, María Teresa Estevan Bolea, consideró que el resultado de la subasta "fue lógico" y alertó del exceso de intervencionismo en el sector. El propio sector industrial ya advirtió mediante una carta a Mariano Rajoy que el encarecimiento de la factura eléctrica pone en serio riesgo la competitividad de la industria española y, por extensión, las exportaciones.
Ya en el BOE
Este sábado, el BOE destaca que la existencia de un mercado competitivo y los mecanismos adecuados de formación del precio resultan imprescindibles para asegurar que la adquisición de energía eléctrica por parte de los consumidores se realiza con las debidas garantías de competencia y transparencia. Motivo por el cual, el Consejo de Ministros justificó ayer ese incremento del 2,3% en el recibo de la luz que se desglosa en un 1,4 % correspondiente al precio de la energía y un 0,9 % por el incremento de los peajes (la parte regulada del recibo).
Esta noticia, que fue conocida este viernes, fue recibida con cierto alivio por parte de consumidores y empresas, pese a que el sector sigue en pie de guerra con el Ejecutivo después de que decidiera hace pocos días cargar a las empresas del sector los 3.600 millones de déficit de tarifa acumulados durante 2013 que se había comprometido a asumir vía Presupuestos Generales del Estado. Las mismas fuentes de Industria evitaron poner en relación esa decisión unilateral del Gobierno con las "anomalías" sufridas en la subasta crítica del 19 de diciembre.
Esta subida media del 2,3% supondrá uno o dos euros más al mes para una factura media. Fuentes del ministerio aseguran que el Ejecutivo ha tratado de favorecer a aquellas familias de clase "media" con sueldos "medios o bajos" y con dos hijos o más. Éstas, dicen, apenas notarán una subida que puede ser del 0,1%. En cambio, el consumo de las segundas residencias puede crecer un 5%.
Crecerá el déficit de tarifa
Por otro lado, pese a que el Gobierno dice que el principal objetivo de su acción sobre el sector eléctrico es terminar con el lastre del Déficit de Tarifa, las últimas decisiones tomadas no hacen sino incrementar dicho agujero que, antes o después, tendrá que ser asumido de un modo u otro por los consumidores finales (o los contribuyentes).
El sistema transitorio de fijación de precios adoptado para el primer trimestre del próximo año queda a la espera de que se apruebe un mecanismo definitivo en línea con las recomendaciones de los reguladores. Una situación, la actual, que habla del colapso en el sector energético que algunos advirtieron hace años, cuando comenzó a gestarse la burbuja de las renovables y que ha encarecido el precio de la energía en España más del 70% desde 2006. Esta situación hace que las empresas que operan en el sector vivan en una provisionalidad permanente.
Tanto es así que algunas de esas empresas, con fuerte presencia de renovables en su cartera de generación, lleven años pidiendo el fin de las primas a las renovables y tratando de evitar por todos los medios el colapso del sistema. Quizás el ejemplo más evidente del malestar del sector lo representa una de las mayores compañías eléctricas -una de las empresas líderes en el sector de las renovables- Iberdrola, que pide a gritos una solución para el déficit de tarifa que no pase por cargar a los consumidores finales con el despilfarro de los últimos años.
De hecho, en una reciente campaña publicitaria, Iberdrola ha informado a los consumidores de que sólo el 38% de lo que pagan en su factura eléctrica está destinado al pago de energía, es decir que "de los 51 euros de factura mensual de un hogar medio, sólo 19 euros conrresponden a la energía Kwh consumida y a las líneas eléctricas para llevarla. El resto, 32€, son costes ajenos al suministro". Costes en los que se engloban, "las cargas fiscales (15,7€), subvenciones medioambientales (9,7€), subvenciones territoriales (1,9€), ayudas sociales (1,3€) y otros (3,4€)".
No son la solución
Lo cierto es que, pese a las explicaciones que ofrecen fuentes cercanas a Industria, los precios que se aprobaron este viernes en el Consejo de ministros pueden agravar la situación, al no reflejar el coste real de la energía en el mercado libre. De momento, el Ejecutivo dice estar esperando el informe completo de la CNMC para terminar de diseñar un nuevo sistema de fijación de precios que sea definitivo y que "haga más eficiente" el sistema de fijación de precios corrigiendo algunos de los "problemas" que plantea el sistema actual de subasta, según dichas fuentes.
Lo cierto es que no se ha adelantado nada de por dónde caminan los planes de Industria, ya que las mismas fuentes no quisieron, siquiera, dejar claro si la subastadora actual del mercado continuará ejerciendo su labor a partir del mes de marzo de 2014.
Lo que si ha dejado claro es que este mecanismo "de compensación" fijado de forma temporal y transitoria no evitará que el Ejecutivo tenga que compensar a las eléctricas si éstas tienen pérdidas. Lo hará incrementando el precio de la factura en el futuro. Es decir, se trata de una medida de seguridad en los precios para evitar que las oscilaciones del mercado impacten en los precios finales. Esto genera un problema, y es que, según recogen algunos expertos, se trata de un mecanismo muy similar al que creó el primer déficit de tarifa hace diez años.