Uno de los datos más preocupantes que arroja el mercado laboral en 2013, más allá del elevado paro y la intensa destrucción de empleo acumulados durante la crisis, es la creciente brecha que existe entre el volumen de ocupados y jubilados, un indicador clave para determinar la solidez y sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo.
La Seguridad Social cerró el pasado año con una media de 16.357.640 afiliados, 85.041 menos que en 2012, convirtiéndose así en el menor ritmo de destrucción laboral desde que comenzó la crisis. De hecho, a día de hoy, todo apunta a que el histórico deterioro de empleo habría tocado fondo en 2013.
Pese a ello, el balance que arrojan las pensiones públicas es dramático. Según los datos provisionales publicados por el Gobierno, el sistema cerró el pasado diciembre con un total de 16.258.042 afiliados ocupados, mientras que el número de pensionistas aumentó hasta los 8.315.826. De este modo, la ratio ocupados/pensionista descendió por sexto año consecutivo, hasta situarse en 1,96, el índice más bajo desde 1997 (16 años), cuando rondaba el 1,93.
En concreto, el sistema perdió 74.446 cotizantes el pasado año (-0,46%), al tiempo que el número de pensionistas aumentó en 133.714 personas (+1,63%), tomando siempre como referencia los datos de diciembre. Desde que estalló la crisis, en 2007, han desaparecido casi 3 millones de ocupados (más del 15% de la fuerza laboral), pero el volumen de jubilados no ha dejado de crecer durante este período (casi 730.000 jubilados más, un aumento del 9,6%). Asimismo, aunque desde 1997, momento en el que la ratio ocupados/pensionista era de 1,93, el sistema ha ganado 3,23 millones de cotizantes (+24,8%), el volumen de pensionistas ha crecido a un ritmo muy similar (+23,4%), tras aumentar en más de 1,57 millones.
El problema de fondo es que esta grave evolución no se va a revertir en los próximos años, sino todo lo contrario. Así, aunque España lograse recuperar el empleo perdido durante la crisis económica, generando 3 millones de nuevos puestos de trabajo a corto plazo -lo cual es muy improbable-, la ratio entre afiliados y pensionistas seguiría bajo presión debido a la profunda depresión demográfica que afronta el país.
En este sentido, según las proyecciones oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que los pensionistas aumentarán hasta los 15 millones en el horizonte de 2050, el número de ocupados en España será muy similar al actual. Es decir, la ratio afiliados/pensionistas mantendrá una senda descendente a largo plazo, hasta situarse cerca de 1 (un ocupado por cada jubilado).
Dos grandes retos y nuevas reformas
Así pues, el reto al que se enfrenta la Seguridad Social es doble. Por un lado, debe lidiar con el actual déficit que soporta el sistema como consecuencia de la intensa destrucción de empleo acaecida desde 2007, y, por otro, tendrá que afrontar la crisis demográfica que se producirá en las próximas décadas.
El primero está siendo sorteado a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por el momento, el Gobierno ha utilizado un total de 18.651 millones de euros entre 2012 y 2013 de la denominada hucha de las pensiones, casi el 20% del total, para poder sufragar dichas prestaciones, con lo que su cuantía ha quedado reducida a 53.744 millones de euros.
Dichas reservas sirven para cubrir la diferencia existente entre las cotizaciones sociales y el pago de pensiones contributivas, cuyo balance entró en terreno negativo en 2012 y, desde entonces, no ha dejado de aumentar. La brecha entre dichos ingresos y gastos ascendía ya a más de 9.000 millones de euros el pasado noviembre, y el agujero del sistema rondará los 18.000 millones de euros este 2014, según las propias previsiones del Gobierno.
Para afrontar el segundo reto -y atenuar también el primero-, el Ejecutivo del PP ha adelantado la aprobación del denominado Factor de Sostenibilidad, que permitirá amoldar de forma progresiva la cuantía de las futuras prestaciones en función de la esperanza de vida, así como moderar la revalorización anual de las pensiones, desligando su evolución de la inflación (IPC). Sin embargo, tal y como admiten algunos de los expertos que han contribuido a esta segunda reforma de las pensiones, "la introducción del factor de sostenibilidad debería ser el punto de partida de un debate sobre un amplio abanico de políticas" acerca del sistema de previsión social en su conjunto.
Así, si bien estos últimos cambios servirán para garantizar la continuidad de las pensiones públicas, la caída de la ratio ocupados/pensionista se traducirá en un recorte relativo de las futuras prestaciones. Es decir, aunque la pensión media real podría aumentar en las próximas décadas dependiendo de la intensidad del crecimiento económico, la renta de los pensionistas bajará respecto a la renta media de la sociedad, lo cual se traducirá en un empobrecimiento relativo de los futuros jubilados.
Para evitar este escenario se tendrá que optar por alguna o varias de las siguientes alternativas: aumentar el número de cotizantes; elevar las cotizaciones a la Seguridad Social o dotar al sistema de nuevos recursos mediante otros impuestos; complementar las pensiones públicas con ingresos procedentes del ahorro privado; o reformar por completo el sistema vigente, apostando por un modelo de capitalización.