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Balanzas fiscales, arma política en la nueva guerra de Montoro

Las balanzas fiscales no contentan a nadie. El Gobierno trabaja en un nuevo indicador que servirá de base para reformar la financiación autonómica.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro | Archivo

La guerra de las balanzas fiscales acaba de estallar oficialmente entre las comunidades autónomas y el Gobierno, después de que el Ministerio de Hacienda filtrara esta semana un avance sobre su futura publicación, que, en principio, tendrá lugar el próximo marzo.

Tras varios meses de polémicos tiras y aflojas sobre la necesidad o no de desvelar las citadas balanzas, su puesta a disposición no ha calmado los ánimos y reivindicaciones de los distintos gobiernos regionales, ni mucho menos. Más bien al contrario, ya que las cifras parecen no contentar a nadie.

El Gobierno trabaja en un nuevo método para calcular el reparto de fondos públicos entre las distintas regiones, bajo el título "cuentas públicas regionalizadas", en donde también se incluirán las balanzas fiscales, y cuya elaboración ya ha levantado críticas entre algunos expertos.

Según el economista e investigador del CSIC Ángel de la Fuente, uno de los tres académicos que diseñan esta nueva metodología, Cataluña habría registrado un déficit próximo a 11.000 millones de euros en 2011 -último año disponible-, equivalente al 5% de su PIB y lejos, por tanto, del 8,5% (16.000 millones) que esgrimen los nacionalistas como prueba del "expolio fiscal" que ejerce el resto de España; la Comunidad de Madrid, por su parte, se queja de que las cuentas están cocinadas y exige transparencia al departamento de Cristóbal Montoro; Extremadura, por su parte, afirma que las balanzas están incompletas y advierte de que publicará su propia estimación para exigir la financiación que considera conveniente... Y así sucesivamente.

Balanza fiscal, un concepto muy polémico

El riesgo consiste, pues, en que cada región ponga encima de la mesa su particular balanza fiscal para reclamar más dinero al Estado, complicando aún más la tensa y difícil negociación sobre la financiación autonómica, cuya reforma se abordará, como pronto, en 2015.

El problema de fondo, por tanto, es que las balanzas fiscales se suelen emplear como arma arrojadiza por parte de las distintas autonomías y el Gobierno para sacar ventaja en el reparto de fondos e incluso reivindicar la separación de España como, últimamente, sucede en Cataluña. De ahí, precisamente, que este concepto haya estado siempre rodeado de controversia.

Pero, ¿qué es una balanza fiscal?

La "balanza fiscal" mide los ingresos que aportan los contribuyentes (personas y empresas) de una determinada comunidad autónoma al Gobierno central (impuestos recaudados) y los gastos e inversiones que el Gobierno destina a esa misma comunidad. Si la balanza es negativa, significa que los habitantes de esa región aportan al Estado más de lo que reciben, y al revés si es positiva (reciben más de lo que aportan a las arcas estatales).

¿Cómo se calcula?

Se trata de un cálculo complejo y no exento de polémica. De hecho, existen hasta cuatro métodos homologados para calcular el citado saldo fiscal.

  • Flujo Monetario: atribuye el ingreso al territorio donde se genera el hecho imponible, y el gasto al territorio donde se materializa.
  • Carga-Beneficio: atribuye el ingreso al territorio donde reside el individuo que soporta el tributo, y el gasto al territorio donde reside el beneficiario de dicho gasto.

Por ejemplo, con el método de Flujo Monetario, el IVA que paga un madrileño por una compra efectuada en un comercio catalán se computaría en Cataluña, mientras que con el método de Carga-Beneficio se computaría en Madrid; asimismo, con el método de Flujo Monetario solo se computan en la región los gastos e inversiones directamente efectuados por el Estado en esa autonomía, y no la parte alícuota de los gastos generales efectuados por el Estado por conceptos como la defensa, justicia, seguridad o relaciones exteriores, que, aunque no se efectúen directamente en ese territorio también la benefician y, por tanto, debieran ser cargadas proporcionalmente.

  • Neutralizado o no: los dos métodos previos pueden, a su vez, estar neutralizados o no por el ciclo económico. Como en caso de recesión lo normal es registrar déficit público, neutralizar la balanza fiscal significa descontar el impacto de la crisis en los presupuestos, bien contabilizando una recaudación fiscal extra ficticia para cuadrar el déficit, bien reduciendo de forma artificial los gastos.

¿Qué resultados arroja?

Dado que existen cuatro métodos, las balanzas fiscales arrojan también cuatro resultados muy distintos. Por ello, cada autonomía suele escoger la fórmula que más conviene a sus intereses.

Cataluña es el máximo exponente de dicha manipulación política. Según la Generalidad, el déficit fiscal de Cataluña rondó los 16.400 millones de euros en 2009, equivalente al 8,4% de su PIB, empleando el Flujo Monetario neutralizado. Ésta es la cifra que usan los nacionalistas para denunciar el supuesto "expolio fiscal" del resto de España. Pero esta cuantía se convierte en un superávit de más de 4.000 millones si se usa el método de Carga Beneficio sin neutralizar.

Engañosa arma política

En el fondo, se trata de un mecanismo político al servicio de los intereses de los gobiernos regionales. Así, lo mismo que reclaman las autonomías podrían alegar las provincias. Barcelona, por ejemplo, aporta mucho más en impuestos a la Generalidad de lo que recibe en inversiones.

Llevado este argumento hasta sus últimas consecuencias, lo mismo se podría decir de las ciudades, los barrios y, en última, instancia las personas y empresas, que son quienes realmente soportan la carga del Fisco. Los impuestos son sufragados por los contribuyentes, no por los territorios. Las rentas más altas pagan más impuestos independientemente de donde residan, y sus particulares balanzas fiscales son siempre negativas.

Las comunidades autónomas son más o menos ricas en función de la renta per cápita de su población y el número y tamaño de sus empresas, determinando con ello el nivel de recursos fiscales que aportan al Gobierno central -las regiones más ricas aportan más al sistema-.

Por ello, las balanzas fiscales poco o nada tienen que ver con la financiación autonómica y sí mucho con la renta per cápita de cada región. Aunque las autonomías las emplean como muestra de maltrato fiscal o escaso esfuerzo inversor por parte del Estado, presentar déficit no es señal de discriminación en la financiación autonómica, y viceversa. Ambos son conceptos diferentes. Por ejemplo, si el Estado aumenta la inversión pública en una región, se reduciría el saldo de su balanza fiscal sin que ello implique recursos extra para sufragar sus competencias autonómicas, como puede ser Sanidad o Educación.

Lo único que mide la balanza fiscal es el saldo entre lo que aportan los contribuyentes de una autonomía a los ingresos del Estado y los gastos que ejecuta dicha Administración en ese territorio, no si la financiación autonómica es suficiente o no para sostener adecuadamente los servicios públicos de titularidad autonómica. Es decir, no sirve para medir la denominada solidaridad interterritorial en sentido estricto, ya que responde a lógicas y variables muy diversas.

La futura financiación autonómica

Dada la polémica y confusión que generan las balanzas fiscales, los expertos designados por Hacienda trabajan en el diseño de un nuevo mecanismo, llamado "sistema de cuentas públicas territorializadas" (SCPT), para evaluar "la racionalidad y la equidad del reparto territorial del gasto público en nuestro país y el de los ingresos tributarios que lo financian", tal y como advierten en el documento que servirá de base a dicha metodología.

Así pues, este indicador permitirá estimar hasta qué punto lo que aportan vía impuestos los contribuyentes de una región es devuelto por el Estado en forma de servicios concretos a esa misma población. Su diseño permitiría introducir, por primera vez, en el sistema de financiación autonómica el denominado "principio de ordinalidad" que tanto vienen reclamando diversas autonomías, Cataluña incluida, así como el PSOE.

Su aplicación permitiría que una comunidad autónoma mantenga intacta su posición el ránking de ingresos y gastos per cápita tras realizar su correspondiente aportación a la "solidaridad interterritorial". Esto significa que seguirían existiendo transferencias entre comunidades autónomas, pero si en una comunidad se recauda más cantidad per cápita que en otra, el gasto estatal en esa región también sería mayor.

En todo caso, y aún aplicando dicho principio, en base a las nuevas balanzas fiscales que está elaborando el equipo que dirige Ángel de la Fuente, la reforma de la financiación autonómica en ningún caso aportaría o restaría los recursos que hoy recibe cualquier CCAA en al menos un 1% de su PIB regional. Dicho de otro modo, incluso introduciendo la "ordinalidad", Cataluña seguiría registrando un elevado déficit público, ya que apenas ingresaría un 0,5% extra de su PIB.

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