Ya en abril de 2010 la Fundación Progreso y Democracia hizo público el estudio El coste del Estado autonómico, que denunciaba cómo las autonomías en España despilfarraban nada menos que 26.000 millones de euros tan sólo en gasto corriente y de personal. Por su parte, FAES, la fundación del Partido Popular, publicó pocos meses después un informe con el elocuente título de Por un Estado autonómico racional y viable, en el que también se denunciaba muy severamente la insostenibilidad del actual modelo autonómico. Tal vez la influencia de ambos estudios fuese responsable de la promesa de una profunda reforma del sistema autonómico hizo el señor Gonzalez Pons ante los micrófonos de esRadio en septiembre de 2011.
Lo cierto, sin embargo, es que en diciembre de ese mismo año, nada más llegado a la presidencia del Gobierno, Rajoy no quiso saber nada de una reforma del sector público, en general, y del modelo autonómico, muy en particular; en lugar de ello inició uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de nuestra historia, responsable del retraso y la debilidad de nuestra recuperación económica.
Sólo a finales de 2012 Soraya Sáenz de Santamaría pareció acordarse de esa promesa de adelgazamiento y supresión de duplicidades y despilfarradores organismos públicos. Pero no para anunciar la inmediata ejecución de programa de reforma alguno, sino la creación de un comité de expertos y de una Comisión para la Reforma de la Administración Pública en que ya no se hacía mención expresa de nuestro disfuncional y despilfarrador modelo autonómico.
En junio del 2013 la vicepresidenta nos anunciaba, por fin, el informe de la comisión de marras, que incluía 200 medidas para tratar de abaratar y mejorar el funcionamiento de la Administración; en el que, ciertamente, había mucho ruido y pocas nueces. En cualquier caso, los Gobiernos autonómicos tardaron bien poco en hacer público que harían caso omiso de sus recomendaciones, y efectivamente así ha sido.
A día de hoy nos podemos preguntar: ¿qué cura de adelgazamiento de nuestro sector público cabe ya esperar de un presidente del Gobierno que, cruzado el ecuador de la legislatura, nos sale este lunes con que "la Administración pública española no es elefantiásica ni una losa"? Pues ninguna o una tan ridícula como el ahorro de 7.384 millones que, según Rajoy, lleva acumulado la, por lo visto, ya emprendida reforma de marras.
Para Rajoy, que el sector público se meriende casi la mitad de nuestra renta nacional y, a pesar de ello, nos haya endeudado por un importe cercano al 100% de nuestro PIB es algo muy llevadero. Ya dije en cierta ocasión, en referencia al carácter de Rajoy:
Para llevar a cabo un auténtico programa reformista no sólo hace falta clarividencia para saber en qué debe consistir el cambio, sino determinación para enfrentarse a los partidarios del statu quo. Y esta letal renuencia al enfrentamiento es lo que creo que más caracteriza a Rajoy y lo que explica que, ya siendo presidente, haga diagnósticos de situación carentes de lucidez, pero que le procuran una excusa para su pasividad.
Ciertamente, ¿qué mejor excusa para la satisfecha pasividad de Rajoy que hacernos creer que la Administración pública ya no es ni "elefantiásica" ni una "losa"?