Llamar a eso "mercado" es una forma de ofender a la historia y a los conceptos de libertad y transparencia. El mercado es el mercado libre, pues de no serlo habría que apellidarle con los mil vocablos que se han utilizado para ello: monopolio, oligopolio –colusivo o no–, trust, cartel, etc., pero si se habla, simplemente, de mercado estamos ante a expresión nítida de libertad y transparencia, atributos indispensables para la perfecta información que hace que los agentes tomen decisiones responsables.
Pues el llamado "mercado de la electricidad" es un alarde de antimercado. Es bien cierto que, ya por su propia estructura, está lejos de la libertad. Una estructura cerrada en la que son los que están, con elevadísimos costes, que suponen para cualquier nuevo concurrente una infranqueable barrera de entrada, bien defendida desde sus almenas por productores oferentes de energía eléctrica y por el gobierno de la nación, que a su vez, con su intervención, ensombrecerá más aún la relación entre oferentes y demandantes.
Entre los oligopolistas y el regulador llevamos un tiempo de grescas casi permanentes, en las que se deja percibir un aparente pulso entre unos y otros, como queriendo decir: "A ver quién es más chulo". Si todo eso era para acabar en ese complicado sistema de tarifas discriminatorias, la cosa hubiera podido no empezar; además, el sistema contraviene las propias bases teóricas de la discriminación de precios y de su función, sólo posibles en mercados muy restringidos, es decir en monopolios y en oligopolios colusivos.
Posiblemente se ha olvidado que para una discriminación de precios eficaz, además de que no pueda haber competencia entre los suministradores, de que el producto no se pueda revender, de que los consumidores (usuarios) sean perfectamente identificables…, es imprescindible que los demandantes tengan muy claras las condiciones de la discriminación, a fin de ajustar su demanda para conseguir el suministro al mínimo coste. Éstas serán en función del momento del consumo, o de la anticipación de la demanda al acto del consumo, o de la edad del consumidor, etc.
Cualquier carácter distintivo, fácilmente identificable, puede ser causa sobre la que construir una discriminación de precios. Una discriminación que pretende estimular la demanda de segmentos concretos de demandantes. Estímulo que sólo puede esperarse si el demandante conoce y es consciente de las ventajas de las que se puede beneficiar, ajustando su demanda a los requisitos previstos en la discriminación.
Pues bien, el nuevo sistema de tarifas eléctricas que se nos ha anunciado es exactamente lo contrario a este último requisito. Constituye un galimatías al que difícilmente un demandante normal puede ajustar su comportamiento consumidor. Por ello, me atrevo a decir que, más que ante una discriminación de precios, estamos ante una simple discriminación de facturación, cuya complejidad me cuesta mucho pensar que se establezca para favorecer al consumidor y sí para consolidar los privilegios del oferente productor.