El sector energético en España se encuentra "en una encrucijada". Así arranca el primer capítulo del Cuaderno La energía que precisamos. Lo que el directivo debe saber sobre el sector energético presentado este lunes por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).
La encrucijada que señalan los expertos está en la elección de más liberalización o más intervención. Mientras que el entorno mundial y europeo aconseja dejar que el mercado fije los precios y que sus protagonistas sean los que tomen sus propias decisiones de inversión, en España se está tomando el camino contrario. El Estado toma estas decisiones "manipulando y politizando todos los aspectos económicos, creando un peligroso sentimiento de inseguridad jurídica que, sin duda, repercutirá en las futuras decisiones de los inversores" en nuestro país, afirman.
El presidente de Unesa, Eduardo Montes, uno de los encargados de la presentación, no dudó en pronunciarse a favor de la primera opción. "Yo abogo por la liberalización. Ya nos pasó con el sector de las telecomunicaciones y desde su liberalización, el precio de la telefonía móvil se ha dividido entre 6". Montes ha pedido al Gobierno que sea "valiente" y "deje a las empresas competir".
"No puedo entender que a menos de 10kW de potencia contratada la tarifa todavía esté fijada administrativamente. Deberá llegar el momento de que la tarifa regulada tendrá que desaparecer", dice Montes. El experto informa de que 10 millones de usuarios que estaban adscritos a la TUR ya se han pasado al mercado libre.
El presidente de Unesa también ha criticado los altos costes regulados que soporta el recibo eléctrico. "Un 60% de la factura corresponde a políticas fiscales, medioambientales, territoriales y sociales", explica Montes. "¿De qué sirve tener una energía barata si luego el recibo es de los más caros de Europa?, se pregunta.
Montes también ha calculado que, sólo en 2013, las cinco grandes eléctricas que forman su asociación "pagaron 4.600 millones en impuestos".
Un déficit de 30.000 millones
El déficit de tarifa ha sido uno de los temas más comentados por los participantes en la presentación del Cuaderno. Después de 10 años y cuatro periodos electorales, esta cuantía ha alcanzado la friolera de 30.000 millones de euros, el 3% del PIB. El documento asegura que se ha llegado a ese punto por "un pésimo entorno regulatorio y por una falta de adecuada gobernanza".
"Nunca deberíamos haber incurrido en los costes regulados en los que hemos incurrido", ha dicho Montes. El déficit de tarifa "lo vamos a acabar pagando con unos intereses más altos que si lo hubiéramos hecho de otra manera. Estamos hablando de 30.000 millones de euros, una cifra parecida al rescate", añade.
En el informe, los autores han criticado la falta de estabilidad en la regulación energética española. "Los cambios regulatorios, causa de inseguridad jurídica, afectan negativamente al entorno energético y crean un entorno conflictual permanente", afirman.
La lectura positiva del informe se obtiene en el lado del sector del petróleo y el gas natural que "no presentan problemas que requieran medidas urgentes". Sin embargo, el sector eléctrico "acumula todos los problemas" (déficit de tarifa, exceso de capacidad, problemas de diseño de mercado...).