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El PSOE propone prohibir los cortes de luz y gas en caso de impago

Los socialistas pretenden garantizar un suministro "mínimo" de energía a los hogares, restablecer las primas renovables y acabar con las nucleares.

Los socialistas pretenden garantizar un suministro "mínimo" de energía a los hogares, restablecer las primas renovables y acabar con las nucleares.

Los socialistas quieren prohibir por ley los cortes de luz y gas en España por impago de las correspondientes facturas. Ésta es una de las principales novedades que incorpora su particular propuesta energética presentada este miércoles en el Congreso.

El PSOE ha ofrecido al Gobierno del PP y al resto de grupos parlamentarios un"Pacto de Estado por la Energía" en el que, entre otras medidas, plantea fijar un "servicio mínimo de suministro" de "electricidad y gas" para garantizar que "ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia". De este modo, el principal partido de la oposición pretende combatir la denominada "pobreza energética", en alusión a las dificultades que atraviesan las familias en paro para afrontar sus recibos.

Su aprobación, por tanto, impediría a eléctricas y gasistas cortar el suministro en caso de impago. Aunque el documento presentado no desvela más detalles al respecto, esta medida ya fue incluida en el listado de propuestas que elaboró el PSOE con motivo de su última Conferencia Política, celebrada el pasado noviembre.

Entonces, los socialistas se comprometieron a legislar "un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo".

Se trata de una propuesta muy similar a la avanzada por la Junta de Andalucía y, más recientemente, por CiU. En concreto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), anunció a finales del pasado año su intención de garantizar un suministro mínimo de luz y agua a los hogares andaluces en riesgo de "exclusión social" -algo más de 47.000, según las estimaciones oficiales-, aquellas familias que perciben una prestación pública de entre 400 y 650 euros al mes según su número de miembros.

Inicialmente, la Junta cuantificó su coste en unos 20 millones de euros al año, y su financiación correría a cargo de la autonomía, las empresas distribuidoras y los Ayuntamientos que controlan el servicio de agua. Aunque todavía no se ha aprobado, IU anunció el pasado febrero que empezaría a aplicar esta medida en los 80 ayuntamientos andaluces en los que gobierna.

No son los únicos. Los nacionalistas catalanes también defienden que las eléctricas no puedan cortar la luz a las familias "en situación de vulnerabilidad" que impaguen los recibos por tratarse de un "suministro esencial". Ahora, el PSOE plantea de nuevo esta posibilidad mediante una moción cuya votación en el Congreso tendrá lugar este jueves.

Más renovables y 'no' a la nuclear

La iniciativa, de hecho, pide negociar un Pacto de Estado sobre energía con el resto de fuerzas políticas en el que, además, los socialistas plantean reforzar las renovables y eliminar la producción nuclear.

Así, el PSOE insta al Gobierno a "avanzar hacia la plena utilización de nuestro potencial en energías renovables", estableciendo un "régimen estable de apoyo" a este tipo de fuentes. Por un lado, pide restaurar todo el sistema de primas fijado por el anterior Ejecutivo socialista, y, por otro, crear un mercado de subastas para las nuevas inversiones en renovables que diferencie por tecnologías, de modo que el régimen retributivo sea más competitivo. Es decir, los socialistas quieren anular los recortes a las primas verdes aplicados por el PP e instaurar un nuevo sistema de subvenciones algo menos generoso para las futuras plantas.

Asimismo, proponen no prorrogar la vida útil de la centrales nucleares más allá de los 40 años, lo que implicaría el "cierre del último reactor en el año 2028". Por último, pide "impedir la reapertura y explotación" de la central de Garoña porque, según el PSOE, "no aporta ninguna ventaja ni para la seguridad del suministro, ni para el abaratamiento de precios al consumidor".

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