Las Cortes Generales acaban de hacer público su dictamen en relación con el informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVE), un órgano creado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004 al socaire de su campaña legislativa para "avanzar en igualdad".
Como todo organismo público, dicha delegación es susceptible de ser auditada por el Tribunal de Cuentas dentro de su programa anual de inspecciones aleatorias, cosa que ha ocurrido respecto a los ejercicios 2008 y 2009 con un resultado que no deja en buen lugar a éste órgano, al menos en los años en que estuvo al frente del Ministerio de Igualdad Bibiana Aído.
El informe del Tribunal de Cuentas revela la discrecionalidad que imperaba en la DGVE durante esa etapa, en la que el 90% de los contratos menores, por un importe total que superó el millón de euros, se realizó por encargo directo evitando el "cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir en todo procedimiento de contratación pública".
El documento destaca el caso de la contratación de cortometrajes de denuncia de la violencia de género, en los que la Cámara de cuentas ha detectado la adjudicación directa de cinco de ellos "a favor de una misma empresa, vulnerando, con ello, los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos que deben imperar en todo procedimiento de contratación administrativa".
Además de esta discrecionalidad generalizada a la hora de adjudicar contratos por parte de este organismo de Igualdad, el Tribunal ha detectado el fraccionamiento de las adjudicaciones en facturas inferiores al límite de 12.020,14 € precisamente para evitar la obligación de dar publicidad a las licitaciones, en un modus operandi similar al llevado a cabo presuntamente por el ejecutivo de José María Barreda en Castilla La Mancha a favor de la empresa Cuadrifolio.
El informe de fiscalización pone el acento también en las irregularidades observadas en la tramitación de subvenciones a través de convenios, en una utilización abusiva de esa figura para entregar dinero público a los candidatos previamente seleccionados, sin dar publicidad ni permitir la libre concurrencia de otras entidades interesadas y capacitadas para realizar las mismas funciones que las finalmente agraciadas con esas subvenciones encubiertas.
Destaca el caso de una subvención directa a la Fundación José María de Llanos por importe de 1,2 millones para financiar la construcción de un centro de atención a la mujer, cuyas obras, además, costaron finalmente un 42% más de lo presupuestado sin que se haya explicado los motivos que llevaron a un desfase tan importante.
En cuanto a las subvenciones abiertas a la pública concurrencia, la indefinición de los baremos, la falta de supervisión del destino del dinero y la renuncia a exigir el reintegro de las cantidades no gastadas por los beneficiarios con sus intereses de demora correspondientes tal y como establece la Ley General de Subvenciones, son las notas habituales de una gestión de los fondos públicos que el Tribunal de Cuentas censura con dureza.
Pero la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género no era sólo un marasmo administrativo destinado a que sus dirigentes manejaran el dinero público con prodigalidad según su particular criterio. También en el entramado de observatorios autonómicos y locales creados tras la aprobación de la primera ley de igualdad del Ejecutivo de Zapatero denuncia el Tribunal de Cuentas un desbarajuste de proporciones importantes, pues entre todos estos organismos surgidos de la nada en los distintos ámbitos de la administración pública no existió la más mínima coordinación.
Así lo asegura el órgano fiscalizador cuando relata que "este Tribunal de Cuentas ha verificado la existencia de otros Observatorios Estatales relacionados con la salud, convivencia, situación y trato a las mujeres constituidos en otros departamentos ministeriales, además de diferentes observatorios de violencia de género creados en el ámbito de diferentes Comunidades Autónomas. Este Tribunal de Cuentas no tiene constancia de la existencia de colaboración y coordinación entre todos estos Observatorios y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, coordinación que este Tribunal considera necesaria".
Algo similar ocurre también con las comisiones de seguimiento de los convenios suscritos entre la DGVE y todas las comunidades autónomas, que no habían celebrado hasta 2009 ni una sola reunión para verificar la aplicación de los fondos públicos y hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos previstos, lo que, insiste el Tribunal "además de incumplirse lo establecido en los citados convenios, supuso una falta de rigor en la gestión de estas subvenciones".