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Bruselas analizará la legalidad del veto francés al capital extranjero

El Gobierno francés extiende la normativa que permite vetar las inversiones extranjeras en determinados sectores económicos.

Lm/agencias
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La Comisión Europea (CE) examinará la legalidad del decreto aprobado por el Gobierno francés que le permitirá oponerse a inversiones extranjeras en sectores estratégicos, dijo este jueves el titular responsable del Mercado Interior.

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Bancarios, Michel Barnier, explicó que ha estado en contacto con el ministro de Economía galo, Arnaud Montebourg, quien le informó de la adopción hoy del decreto, si bien la CE todavía no ha tenido tiempo para analizar en detalle el texto adoptado.

"Pero lo haremos. Miraremos la jurisprudencia europea y por supuesto lo que figura en los Tratados" de la Unión Europea (UE), señaló Barnier en una rueda de prensa en la que presentó un análisis sobre el impacto económico de las reformas financieras y reguladoras acometidas a nivel comunitario desde el inicio de la crisis. El comisario francés, advirtió que se trata de asuntos "complejos" cuyo análisis, en su experiencia, pueden durar años.

Barnier explicó que por un lado asegurar que los intereses estratégicos están protegidos es un "objetivo legítimo si se habla de la seguridad y el orden público" y así figura específicamente en el Tratado de la UE. En este contexto una "docena" de Estados miembros han tomado medidas, agregó. Pero por otro lado tales iniciativas "pueden suponer una limitación posible al libre movimiento de capital", por lo que cabe analizarlas para determinar si se ajustan a la legislación comunitaria.

"Hay que asegurar que están justificadas e implementadas de manera proporcionada y que no cubran un área (sectorial) tan grande que todas las transacciones y operaciones para adquirir una compañía quedan sujetas a autorización nacional, porque esto sería claramente proteccionismo", explicó Barnier.

El Gobierno francés reforzó este jueves el dispositivo relativo a las inversiones extranjeras sometidas a la autorización previa del Estado, que le permitirá oponerse a la toma de control de ciertas empresas galas.

Hasta ahora limitado a once actividades ligadas a la defensa y la seguridad, ese mecanismo se ha ampliado al suministro de energía y agua, a las redes y servicios de transporte y comunicaciones electrónicas y a la protección de la salud. Se trata de garantizar el interés del país en esos sectores, y de que los potenciales compradores tengan en cuenta ese objetivo, sean de la UE o de otro país.

Con este decreto París podrá solicitar compromisos específicos e imponer condiciones a la realización de las inversiones implicadas. Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía a subordinar ese permiso a la obligación de ceder ciertos activos de la empresa francesa en cuestión a una compañía independiente de la compradora.

En gestación desde hace meses, según el diario Le Monde, la adopción de este decreto se ha visto "brutalmente acelerada" con la revelación a finales de abril de las negociaciones emprendidas por el estadounidense General Electric para la adquisición de la rama energética de la francesa Alstom.

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