Sigue siendo la gran asignatura pendiente de la economía española. Es más, es el gran escándalo de la sociedad del siglo XXI, tan autosuficiente para tantas cosas, tan orgullosa por sus avances democráticos, tan enfática en sus procesos políticos, y tan incapaz de acometer medidas que permitan aproximarse, no pido más, al objetivo del pleno empleo.
La existencia en el primer trimestre de 2014, según la Encuesta de Población Activa, de 5,93 millones de desempleados, equivalente al 25,9% de la población activa, es un dato aterrador, que poco se atenúa por la escasa creación de empleo en los últimos meses. Por otro lado, el objetivo se sitúa en la creación de empleo en el sector privado, pues el incremento en el sector público no pasa de ser una falacia que se saldará, por la presión tributaria indispensable para su financiación, con mayor desempleo en el sector privado. Estrangulada la gallina de los huevos de oro, sólo quedará el recurso a la lamentación y a aquello tan español de "No era esto lo que pretendíamos".
En el sector privado, las decisiones de emplear son función del coste del empleo y de la productividad del trabajador. Sólo cuando la productividad sea igual o mayor que el coste del empleo se producirá la contratación, en caso contrario se seguirá en la espiral del desempleo hasta la extenuación del sistema.
Coste del empleo que implica, además del salario bruto y de las cargas sociales del trabajador y de la empresa, el coste en el que incurre el empleador en caso de tener que resolver la relación laboral. De hecho, es buena práctica contable la que establece provisiones en las cuentas de la empresa para dar cobertura al riesgo de despidos necesarios, cualquiera que sea la razón de éstos.
Una indemnización elevada en caso de despido –no les pongo calificativo alguno, pues los llamados improcedentes en no pocos casos son, más que procedentes, indispensables– es un coste más del empleo, que reduce las posibilidades del mismo, lo que, manteniendo todo lo demás igual, debería compensarse con un aumento de la productividad, o con una disminución del salario en términos reales.
De ello se deduce que una indemnización elevada por despido improcedente blinda al trabajador empleado, pero es una barrera para el trabajador en paro. Convendría, pues, dejar de pensar tanto en el empleado para pensar un poco más en el desempleado. Cuando esta semana el Fondo Monetario Internacional ha recomendado pasar al despido para todos los empleados –fijos y eventuales– de 18 días de salario por año trabajado lo que está tratando es de disminuir el coste del empleo, a fin de que éste incremente en volumen, que buena falta nos hace.
Que no guste a los sindicatos no es causa para que no se establezca. Elegir a los que nos gobiernan es para eso, para que tomen medidas apropiadas, aunque a algunos no les gusten.