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Argentina avanza hacia su segunda quiebra en menos de 15 años

La agencia S&P recorta el rating de Argentina hasta CCC- y afirma que la suspensión de pagos "parece inevitable".

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La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner | Archivo

El pasado lunes, el Tribunal Supremo de EEUU rechazó admitir a trámite el recurso del Gobierno argentino contra las sentencias previas en instancias judiciales norteamericanas que dictaminaron que Buenos Aires debe pagar unos 1.300 millones de dólares a fondos de cobertura, que quieren recuperar el valor de los títulos impagados en sus carteras (equivalentes al 7% de la deuda total), lo que podría dejar al país austral al borde un nuevo default (suspensión de pagos).

Argentina dice que quiere negociar, pero el mercado no se fía y ya ha dictado sentencia. El riesgo de que que Argentina se declare en suspensión de pagos, por segunda vez en menos de quince años, se ha disparado desde el lunes. La agencia S&P acaba de recortar el rating del país hasta CCC- desde CCC+ tras la sentencia del Tribunal Supremo.

S&P afirma que "el Gobierno de Argentina tiene una limitada capacidad para pagar a los bonistas que lo han llevado a los tribunales y hacer frente a los pagos de los acreedores que aceptaron el canje". Y añade que, "aunque no hay nada seguro, un impago o un canje de deuda en problemas correspondiente al servicio de la actual deuda parece inevitable en seis meses, según nuestra opinión si no ocurren cambios imprevistos en las circunstancias de Argentina significativamente favorables". Mientras, los seguros de impago para protegerse de una quiebra soberana, conocidos como credit default swaps (CDS), han subido más de un 100% en un solo día.

Con su decisión, el Supremo estadounidense reafirmó la validez del dictamen de un tribunal federal y de la corte de apelaciones por el que se prohibía a Argentina realizar cualquier pago de su deuda reestructurada si no se abonaban también las cantidades adeudadas a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje propuesto en 2001, cuando Argentina se declaró en default.

Además, S&P ha actualizado sus previsiones macroeconómicas para el país austral, cuyo producto interior bruto (PIB) sufrirá este año una contracción del 1% para estancarse en 2015. En el caso de la inflación, las perspectivas de la agencia contemplan un alza de los precios del 35% este año y del 33% en 2015.

Kirchner quiere negociar

Por su parte, el Gobierno argentino propone canjear la deuda reestructurada, que excluye a los fondos especulativos, para cumplir sus compromisos de pago en el país y no en Estados Unidos, donde corre el riesgo de embargo, y buscará dialogar con el juez estadounidense que falló contra intereses argentinos.

Según anunció el martes en una comparecencia ante la prensa el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, el Gobierno de Cristina Fernández propondrá a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 cambiar los bonos emergentes de esas reestructuraciones y emitidos bajo legislación estadounidense por otros nuevos, pero con legislación argentina.

Esto le permitiría al país suramericano continuar con los pagos a esos acreedores a través de bancos argentinos, en vez de girar fondos a cuentas de los Estados Unidos, amenazados con embargos por una petición de los querellantes, fondos de inversión que rechazaron las refinanciaciones y que acudieron a tribunales en Nueva York.

"No vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagar en Argentina y bajo ley argentina", dijo el ministro. Kicillof no dio detalles de cómo instrumentará la nueva oferta de canje ni qué tiempos demandará el proceso.

Argentina debe hacer frente a un nuevo compromiso de pago el próximo día 30, cuando debería girar 900 millones de dólares a Estados Unidos para pagarle a los acreedores que adhirieron a los canjes.

La difícil situación que atraviesa Argentina se debe a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el lunes rechazó un apelación argentina y dejó en firme una sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa en un litigio planteado por fondos especulativos tenedores de deuda soberana, que obliga a Buenos Aires a pagar una deuda de 1.300 millones de dólares que, con intereses, asciende a un total de 1.500 millones.

Hacia la suspensión de pagos

Según Kicillof, el fallo de Griesa, "empuja al país al default". El cese de pagos, según alegó el ministro, se produciría porque, si se le paga a los fondos litigantes, el resto de los acreedores que no aceptaron los canjes (un 7% sobre el total) también podrían demandar el cobro de bonos en mora por 15.000 millones de dólares, cifra equivalente a la mitad de las reservas monetarias de Argentina.

Asimismo, si se les pagara a estos acreedores, los inversores que sí aceptaron los canjes también tendrían derecho legal a reclamar el pago total, sin quitas, del capital original reestructurado más los intereses, suma que ascendería a 120.000 millones de dólares y el ministro aseguró que es "impagable".

"Si una sentencia nos dice 'suicídense', nosotros no podemos aceptar eso que dice. Pero el juez dijo algo que no coincide con el fallo. Dijo que no quiere empujar al país al default. De forma tal que vamos a tomar los recaudos para poder pagar, pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa", dijo Kicillof. El ministro anticipó que este miércoles se reunirá con las autoridades del Parlamento para exponerles las medidas instrumentadas tras la decisión del Supremo estadounidense y "las alternativas que tiene por delante el país".

"La capacidad de pago de Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. No podemos nuevamente estar en una situación en la que, por pagar la deuda, reine el hambre, el desempleo, la miseria", sostuvo el ministro. Kicillof reiteró que la "voluntad" del Gobierno es "seguir pagando" la deuda ya reestructurada. "Estamos ante un problema de dimensiones globales y les decimos: No pasarán. No voltearán nuestra reestructuración. No lo vamos a permitir".

"Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad, que se ha tomado todas las medidas para impedir que esté en riego la reconstrucción del país por culpa de pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no buscan otra cosa que jaquear a los países", concluyó.

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