Cuatro horas. Ese es el tiempo que ha durado la reunión entre el ministro de Economía, Alex Kicillof, y Dan Pollack, intermediario impuesto por el juez Thomas Griesa para mediar entre Argentina y los fondos de capital riesgo, acreedores del país. En el encuentro, que ha tenido lugar en Park Avenue -Nueva York-, el titular argentino recordó a Pollack que la sentencia dictada por Griesa en la que obliga a pagar a los holdouts 1.330 millones de dólares es de "imposible cumplimiento", ya que no sólo involucra a los fondos de capital riesgo litigantes -NML-Elliott y Aurelius-, sino que podría alcanzar "a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes, y obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010".
Por su parte, el representante del juez Griesa trasladó a los medios mediante un comunicado que "las discusiones han sido francas, los temas principales han sido identificados y las partes han manifestado su intención de continuar reuniéndose".
La estrategia de Argentina parece clara: ganar tiempo, sea como sea. Hoy por hoy, Argentina se encuentra en un default técnico, al no cumplir el pago el pasado 30 de junio con los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. La omisión del envío de dinero se produjo tras el bloqueo del pago de 532 millones de dólares por parte del juez Griesa, al establecer la sentencia dictada por éste que Argentina debe cumplir primero su deuda con los fondos de capital riesgo y después con el resto.
Este cumplimiento debe ser ejercido por Argentina antes del próximo 30 de julio. En este sentido, la propuesta dada este lunes por el ministro Kicillof se centró en demandar un stay o aplazamiento del cumplimiento del pago con los fondos de capital y riesgo hasta diciembre, momento en el que se deroga la llamada Cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Esta cláusula establece que no se puede hacer ninguna oferta mejor a ningún acreedor -los fondos de capital riesgo NML-Elliott y Aurelius, en este caso-, sino se le puede ofrecer esa misma oferta a los bonistas reestructurados que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Esto supondría al gobierno de Kirchner tender que hacer frente, según las estimaciones más fiables, a 120.000 millones de dólares; la quiebra del sistema económico argentino.
La cláusula RUFO establece que Argentina no puede hacer de "manera voluntaria" una oferta de canje a los fondos de capital riesgo que sea mejor que los canjes anteriores. En este sentido, un acuerdo en pleno litigio con los fondos no tendría por qué ser considerado "voluntario", pero esa interpretación dependería de un tribunal, ajeno a las autoridades argentinas, algo que no quiere Kirchner.
Por su parte, Jay Newman, el director del fondo NML que ha liderado el litigio contra Argentina, ha asegurado en una columna del Financial Times que están dispuestos a aceptar una prórroga de tiempo mayor, si se toman "pasos serios y concretos para cumplir con sus obligaciones legales". Una de las soluciones puestas encima de la mesa sería el compromiso de Kirchner de depositar el dinero adeudado a los fondos en una cuenta bancaria, hasta que caduque la cláusula RUFO.