La Cámara de Cuentas de Andalucía subrayó en su informe de enero de 2014 que no pudo investigar adecuadamente a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico porque la Junta las desmanteló antes de su inspección. Por tanto, no se pudieron saber siquiera las condiciones de contratación y otros muchos datos de la muestra elegida. Ahora, la Fiscalía exige a la Junta la documentación que justifique los 57 millones de euros que se gastaron en ellas durante los años 2010, 2011 y 2012.
La Cámara lo dice de este modo: "Además, es necesario señalar, la dificultad que suponía la localización de la documentación solicitada, ya que las sedes de los consorcios habían sido desmanteladas. Al respecto, hay que añadir que la reestructuración de competencias entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa supuso la salida de la estructura básica de los consorcios UTEDLT, tal y como se mencionaba y motivó, a su vez, la cesión de las instalaciones y buena parte del equipamiento a la Fundación Red Andalucía Emprende".
El total del personal afectado por el desmantelamiento fue de 787 empleados (90 de ellos directivos) que estaban empleados en 97 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) con contratos laborales indefinidos (sólo 95 ya cuando investigó la Cámara de Cuentas).
A pesar del desmantelamiento precipitado -sabiendo que la Cámara iba a fiscalizarlas-, con despido incluido de más de 800 trabajadores, la Cámara descubrió que "aun cuando la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo promovió la necesidad de redactar un modelo de bases homogéneas para la cobertura de las plazas, con el fin de que se aplicara en todos los procesos de selección y así garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, dicho objetivo no se llevo a la práctica."
Ahora, la Fiscalía Superior de Andalucía, cuyo responsable es Jesús García Calderón, pidió el pasado 24 de junio a la Junta de Andalucía que entregue a la Policía Judicial "los datos precisos" sobre las personas y departamentos responsables de las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en el trienio 2010, 2011 y 2012 y la "documentación concreta en cada supuesto". Se trataba de saber qué se ha hecho con el dinero, 57 millones, repartidos entre los 95 "chiringuitos" paralelos donde sus empleados habían entrado habitualmente a dedo.
Aunque su finalidad era promocionar el empleo en 95 zonas delimitadas de Andalucía, la Cámara de Cuentas dice que en realidad los dineros de la Junta iban casi exclusivamente a pagar las nóminas de estos empleados, sobre todo de sus altos cargos. Dice textualmente la Cámara que sus trabajos de fiscalización se han "centrado en el seguimiento de las subvenciones que el SAE concede a los consorcios para la financiación de los gastos de personal, ya que constituyen su principal fuente de financiación."
Descontrol y nula repercusión en el empleo
El descontrol era tan evidente que la misma Cámara dice que el Servicio Andaluz de Empleo y las entidades municipales no ejercieron la inspección superior de la gestión de los Consorcios, además de las siguientes afirmaciones:
- El Consejo Rector no convocó el número mínimo de sesiones previstas.
- La mayoría de los Consorcios no han formado la Cuenta General (sólo 33% en 2010 y 27% en 2011) y un 33% en 2011 no han aprobado siquiera la liquidación del presupuesto.
- Solo han rendido cuentas el 40% en 2010 y el 27% en 2011.
- El SAE no ha llevado a cabo un control efectivo del trabajo desarrollado por los ALPEs(grupos locales de apoyo), ni ha realizado las auditorías previstas sobre los datos registrados en la PTC
- No consta que la mayoría de los Consorcios haya elaborado la Memoria Final de Actividades y en algunos casos en que sí, se han detectado diferencias significativas en su contenido respecto a la PTC que no han podido ser explicadas.
Ya Libertad Digital contó el pasado 27 de marzo que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera diligencias de investigación sobre el informe de la Cámara de Cuentas publicado en enero de este año, informe que detectó que la Junta de Andalucía había repartido "sin control" 57 millones de euros entre los 95 consorcios municipales de empleo, denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).
Según la Cámara de Cuentas, durante los años 2010, 2011 y 2012, el SAE concedió ayudas a los 95 consorcios UTEDLT por un total de 57.340.676 €. Este importe incluía las subvenciones para la financiación de los costes salariales de las estructuras básicas y complementarias, para los incentivos derivados del cumplimiento de objetivos y para las indemnizaciones por la extinción de los contratos laborales,
La estructura básica de los mismos estaba compuesta, únicamente, por el director del consorcio y la estructura complementaria la conformaban los ALPEs. Para el análisis se seleccionó una muestra de 25 consorcios UTEDLT, de los que se revisaron determinados aspectos del funcionamiento y de la gestión económica desarrollada, así como los expedientes de las ayudas que se les concedieron, mediante las convocatorias de los años 2010 y 2011.
En los los 95 consorcios de empleo, trabajaban 95 directores con contratos de alta dirección colocados a dedo, además de 697 técnicos. Los 57.340.676 euros fueron destinados a sufragar los "costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos" de su plantilla.
Pero "no hay constancia de que las entidades consorciadas (el SAE y las entidades municipales) llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios, tal y como preceptúan los estatutos" signaba el mismo sueldo con independencia del número de ALPEs que tuvieran que coordinar. Así, había directores que no tenían equipo para gestionar, como eran los de los consorcios UTEDLT de Adra, Vícar, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, mientras que otros debían coordinar equipos con un elevado número de ALPEs, como por ejemplo el consorcio de Sierra de Cádiz, que contaba con un total de 22 ALPEs y el de Condado de Huelva, que tenía contratados a 29 ALPEs. Pero todos cobraban lo mismo.
Incumplimientos e irregularidades
El informe detallaba numerosos incumplimientos e irregularidades. Así, los auditores llamaron la atención sobre el hecho de que las Utedlt y el Servicio Andaluz de Empleo no suscribieran los preceptivos contratos-programa, como obligaba la orden reguladora.
Igualmente, tampoco se marcaban objetivos ni un sistema para evaluar la consecución de los mismos que sirviera de referencia para calcular los incentivos. Pese a ello, el SAE abonó 4.994.423,48 euros en primas entre 2009 y 2010.
En materia laboral, la Cámara de Cuentas llamó la atención sobre el hecho de que, durante los ejercicios fiscalizados, la plantilla teóricamente se reducía al director del consorcio. Y ello era así porque, desde el 1 de enero de 2009, el personal técnico y administrativo de cada Utedlt formaba parte de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), adscritos a Andalucía Emprende. Esta fundación pública depende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Precisa el informe que el traspaso se debió a la reestructuración de competencias llevada a cabo en 2008 entre las consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa y que, si bien las Utedlt pasaron un año después a depender nuevamente de revirtieron un año después a Empleo, el personal técnico y administrativo continuó formando parte de los CADE aun cuando su coste fue asumido por el SAE mediante subvención nominativa.
Sin certificado del interventor
La Cámara de Cuentas también constató que en ninguno de los expedientes analizados se incluía el preceptivo certificado del interventor detallando las actuaciones llevadas a cabo, ni los informes sobre la actividad desarrollada por los agentes de empleo a fin de detallar los objetivos conseguidos.
Durante el trabajo de fiscalización, los técnicos tampoco tuvieron constancia de que las entidades consorciadas -el SAE y los ayuntamientos- llevaran a cabo el control de la gestión desarrollada por los consorcios, como estaban obligadas estatutariamemente.
El órgano fiscalizador también concluyó que, atendiendo a la naturaleza económica de este gasto, la clasificación de las ayudas en el presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía "no era la adecuada
Una chapuza gigantesca
Estos casi 800 empleados de las UTEDLT son los que Susana Díaz no quiso recibir por haberlos recibido con anterioridad el PP andaluz Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, a pesar de su pertenencia al sector "paralelo" de la Junta que critica, calificó su situación de "tremendamente injusta" porque sus recursos habían prosperado en el Tribunal Supremo y debían ser readmitidos por la Junta.
Exigió a Díaz que diga la fecha de las readmisiones y abra "una vía de diálogo". Tachó a la presidenta de "soberbia" y le instó a "pedir perdón" a los andaluces pues si se hubieran readmitido los exempleados la Junta se habría ahorrado 12 millones de euros. Moreno se mostró convencido de que los antiguos Alpes volverán a trabajar en la administración andaluza pronto y él habrá contribuido a ello. "Soy un adalid de arreglar problemas", afirmó.
El colectivo lo integraban 787 empleados (90 de ellos directivos) que estaban empleados en 97 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) con contratos laborales indefinidos. El Gobierno andaluz incluyó la supresión de estos consorcios (con participación de los ayuntamientos) en el plan de ajuste presentado en 2012 al Gobierno central para cumplir con el objetivo del déficit público.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), antes de que se liquidaran los consorcios, procedió a despedir a los trabajadores una vez que el Ministerio de Trabajo redujo la financiación del programa de 35 a 1 millón de euros en 2012.
La Junta acusa al gobierno del PP de los despidos, pero calla que es el Supremo el que ha dado un varapalo tras otro a la Junta por los despidos improcedentes.