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La autopista Ocaña-La Roda propone aplazar su deuda hasta 2057

Es la primera de las nueve vías de peaje actualmente en quiebra que llega a la fase final de su proceso concursal.

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Es la primera de las nueve vías de peaje actualmente en quiebra que llega a la fase final de su proceso concursal.

La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno, propone a sus bancos acreedores aplazar 43 años, hasta 2057, el pago íntegro de su deuda de 522 millones de euros.

Así consta en la propuesta de convenio de acreedores que la sociedad concesionaria de la vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, someterá a la votación de la junta de acreedores prevista para este viernes, 18 de julio, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

La autopista Ocaña-La Roda es la primera de las nueve vías de peaje actualmente en concurso que llega a la fase final de su proceso concursal. La vía ha elaborado esta propuesta de convenio para evitar la liquidación mientras el Gobierno aprueba y pone en marcha el plan de rescate que ha diseñado para estas autopistas.

El plan del Ejecutivo, que pasa por agrupar las vías en una empresa pública, contempla para la deuda de 3.800 millones que las autopistas tienen con los bancos aplicar una quita del 50% y convertir el resto del pasivo en un bono a treinta años.

En el caso de la concesionaria de la Ocaña-La Roda, atribuye su propuesta de aplazar 43 años el vencimiento del pasivo a que prevé "un estancamiento prolongado en la utilización de las autopistas de peaje" porque la evolución del tráfico "está unida a la de la economía" y el tráfico es un factor "vital" para superar el concurso.

También augura un "dilatado periodo de tiempo para la obtención de pronunciamientos judiciales favorables para que la concesión recupere el equilibrio económico-financiero", en referencia a los procesos judiciales abiertos sobre las expropiaciones de terrenos donde se construyó la vía.

Con todo, para que la autopista pueda cumplir con el plan de pago que propone, considera "esencial" que se mantenga operativa y en marcha en todo su plazo de concesión de 75 años.

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