La publicación por el Ministerio de Hacienda de las Cuentas Públicas Territorializadas ha suscitado una cierta polémica, protagonizada principalmente por los actores políticos, en especial los presidentes de algunas comunidades autónomas, y los periodistas del ramo, en la que se desvela su escasa comprensión del instrumento estadístico que el Estado ha puesto a disposición de los españoles para clarificar la cuestión de los flujos financieros interterritoriales derivados de la actuación de las Administraciones Públicas.
Lo primero que conviene aclarar es que las cuentas no se refieren sólo al Estado, sino que incluyen los ingresos fiscales y los gastos de todas las Administraciones, y por tanto en ellas se reflejan también los resultados de la actividad financiera de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y otras corporaciones locales. Es por este motivo por el que no pueden asimilarse a las balanzas fiscales, en las que sólo se analizan los flujos que corresponden a la Administración Central. De ahí que las comparaciones que se han hecho entre los números derivados de las cuentas y los que publica la Generalidad de Cataluña acerca de la balanza fiscal de esta región con el Estado sean incorrectas, pues se trata de magnitudes heterogéneas y, por tanto, no comparables.
En segundo lugar, entrando ya en los resultados obtenidos para el año 2011, ha de señalarse que las magnitudes globales de los saldos fiscales relativos que reflejan las cuentas y que han copado los titulares de la práctica totalidad de los medios de comunicación se prestan a una interpretación engañosa. Se ha dicho así que el saldo de Cataluña es la mitad que el de Madrid y que Andalucía es la principal beneficiada a partir de los números negativos de aquellas dos regiones. Es correcto si nos atenemos a las cifras agregadas; pero sólo lo es porque hablamos de las tres regiones más pobladas de España. Si en vez de operar con los valores absolutos nos fijamos en las cantidades por habitante, entonces descubrimos que, aunque el de Madrid es el mayor saldo negativo, el de Cataluña no llega a la mitad de éste -es sólo el 43 por ciento-, mientras que el de Baleares supera significativamente al catalán, llegando al 52 por ciento del madrileño. Y, por el lado de las regiones que reflejan un saldo positivo, resulta que Andalucía aparece en octavo lugar, detrás de, por orden decreciente, Ceuta y Melilla, Extremadura, Canarias, Asturias, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha. La presidenta andaluza, Susana Díaz, no se debiera haber inquietado tanto con la publicación de las cuentas, pensando tal vez que la enorme cantidad del saldo fiscal de su región -más de 7.400 millones de euros- desmerece su imagen entre los españoles, cuando esas cuentas lo que en realidad muestran para Andalucía es que ese saldo resulta ser inferior al que correspondería a una situación de equidad, en la que su cuantía sólo dependiera del nivel de desarrollo económico regional.
Mi tercer comentario ha de referirse necesariamente al análisis que hacen las cuentas del origen de los saldos fiscales regionales. Es quizás este punto el que menos se ha comprendido de todos cuantos aparecen reflejados en los números publicados. Las cuentas dejan claro que, en promedio, dos tercios de esos saldos se explican por el funcionamiento del sistema fiscal; es decir, por la existencia de unos impuestos nacionales, regionales y locales que funcionan de manera casi igual para todo el mundo, de manera que los españoles, vivan donde vivan, pagan al fisco prácticamente de la misma manera. Digo "casi igual" porque las cuentas reflejan algunas diferencias en los tributos regionales y municipales que contribuyen en forma menor a los saldos de cada comunidad autónoma. A este respecto, los valores obtenidos tienen alguna significación en los casos de Canarias y Ceuta y Melilla -debido a la singularidad de su sistema fiscal, compensatorio de su carácter periférico- y en los del País Vasco y Navarra -donde las autoridades forales han aprovechado el privilegio que supone su peculiar sistema de financiación para rebajar la presión fiscal a los ciudadanos, en contra del mandato expreso de no hacerlo que se contiene en las leyes del Concierto Económico (País Vasco) y del Convenio Económico (Navarra)-.
Es en el tercio restante donde aparecen los principales elementos de controversia. Ese tercio lo compone esencialmente lo que en las Cuentas se denomina gasto territorializable —en el que el elemento principal está constituido por el sistema de financiación de las CCAA—, además de los gastos derivados de la regulación y promoción económica, los intereses de la deuda y la protección social. Las diferencias interregionales en estos tres últimos elementos son difícilmente criticables, pues responden a las singularidades productivas de cada territorio, al nivel de endeudamiento de sus gobiernos o a las características demográficas de sus habitantes. Queda entonces como elemento de posible discusión el tema de la financiación regional, que contribuye en un poco más del 17 por ciento a la formación de los saldos regionales.
Es por ello la financiación regional la que merece un último comentario. Las cuentas dejan claro en este punto que existen unas diferencias interregionales intolerables. Esas diferencias aparecen de una manera especial en dos tipos de casos, en los que los gobiernos regionales disponen de una financiación que duplica, en términos por habitante, a la de los demás. Se trata, por un lado, de Ceuta y Melilla, que, con 4.231 euros por habitante, disponen de la financiación más alta de España, lo que creo justificable por la singularidad geográfica de estas dos ciudades enclavadas en África, que impide el aprovechamiento de cualquier economía de escala en la prestación de los servicios públicos esenciales. Y, por otro, del País Vasco y Navarra -con 4.225 y 4.004 euros per cápita, respectivamente-, donde la dotación de recursos responde a una situación de privilegio derivada del sistemático incumplimiento de la metodología establecida en las leyes del Concierto y el Convenio para calcular sus correspondientes Cupo y Aportación al Estado, derivados del sistema foral.
En las demás regiones la financiación promedio es de 2.054 euros por habitante, existiendo entre ellas ciertas diferencias cuyo recorrido -que va desde un 23,9 por ciento por encima de la media en La Rioja hasta un 15 por ciento por debajo en Baleares- debiera ser corregido en la próxima discusión de este tema. Digamos que estas desigualdades son relativamente menores, aunque tengan razón los gobernantes de Baleares, Valencia y Murcia cuando se quejan de estar discriminados. Y sin embargo es justamente la razón lo que les falta a los dirigentes de Madrid y Cataluña, cuando exigen más recursos, pues son sus CCAA las que están en la media de la financiación por habitante, y ahí deben quedarse, si no queremos reeditar los privilegios vasco-navarros en estas dos regiones, que están entre las de mayor riqueza de España.