El mercado laboral ha vuelto a arrojar datos positivos el pasado mes de julio, aunque por debajo de las previsiones iniciales. El paro ha bajado en casi 30.000 personas respecto a junio, hasta un total de 4,42 millones de desempleados registrados en el antiguo INEM, la cifra más baja de la presente legislatura, mientras que la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 62.000 personas, con lo que supera los 16,7 millones de cotizantes. El dato más positivo de las estadísticas ofrecidas este lunes por el Ministerio de Empleo es que, una vez eliminado el efecto estacional propio del verano, la ocupación también creció, en casi 12.000 personas. Es decir, España siguió creando empleo en julio incluso descontando el impacto positivo de la temporada turística.
Sin embargo, pese a que los datos son buenos, la situación general sigue siendo dramática. Que un país desarrollado como España sufra una tasa de paro próxima al 24% tras casi siete años de agónica crisis económica, de los peores registros de Europa, la OCDE y buena parte del mundo, resulta, simplemente, bochornoso, además de insostenible e inaceptable. Y lo más triste es que tanto PP como PSOE se agarren a las cifras que más les convienen en cada momento para tratar de sacar rédito electoral de la tragedia, en busca de su propio beneficio político en lugar del interés general. En este sentido, ni España está en una senda sólida ni rápida de creación de empleo, como defiende el Gobierno, ni el mercado de trabajo está empeorando, tal y como trata de vender la oposición.
La realidad es que España ha empezado a crear empleo y, como consecuencia, el paro está bajando; pero el problema de fondo es que es y seguirá siendo muy elevado, ya que la recuperación económica es lenta, débil y especialmente frágil. Por eso es una gravísima irresponsabilidad que el Gobierno se acomode en la complacencia, el conformismo y la dejadez y no adopte medidas que, aun siendo impopulares, permitirían impulsar de forma muy sustancial la creación de empleo a corto y medio plazo. La reforma laboral que aprobó el PP en 2012 ha demostrado de forma fehaciente su utilidad y eficacia a la hora de frenar la brutal sangría de paro que venía sufriendo España desde el estallido de la crisis. Por un lado, logró suavizar la destrucción de empleo en plena recesión, a diferencia de lo que sucedió en los años previos, y, por otro, ha facilitado la creación de puestos de trabajo pese a que el ritmo de crecimiento es débil. En este sentido, cabe recordar que antes de la reforma era preciso que el PIB avanzara a una tasa de más del 2% anual para generar empleo, mientras que ahora se logra con apenas un 1%, incluso con menos.
Si una tímida y claramente insuficiente liberalización del anquilosado y rígido mercado laboral está ofreciendo frutos positivos, resulta una insensatez que el Ejecutivo rechace avanzar por la senda de las reformas estructurales para flexibilizar al máximo y, de este modo, posibilitar una rápida y drástica reducción del paro. No por casualidad los países con mercados de trabajo más libres son, precisamente, los que disfrutan de menores índices de desempleo.
Por desgracia, el PP prefiere no hacer nada con tal de no arriesgarse a perder votos o enfadar más a los sindicatos, en lugar de asumir su responsabilidad de gobierno creando el marco legislativo más adecuado para la generación de puestos de trabajo.
El paro no se combate con complacencias, sino con reformas que favorezcan el libre mercado, la propiedad privada y la seguridad jurídica.