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Un pueblo de Madrid se levanta contra Podemos para defender sus viviendas

Un pequeño municipio madrileño tumba un polémico proyecto urbanístico impulsado por un concejal que milita en Podemos.

Libre Mercado
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Ayuntamiento de Los Molinos.

Podemos no ha participado aún en ningunas elecciones municipales, pero ya ha logrado ejercer responsabilidades a nivel local tras sumar políticos en activo a sus filas, y su experiencia inicial en la gestión de lo público no ha estado, precisamente, exenta de polémica. El caso en cuestión ha tenido lugar en Los Molinos, un pequeño municipio de la sierra madrileña, cuyos vecinos han logrado frenar un proyecto diseñado por Podemos tras varias semanas de protesta.

El Ayuntamiento, de unos 5.000 habitantes, aprobó el pasado mayo el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio con los votos de los tres partidos que formaban gobierno: PSOE, Primero Los Molinos (PLM) y Convocatoria por Los Molinos-Podemos (CLM-Podemos), cuyo único miembro pertenecía antes a IU y ejercía como concejal de Urbanismo, siendo el principal responsable del plan.

A partir de ese momento, se abrió un período de de consulta pública para realizar las alegaciones pertinentes antes de proceder a su aprobación definitiva, pero la oposición frontal mostrada por el pueblo ha acabado tumbando un proyecto que, al final, tan sólo ha contado con el apoyo de Podemos.

Dicho Catálogo incluía un amplio listado con las viviendas y parajes del pueblo que pasarían a estar protegidos bajo la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pero su extensión era tan extensa y maximalista que levantó airadas protestas entre los vecinos, al ver muy limitado el uso de sus respectivas propiedades ya que, en función del grado de protección decretado, no podrían reformar o vender sus viviendas y, además, tendrían que hacer frente a costes de conservación adicionales.

Como consecuencia, el plan recibió cerca de 250 alegaciones, mientras que el PP, en la oposición, lanzó una campaña en la que recogió más de 700 firmas en contra del proyecto, bajo el título Mil formas de destrozar un pueblo. Acoso a la propiedad privada.

Por ello, los concejales populares presentaron el pasado julio una iniciativa municipal alegando, entre otros puntos, lo siguiente:

  • Que el Catálogo no había sido redactado por los Servicios Técnicos Municipales y tampoco había contado con el consenso de los vecinos afectados.
  • Que la relación de inmuebles contenía "imprecisiones, ambigüedades y errores".
  • Que el "número de inmuebles (409 fichas), construcciones militares (138 fichas), así como otras construcciones como mojones, depósitos, elementos singulares, vallas, caceras de riegos, etc. [...] es desproporcionado respecto al patrimonio edificatorio de Los Molinos". El municipio apenas cuenta con 3.000 viviendas y el proyecto inicial afectaba a cerca de 500 inmuebles.
  • Además, gran parte de los inmuebles incluidos contradecían el Plan General de Ordenación Urbana vigente (PGOU), y, según la ley, ninguna norma de menor rango puede modificar otra de rango superior. "El Catálogo de Bienes no es el instrumento urbanístico adecuado para modificar lo que dispone el PGOU en cuanto a las determinaciones de la calificación urbanística".

Sin embargo, lo que más molestó a los vecinos fueron las fuertes restricciones que imponía el proyecto al derecho de propiedad privada. No en vano, en función del grado de protección establecido, muchos vecinos se verían afectados de forma directa por los siguientes artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid:

Artículo 19. -Derecho de acceso al Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid […] Estarán obligados a permitir el acceso de los investigadores acreditados […] Los Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC) podrán ser objeto de visita pública al menos una vez a la semana [...]

Artículo 20. -Derechos de tanteo y retracto […] Podrá ejercer el derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier derecho real de disfrute sobre Bienes de Interés Cultural o sobre los bienes incluidos en el Inventario. El Ayuntamiento correspondiente podrá ejercer, subsidiariamente, el mismo derecho [...]

Artículo 23. -Expropiación […] El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación, será causa de interés social para la expropiación forzosa de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario.

Artículo 26. -Demolición de los Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario […] No cesará con la declaración de ruina de los mismos […] No podrá demolerse ningún inmueble protegido por la presente Ley en el que la declaración de ruina sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación por parte de sus obligados, exceptuando los casos en que pueda existir peligro para la seguridad de las personas; asimismo la Dirección General de Patrimonio Cultural o el Ayuntamiento donde esté ubicado el bien protegido podrá ordenar la suspensión inmediata de las obras de demolición.

Asimismo, el Capitulo I del proyecto establecía que la aprobación definitiva del Catálogo implica, "para los bienes en él incluidos, su exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez que la declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación que la Ley establece".

Es decir, los bienes afectados serían declarados de utilidad pública por estar construidos en una determinada fecha o con determinados materiales, pudiendo, por tanto, ser expropiados bajo determinados supuestos, sin que el Ayuntamiento contase, además, con partidas presupuestarias específicas a tal efecto.

Por ello, el PP exigió la retirada del proyecto por ser "desproporcionado" en cuanto al número de inmuebles afectados y "ambiguo" en criterios de valoración y exclusión. "Todos los Vecinos de Los Molinos queremos preservar nuestro entorno, y proteger los inmuebles con valor histórico, pero estamos en contra de las actuaciones globales y discrecionales, que entorpecen el desarrollo de actividades y opciones de mejora del pueblo de Los Molinos, coartando derechos y ampliando obligaciones y costes, sin justificación", concluía el documento.

Protestas y marcha atrás del Ayuntamiento

El rechazo mayoritario del pueblo obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás. Así, en un Pleno extraordinario celebrado el pasado 1 de agosto, convocado a solicitud del PP, el Gobierno municipal acordó retirar el Catálogo diseñado por el concejal de Podemos (exmiembro de IU).

El Pleno se celebró en medio de una gran tensión, con casi un centenar de vecinos agolpados a las puertas del Ayuntamiento para intentar presenciar la sesión. El alcalde, del PSOE, alegó la necesidad de "buscar un consenso, ante un proyecto que condiciona el futuro del pueblo". El portavoz del PP, por su parte, insistió en que el proyecto era ambiguo y fue realizado por el capricho de personas que no disponían de la formación adecuada, generando una gran inseguridad jurídica en los propietarios.

Mientras, el concejal de CLM-Podemos anunció que su grupo se retiraba del equipo de gobierno ante la marcha atrás del alcalde. Su intervención se desarrolló en un contexto de abucheos, interrupciones e incluso insultos por parte de algunos de los asistentes. Finalmente, la suspensión del proyecto fue aprobada con los votos a favor de PP (5) y PSOE (2), la abstención de PLM (2) y el único voto en contra de CLM-Podemos.

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