El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha descartado este lunes que la Generalidad de Cataluña siga el ejemplo del Gobierno y rebaje el tramo autonómico del IRPF y ha augurado que "probablemente" el gobierno catalán sufrirá "tensiones de liquidez" a finales de año.
El consejero ha hecho estas declaraciones después de inaugurar el curso universitario, donde ha asegurado, en alusión al tramo autonómico del IRPF, que "no nos lo podemos permitir dada la situación fiscal de la Generalidad".
El consejero se ha quejado de que mientras la "economía y la recaudación van hacia arriba, esto no se refleja en las transferencias" del Gobierno a la Generalidad. Por ello ha dejado claro que no puede permitirse perder ingresos y que tampoco la Generalitat está dispuesta a rebajar el gasto tras varios años de recortes.
En este sentido, ha reiterado que el Govern "estudia restaurar la paga doble" a los funcionarios en 2015, porque -ha subrayado- "no es justo" que sean los únicos empleados públicos del Estado que acumulan tres años seguidos sin el equivalente a una paga extra.
Por otra parte, el consejero ha admitido que el último tramo del año se presenta complicado para el Govern, porque "siempre hay un efecto final de año" sobre la tesorería pero que este año "puede ser más pronunciado" y ha añadido: "Dependerá mucho de la gestión del FLA".
Y es que al Govern, que en los últimos años ha tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ante la imposibilidad de acudir a los mercados, se encuentra con que la partida de intereses ha crecido, en parte como fruto de acudir al FLA.
En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el viernes que Cataluña mejoraría su liquidez en unos 1.700 millones más el año que viene, como fruto de la rebaja de intereses del FLA o bien del aplazamiento del pago de los intereses derivados.
Por otra parte, el Govern se encuentra con el problema de que, con las operaciones selladas o previstas, apenas contempla ingresar unos 1.200 de los 2.318 millones previstos por privatizaciones y venta de edificios, 800 de ellos por traspasar al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la gestión de las depuradoras, y otros 400 que espera obtener a final de año por ventas de edificios públicos.