Con paso firme sobre tierras movedizas, la Ley para el pago soberano de la deuda propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 20 de agosto ha sido, finalmente, respaldado este jueves por el Poder Legislativo, tras debatir hasta pasada la madrugada.
Con 134 votos afirmativos, 99 en contra y 5 abstenciones, el proyecto sancionado hace unos días por el Senado ha sido alzado a Ley de forma exprés por el Congreso, ante la inminente cita el próximo 30 de septiembre, por la cual Argentina tendrá que afrontar otra obligación con sus bonistas por 200 millones de dólares.
Con esta nueva herramienta jurídica, el kirchnerismo trata de eludir el cumplimiento de la Corte norteamericana, dando la posibilidad a los bonistas de deuda reestructurada de cambiar la sede de pago Bank of New York Mellon (jurisdicción estadounidense) por Banco Nación Fideicomisos (jurisdicción argentina).
El objetivo de Kirchner es esquivar el bloqueo de pago a los acreedores ordenado por el juez Thomas Griesa para hacer cumplir a Argentina la sentencia dictada en 2012, en la que se ordena al país pagar primero el 100% de la deuda contraída con los holdouts litigantes (fondos NML y Aurelius) antes que con el resto de acreedores.
"El cobrar es problema de ellos"
"Están utilizando una máquina que no funciona", comenta a LM Federico Pinedo, jefe de Propuesta Republicana (PRO) en el Congreso. "Lo vamos a ver pronto -añade-, la mayor parte de los acreedores no van a poder cobrar".
El diputado de la centroderecha liberal argentina denuncia que "cuando se le preguntó a Zaninini -Secretario Legal y Técnico para la gestión de la Ley- sobre la imposibilidad de su propuesta, contestó que si los bonistas no cobran, es un problema de ellos. Nosotros ponemos la plata, lo demás no es cosa nuestra", algo que para Pinedo evidencia la locura en la que se ha embarcado el Gobierno.
En misma línea, el economista referente del grupo PRO, Federico Sturzenegger, profundiza para LM en los problemas de la propuesta kirchnerista alertando que "se abre la posibilidad de que los bonos sean acelerados" - figura financiera que, al extinguirse unilateralmente el bono, da derecho al acreedor a reclamar todo lo que iba a cobrar durante años en un único pago-.
En el caso de producirse el escenario de aceleración "inevitablemente implicará tener que volver a reestructurar los bonos", al no poseer el país liquidez suficiente para afrontar las obligaciones de forma conjunta.
Para el economista la gran tragedia del proyecto kirchnerista es que ha dado a entender al mundo "que el Estado argentino no está dispuesto a cumplir las reglas de juego que él mismo se impuso", algo que el país pagará cuando tenga que pedir nueva financiación a los mercados. "Será más caro y costoso de conseguir", vaticina.
'Barra brava'
Mientras tanto, el Ejecutivo de Kirchner incide en el eslogan "patria o buitres", dicotomía de la que se ha servido durante todo su discurso en la Cámara Baja. Nada más iniciar la sesión, durante el izado de la bandera dentro de la Cámara, las bancadas kirchneristas junto a las gradas de invitados coreaban el recurso dicotómico mencionado.
Más tarde, durante la sesión, los balcones para invitados no han cesado de increpar e interrumpir las intervenciones de la oposición, utilizando graves ofensas contra los diputados. "Vergonzoso. Hacen entrar a la barra brava como elemento de presión a la oposición. Es muy desagradable", trasladaba a LM uno de los diputados durante un momento de receso.
La malvinización del conflicto hace su efecto en la calle. Muestra de ello han sido los bombazos escuchados en el complejo legislativo, apenas superadas tres horas de debate. Una manifestación prokirchner convocada de forma espontánea por la Organización Barrial Tupac Amaru ha cortado la calle para "mostrar el apoyo al Gobierno y en contra del gobierno imperialista de los Estados Unidos".
"Nosotros no hemos sido convocados por nadie", asevera el representante Fernando Bermúdez. "Nosotros hemos decidido en asamblea venir a mostrar de corazón nuestro apoyo al Gobierno, ya que es un momento que nos necesita, a nosotros y a toda la bancada popular".
Por su parte, desde la coalición del Gobierno, Frente para la Victoria, minimizan los riesgos del cambio de jurisdicción, escudándose en el carácter voluntario de la norma.
El veterano diputado Héctor Recalde se apoya en la libertad de los bonistas a acogerse a este nuevo canje para afirmar que, "en cualquier lugar del mundo, cuando uno quiere pagar y el otro no quiere recibir, el deudor hace consignación" -figura jurídica por la cual el deudor demanda a un tribunal que falle sobre la validez del pago, depositando éste bajo custodia judicial y extinguiéndose la deuda en caso de sentencia favorable-.
Recalde sacó a relucir la votación de este lunes en Naciones Unidas, por la cual 124 de las 176 naciones respaldaron la apertura de un marco de debate para crear una legislación internacional en materia de reestructuración de deuda.
"Fue muy importante lo que pasó en la ONU, pese a la abstención de España. Es bueno que por fin haya una legislación para parar a los poderes financieros", aseveró. En cuanto al peligro a que la Justicia norteamericana declare a Argentina en desacato, el diputado kirchnerista lo tiene claro: "A mí lo que haga Griesa me trae sin cuidado".
Génesis
La entrada de Argentina se produjo al no poder el Ejecutivo de Kirchner pagar la cuota periódica a los bonistas del canje de 2005 y 2010 debido al bloqueo de 532 millones de dólares ordenado por el juez Griesa.
Como se ha mencionado anteriormente, la orden trata de forzar a Argentina a cumplir la sentencia decretada por la Corte de EEUU en 2012 por la cual obliga a resolver con los holdouts litigantes, antes que con el resto de acreedores que sí aceptaron la quita.
El problema radica en las condiciones a las cuales están sujetos los bonos de reestructuración de la deuda argentina. En dichos acuerdos de reestructuración, donde el 92,4% de los acreedores aceptaron una quita del 67%, se estableció mediante la llamada Cláusula RUFO la obligación de igualar a todos los bonistas cualquier oferta hecha de forma voluntaria con una quita inferior a la mencionada.
De este modo, si Argentina paga los 1.600 millones de dólares (1.330 + intereses) podría también tener la obligación de pagar el 100% a los bonistas que aceptaron los canjes, lo que elevaría la factura a los 120.000 millones de dólares.
Existen dos posibles escenarios en cuanto a la sensibilidad de activación de la Cláusula RUFO. Por un lado, se entiende que, al ser una orden judicial, no existe voluntariedad de pago posible y, por tanto, tampoco activación de la Cláusula RUFO. Por otro, debido a las reiteradas declaraciones del Gobierno alegando que se dispararía la cláusula en caso de cumplir la sentencia del juez Griesa, se estima la posibilidad de que los bonistas de los canjes reclamen el 100% de la deuda, basándose en las autoinculpaciones del propio Gobierno, al reconocer éste de antemano el delito cometido.