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Las claves del fracaso del IVA de caja

Montoro ha anunciado que revisará el sistema tras el fracaso cosechado.

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Una oficina de la Agencia Tributaria | Archivo

El pasado 1 de enero entraba en vigor una de las medidas estrella de la Ley de Emprendedores aprobadas el año pasado por el Gobierno. El IVA de caja nació para que los autónomos no se viesen doblemente afectados por la morosidad.

Hasta ese momento, estaban obligados a pagar el IVA de las facturas pese a no haberlas cobrado, con lo que suponía esto en una situación de crisis como la actual. Sin embargo, la medida no ha tenido el alcance esperado. De los más de dos millones de beneficiarios potenciales calculados por el Ejecutivo, tan sólo 22.000 personas físicas y jurídicas se han acogido al sistema.

Por ello, este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la sesión de control a Gobierno, reconocía el fiasco y aseguraba estar trabajando en otro sistema. El titular de Hacienda se ha comprometido a revisarlo en el marco de la reforma tributaria que actualmente está tramitando el Congreso, y además ha anunciado que con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 se creará un nuevo fondo para aportar liquidez a pymes y autónomos.

Antes de ponerlo en marcha, Montoro alababa las virtudes de un sistema que permitiría pagar el impuesto una vez que fuese abonada la factura. Pero la letra pequeña revelaba que la realidad era bien distinta. En realidad, se posponía el pago del IVA de facturas un año, no hasta que fuese cobrada. Éste ha sido uno de los motivos por los que no ha tenido la acogida prevista.

Pero no la única. La ley establecía que sólo podían utilizar este tipo de contabilidad los autónomos o pymes que facturasen menos de dos millones de euros al año. "El grueso de los negocios de los autónomos, de muy pequeños empresarios -que están en esta horquilla de ganancias- se concentra en sectores minoristas, cobran al contado, es cobro directo al público, por tanto no les interesa puesto que con el precio del producto y del servicio ya están cobrando el IVA", explica a este respecto Agustín González Villalba, director general de la Federación Española de Autónomos (CEAT). Pero la mayoría de la actividad de este tipo de autónomos es precaria, con poca generación de valor añadido.

En declaraciones a Libre Mercado, González pone de manifiesto que también ha habido falta de información y que el plazo -hasta el 31 de marzo- no fue el suficiente. El IVA de caja "les interesa más a aquellos que son proveedores de las Administraciones Públicas o de grandes empresas que les pagan a largo plazo, a más de 90 días", dice. En este sentido, hay grandes empresas que tendrían que llevar otro sistema añadido de contabilidad y "puede hacerles cambiar de proveedor para no tener que cambiarlo".

Además, en ocasiones, los autónomos han denunciado presiones por parte de las grandes empresas para no acogerse al IVA de caja. Si lo hace, el microempresario no ingresa el IVA que devenga mientras no cobre esa factura y, en correspondencia, la empresa que no le paga la factura tampoco puede deducir ese IVA.

"Es dinero que la empresa quiere deducir porque en época de crisis y de falta de liquidez lo utiliza como colchón", aseguran algunas fuentes. La empresa grande hace las declaraciones mensuales y las quiere deducir y cobrar. Si no lo hace no lo va a deducir. Por ello, "la presión viene de las empresas que no pueden acogerse a ese sistema", como son las que facturen más de dos millones de euros, asegura José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (GESTHA).

Por si esto fuera poco, el director de CEART estima en unos 30 ó 40 euros mensuales los costes extra por tener que llevar una contabilidad especial en el sistema de IVA de caja. Según Mollinedo, otro de los problemas de este sistema es que era opcional, lo que hace que muchos microempresarios, que son clientes de empresas, estén en manos de ellas a la hora de establecer el pago de estos servicios que compran.

"Las grandes compañías clientes de los mismos, les dicen que este sistema es un problema para ellas. La empresa está en una posición de superioridad a la hora de negociar y a la hora de negociar el pago", asegura.

En cuanto a la nueva medida anunciada por Montoro este miércoles, los técnicos de Hacienda aseguran que el ministro no les ha avanzado ningún dato. "Entre las propuestas que nosotros le hicimos al Gobierno en su día, está que tiene que elevar el listón de los 2 a los 10 millones de euros, que son empresas que se consideran de reducida dimensión".

Además, Mollinedo explica que para que el sistema pudiese ser efectivo es necesario que sea obligatorio para todas las empresas que estén dentro de este rango. "Así se evitaría el problema de que haya empresas que tengan que llevar dos sistemas de contabilidad, de caja y de devengo, para sus proveedores", concluye.

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