El tiempo da y quita razones, pero todo indica que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 que ha remitido esta semana el Gobierno al Congreso nace muerto, y, por tanto, no habrá que esperar mucho para demostrar su invalidez. La raíz del problema radica en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parte de unas previsiones económicas excesivamente optimistas, hinchando de forma muy arriesgada e irresponsable la estimación de ingresos fiscales para poder cuadrar los números. El Ejecutivo del PP mantiene que la economía española avanzará un 2% el próximo año, pero el reciente frenazo de la zona euro, la desaparición del superávit exterior y la debilidad de la estructura productiva nacional arrojan serias dudas sobre el cumplimiento de dicho pronóstico. Y la cuestión es que, si falla la base, el edificio presupuestario se podría venir abajo como un castillo de naipes.
No en vano, lejos de congelar o reducir el gasto público, que sería lo sano y deseable, Moncloa ha dado orden de aumentar casi todas las partidas presupuestarias para tratar de frenar la sangría de votos de cara a las citas electorales que tendrán lugar el próximo año. En concreto, el Estado gastará un total de 440.074 millones de euros en 2015, unos 17.000 millones más que este año. Entre otros gastos, resulta especialmente relevante que el dinero destinado a financiar partidos políticos se duplique, hasta superar los 156 millones de euros, que la inversión pública aumente por primera vez durante la crisis o que el presupuesto para agencias y organismos estatales de dispare hasta casi un 300% de un año para otro, al tiempo que el Gobierno multiplica por cinco la tasa de reposición de los empleados públicos y les devuelve parte de la extra suprimida en 2012. Medidas, entre otras muchas, con un claro tinte electoralista. Y ello, sin contar las promesas de revalorización y sostenibilidad de las pensiones que lanza a los jubilados, pese a que la Seguridad Social hace aguas, tal y como muestra la progresiva y creciente reducción que ha experimentado en los últimos años el Fondo de Reserva, la hucha que tiene el sistema para cubrir sus elevados números rojos. A finales de 2015, la cuantía del Fondo podría reducirse a apenas 40.000 millones frente a los 66.000 registrados en 2011.
Lo cierto es que la pretendida austeridad del PP ha sido nula durante toda la legislatura, a excepción del fatídico 2012, donde tuvo que aplicar algunos recortes para evitar la quiebra del país. Prueba de ello es que el gasto total del Estado crecerá en más de 77.000 millones de euros (+21%) durante el mandato de Mariano Rajoy o que el gasto real (descontando las refinanciaciones de deuda) subirá en 31.847 millones (+10,1%), mientras que la recaudación de los grandes impuestos será 18.558 millones (+8,2%) superior a la registrada al inicio de legislatura gracias a las fuertes subidas fiscales aprobadas por Montoro. En general, los PGE de 2015 pecan de irreales, arriesgados y, sobre todo, electoralistas. Son, por desgracia, una señal más del cortoplacismo en el que vive instalado el Gobierno, ya que es incapaz de hacer lo que realmente necesita España para abandonar el agujero de la crisis, anteponiendo así sus intereses partidistas al interés general de los españoles.