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El Gobierno adelanta una segunda reforma laboral ante la presión de Bruselas

La Comisión exige avances en Políticas Activas de Empleo y dualidad. Báñez habla por primera vez de una "segunda generación" de reformas.

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez | Archivo

De todas las reformas que el Gobierno ha enfrentado en estos tres años de legislatura que se cumplen en diciembre, probablemente haya sido la laboral la que más satisfacciones y parabienes le haya aportado. Los cambios introducidos en febrero de 2012 para flexibilizar el funcionamiento interno de las empresas (reducción del coste del despido, facilitar los ajustes internos y potenciar la negociación colectiva a nivel empresa) han sido celebrados por la mayoría de los expertos y por los organismos internacionales que tutelan nuestra economía.

De hecho, desde el Ministerio de Trabajo no se cansan de repetir que el cambio de tendencia en el mercado laboral (ya hay creación neta de empleo) es consecuencia directa de una reforma que ha permitido que caiga el desempleo incluso con crecimientos por debajo del 1% del PIB, cuando era un lugar común que España necesitaba al menos un 2% para que los efectos se sintieran en las listas del paro.

Por eso, el punto de fricción entre el Gobierno y la troika (UE, FMI, BCE) no era tanto sobre lo realizado como sobre lo que la reforma se dejaba en el tintero. Las autoridades europeas han recordado de forma constante en estos tres años que había aspectos clave que se estaban atrasando, especialmente en lo que hace referencia a las políticas activas de empleo y a la dualidad del mercado. Y Fátima Báñez, mientras tanto, repetía una y otra vez que la reforma ya estaba "hecha".

Este lunes, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) emitían su informe anual sobre la evolución de la economía española. Y el guión no se diferenciaba mucho de los anteriores: referencias genéricas a la mejora de la coyuntura, elogios al Gobierno por las reformas emprendidas y petición (con palabras más o menos duras) de que se mantenga el impulso en la agenda reformista. Lo novedoso llegaba con la reacción de Fátima Báñez, que aprovechaba el acto de presentación del Programa de Empleabilidad Joven de la Fundación Telefónica para anunciar que su Ministerio está trabajando en "una segunda generación de reformas que permita consolidar la vuelta al empleo, con más y mejores empleos". Ahora, la clave reside en saber cuál será el alcance de esa "segunda generación". ¿Serán cambios profundos o se quedarán en a superficie? y ¿habrá tiempo para aprobarlos en esta legislatura?

De Bruselas a Roma

Parece claro que este cambio en la actitud del Gobierno viene determinado por los movimientos que se han producido en toda Europa. No sólo hablamos de las palabras de Bruselas, sino de las reformas que se anuncian en sus principales competidores. París y Roma mueven ficha y parece que Madrid no quiere quedarse atrás.

En el informe de la CE y el BCE se destaca que a pesar de la mejoría, el mercado de trabajo español mantiene una intolerable tasa del 24% de paro. No sólo eso, "un gran porcentaje corresponde a desempleo de larga duración [más de un año], existe una elevada tasa de inactividad juvenil y se mantiene una significativa segmentación entre los diferentes tipos de contratos". Por eso, Bruselas y Fráncfort piden al Gobierno que apruebe "medidas para hacer las políticas activas de empleo más efectivas" y "reformas para enfrentarse al alto grado de dualidad en el mercado laboral".

De nuevo, nos encontramos con las asignaturas pendientes de nuestro mercado laboral. En primer lugar, está la cuestión de cómo reintegrar a los parados, especialmente a aquellos de difícil empleabilidad (jóvenes, larga duración, mayores de 55 años,...). Ni los subsidios destinados a ayudar al que se queda sin trabajo ni las acciones directas (cursos, formación, subvenciones a la contratación,...) están dando demasiado resultado. Pero hablamos de una materia muy sensible y parece complicado que el Gobierno quiera abrir un nuevo frente en un año electoral.

La segunda parte no es más sencilla. Todos los Gobiernos hablan de acabar con la dualidad. Pero ninguno se atreve a aprobar alguna medida que, de verdad, se enfrente a la cuestión. La diferencia entre fijos y temporales sigue siendo muy elevada. Pero cualquier intento de acortarla (o hacerla desaparecer) se venderá como un abaratamiento del despido o precarización del empleo. De nuevo, una reforma obligada muy complicada de afrontar.

En este panorama, quizás la principal novedad haya llegado de dos de los lugares más inesperados. Francia e Italia son los dos países de la UE más parecidos a España. También en lo que hace referencia a sus instituciones económicas y a su legislación. Habrá quien diga que ya nos gustaría tener su tasa de paro (y es cierto), pero estos dos países no son sólo dos de nuestros mejores clientes, también son nuestros competidores más claros. Y los dos han emprendido un proceso de reformas, también en el mercado laboral, que podrían ser un acicate para que el Gobierno español inicie los cambios a los que hasta ahora se ha negado.

En Roma, Matteo Renzi aprobaba este viernes su polémica reforma laboral en el Senado, que incluía la posibilidad de que los empresarios despidan a los trabajadores a cambio de una indemnización, sin la obligación de reintegrarles a su puesto de trabajo en caso de despido improcedente. La norma prevé una protección de manera gradual de los trabajadores, por lo que sólo con la antigüedad se podrán obtener algunos derechos, entre estos el de poder ser readmitido en caso de despido.

En Francia, Manuel Valls sigue un camino parecido. Su Gobieno quiere incrementar la flexibilidad para impulsar la competencia, simplificar las leyes y eliminar las normas que dificultan el crecimiento de las empresas. Del mismo modo, el Ejecutivo galo quiere cambiar el subsidio por desempleo, para obligar a los desempleados a involucrarse de forma más activa en la búsqueda de un empleo.

Según el índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, en lo que hace referencia al mercado laboral, los tres grandes países del Sur de Europa tienen una enorme tarea por delante. Francia está en el puesto 61º de 144, España en el 100º e Italia en el ¡136º! Parece claro que existe mucho margen de mejora. Pero como ya hemos apuntado, las instituciones laborales están entre las más complicadas de cambiar. Aunque quizás todos juntos sea más sencillo. Porque tampoco a ninguna le conviene quedarse atrás.

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