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Las viviendas turísticas denuncian el favoritismo al 'lobby' hotelero

Las últimas regulaciones de las comunidades han puesto en jaque a los propietarios y a las empresas intermediarias.

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Protestas este verano en la Barceloneta, en las que se pedía más control sobre las viviendas de este tipo | Archivo

El 30% de los españoles ha alquilado una vivienda vacacional en los últimos tres años, según el primer Barómetro de Vivienda Vacacional en España elaborado por HomeAway y la Universidad de Salamanca. Su actividad generó un impacto de más de 6.500 millones de euros en el entorno de las viviendas (comercios, bares, restaurantes, etcétera).

Pero, a pesar de todo, su actividad está en el punto de mira del Gobierno. Desde que el Ejecutivo modificase la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, la regulación del alquiler vacacional ha cambiado sustancialmente y muchos ciudadanos han visto disminuidos una fuente de ingresos.

La situación en torno a este asunto es bastante compleja, ya que se rige por una doble normativa: una a nivel nacional y otra autonómica. El Estado aprobó la LAU el año pasado, pero hay comunidades a las que se les concede la posibilidad de legislar por su cuenta esta materia. En definitiva, que con esta ley ocurre lo mismo que con muchas otras en España: un caos normativo que lleva a la confusión al ciudadano.

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra carecen, por el momento, de normativa alguna a este respecto. Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco están aún tramitando la aprobación de la suya. Por el contrario, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia ya han aprobado una regulación específica de las viviendas turísticas. En estas regiones es donde está generándose la polémica.

Desde el sector piden al Gobierno que homogenice la normativa y la haga más clara. También denuncian una campaña de desprestigio desde algunos medios de comunicación y la Administración. En este sentido, ponen de ejemplo lo ocurrido en el barrio de la Barceloneta este verano. Las quejas de los vecinos, causadas por las borracheras de los turistas, han servido como excusa al ayuntamiento para iniciar una caza de brujas contra el sector.

Alegan que los disturbios producidos por los turistas son a causa de estas viviendas. Un argumento que Pablo Zubicaray, presidente de Fededaración Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), califica de absurdo en una entrevista a Libre Mercado.

"No es cierto que nuestra actividad genere problemas vecinales. De hecho, si preguntas a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento si tienen algún tipo de quejas, no existe", asegura.

En la Barceloneta "existe una situación totalmente especial, es un barrio con una morfología característica, que tiene casas de 30 metros cuadrados, muy pegadas las unas a las otras. Se ha dado una situación en la que los vecinos protestan por actos incívicos en la calle, y la prensa y los intereses han querido hacer ver que todos estos actos se cometen por gente que está alojada en apartamentos de uso turístico, lo cual es totalmente absurdo". Una persona que comete actos de este tipo "puede estar alojado en un hotel, en un hostal o en un albergue", asegura.

Una actividad, la de las viviendas de uso turístico, que tiene una larga tradición en España y que Zubicaray considera que "democratiza" el turismo. Eso es lo que asusta a los competidores y por lo que han iniciado esta campaña de desprestigio. La actividad "hace que cientos de miles de familias de nuestro país puedan participar del turismo que llega a España".

Un sector que, hasta ahora, sólo "le ha competido a cien o ciento cincuenta familias hoteleras. Esto favorece a muchas más familias, que pueden tener unos ingresos extra y que, además, hacen esta actividad con mucha calidad", asegura.

Por ello, FEVITUR pide al Gobierno que "no tenga miedo y que no regulen en base a los intereses de un lobby importante con muchos tentáculos en toda España, sino que regulen por el bien de la sociedad". En el caso de Madrid, por ejemplo, el principal escollo es una de las últimas normativas aprobadas que dicta que para ser considerada vivienda de alquiler de uso turístico -y estar dentro de la legalidad-, la estancia debe ser de más de 5 días.

"El 39% de los alquileres de viviendas de uso turístico en Madrid que se hacen es de menos de cinco días. Imagínese cualquier empresa a la que le corten el 40% de su negocio, pues, evidentemente, está condenada a la quiebra", dice Zubicaray. "Es un requisito que no sabemos a qué se acoge, sino a unos intereses y unas fuerzas hoteleras para frenar nuestra industria, que tiene un crecimiento importante" y que, además, está en revisión por la CNMC.

Las familias

Entre las principales conclusiones del Barómetro, destaca que en los últimos 3,5 años los españoles que utilizaron el alquiler vacacional lo hicieron de media una vez al año. El usuario tipo de alquileres turísticos responde a familias (46%), parejas (27%) y amigos (25%). Además, según el informe, la duración media de la estancia es de 7 días y el tamaño medio del grupo es de 5 personas.

El estudio de HomeAway y USAL concluye, por otro lado, que el gasto medio en alquiler de vivienda vacacional asciende a 540 euros, mientras que el resto de gasto durante la estancia se sitúa en unos 1.042 euros.

Los principales motivos del viaje son disfrutar de la playa (45%) y la naturaleza (33%), seguido de lejos por la visita a ciudades (7%), patrimonio artístico (4%), visitas familiares, deportes, gastronomía y otros motivos, que engloban el 11% restante. El apartamento es la alternativa de vivienda turística más solicitada por los españoles: más de la mitad (51%) eligen este tipo de propiedad para disfrutar de sus vacaciones.

Juan Carlos Fernández, director general para el Sur de Europa de HomeAway, la plataforma líder del sector a nivel mundial en alquiler de este tipo de viviendas, asegura a LM que el uso del alquiler vacacional está creciendo a un ritmo importante "con un nivel de satisfacción importante entre los turistas".

Al igual que el presidente de FEVITUR, Fernández coincide en que "el principal reto que tenemos con la normativa es la disparidad de criterios de una comunidad a otra". Toda esta disparidad y complejidad, asegura, "genera una cierta sensación de inseguridad jurídica tanto a los propietarios de estas viviendas como para empresas como la nuestra, que somos plataformas online, que lo que hacemos es ejercer de portavoces o altavoces mostrando esas viviendas a través de nuestros millones de usuarios en todo el mundo".

Por ello, desde HomeAway piden "unidad de mercado y claridad, que la regulación reconozca las peculiaridades y características de las viviendas de alquiler vacacional". Además, insta a que "no se favorezca el interés de unos empresarios de un sector económico concreto frente al interés general de cientos de miles de familias que tienen una vivienda para alquilar que constituye una buena parte de sus ingresos".

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