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El Gobierno aprueba el recurso contra el referéndum canario

El Ejecutivo recurrirá ante el Constitucional la consulta ciudadana que ha organizado Rivero para el 23 próximo de noviembre.

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El Ejecutivo recurrirá ante el Constitucional la consulta ciudadana que ha organizado Rivero para el 23 próximo de noviembre.

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes el recurso contra la consulta sobre los dos decretos aprobados para posibilitar la convocatoria de la consulta relativa a las prospecciones que ha impulsado Paulino Rivero.

El pasado mes de septiembre, Rivero anunció su propia consulta ciudadana sobre las prospecciones y dio a conocer el contenido de la pregunta que se formulará el 23 de noviembre.

"¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?" , es la redacción textual.

El ministro de Industria, José Manuel Soria ya advirtió a Rivero de que "ante cualquier tipo de consulta ilegal", refiriéndose a la independentista catalana y a la medioambiental canaria, el Ejecutivo actuará "siempre igual" y no permitirá "actos ilegales". Así, el recurso se hará ante el Tribunal Constitucional (TC).

Rivero: "La consulta es legal"

El Gobierno canario sigue convencido de que los dos decretos se han elaborado "desde el cumplimiento estricto de la legalidad vigente", según ha dicho hoy Rivero.

El presidente canario ha afirmado que "son razones de tipo político" las que tratan de frenar la iniciativa de su Ejecutivo. Rivero ha señalado que no conoce el contenido del dictamen aprobado ayer por el Consejo de Estado y en el que se apoyará el Gobierno central para presentar su recurso.

Ha recordado que el Gobierno autónomo, además con la aprobación del Parlamento de Canarias, solicitó al Ejecutivo estatal la convocatoria de un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas cercanas a las islas y que, ocho meses después de esa petición, "no ha dado una sola respuesta".

Por ello, ha señalado que el Gobierno de Canarias, a partir de la Ley de Participación Ciudadana, ha decidido formular una consulta a los ciudadanos de las islas, porque tiene competencia para ello.

En relación a la suspensión cautelar que solicitará en el recurso, Rivero ha afirmado que "el Gobierno no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen", pero que será "respetuoso con el ordenamiento jurídico".

Rivero confía también en que la sociedad canaria se sensibilice aún más para impedir que se ponga el riesgo el futuro de las islas "para beneficiar a una empresa privada". Por último ha lamentado que se siga tratando a las islas como una "colonia", "no dejando que se expresen los canarios y silenciando su voz".

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