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La denuncia del Tribunal de Cuentas certifica el descontrol de los cursillos de formación

La Fundación Tripartita recuerda que las conclusiones del informe se refieren al año 2010 y asegura que ya se aplican muchas de sus recomendaciones.

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Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Patronal y sindicatos organizaban, evaluaban, concurrían y adjudicaban los cursos de formación para ocupados que subvencionaba el Estado. Ésa es la principal denuncia del informe del Tribunal de Cuentas (TdC) "Sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo" que se publicaba este martes.

El organismo fiscalizador no habla de fraude, pero sí apunta a graves irregularidades. Y el problema de fondo no parece sencillo de resolver, porque apunta al corazón mismo de un sistema que está diseñado para que las grandes centrales copen unas partidas presupuestarias que ascienden a cientos de millones cada año. Con esa base, sería casi sorprendente que no hubiera cosas extrañas:

El proceso de concesión de las subvenciones públicas no ha garantizado los principios de transparencia y objetividad promulgados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal intervienen en el diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación.

Lo cierto es que la descripción que hace el TdC de todo el proceso de concesión de ayudas es, como mínimo, llamativa.

  • En primer lugar, son las Comisiones Paritarias Sectoriales (formadas por las organizaciones patronales y sindicales más representativas) "las encargadas de fijar los criterios y prioridades de la oferta formativa".
  • Además, las organizaciones más representativas a nivel nacional son "las únicas entidades habilitadas legalmente para solicitar las subvenciones destinadas a financiar los planes de formación intersectoriales".
  • Luego, a la hora de la valoración, son "estas mismas organizaciones" las que participan "en la emisión del informe de evaluación".
  • Y para terminar, "esas mismas organizaciones empresariales y sindicales más representativas son beneficiarias de estas subvenciones y ejecutantes de las mismas".

Tras todo esto, no es extraño que los autores del informe apunten que en la concesión de estas subvenciones públicas no están garantizados "los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad".

Luego, según se avanza en el documento se van encontrando los ejemplos de esta falta de control o del deficiente diseño del sistema. Así, el TdC refleja cómo el 75% de las subvenciones han ido a parar a subcontratas, con lo que las organizaciones empresariales y sindicales beneficiarias se convirtieron "en meros intermediarios necesarios" para lograr la concesión de aquellas. Y en esta línea, el informe apunta a la "excesiva subcontratación" y a la utilización de las organizaciones mencionadas como meras pantallas para que la subvención llegase a otras.

Del mismo modo, el TdC refleja sus dudas sobre el control efectivo de los cursos. Ahí es donde están los casos de ese alumno que aparece apuntado a más de un centenar de acciones formativas o esos 398 alumnos que sumaban más de 6.000 (a unas quince al año por cabeza).

Si a eso se le suman los casos en los que los alumnos terminaban siendo personal de las empresas que daban los cursos o los cursos abiertos en los que todos los asistentes llegaban desde las mismas compañías (algo extraño), no es raro que el informe haya levantado cierto revuelo.

De nuevo, lo más relevante no son las cifras (relativamente pequeñas sobre un esquema que movía casi 500 millones de euros), sino lo que se intuye tras ellas: el fracaso de todo el sistema de formación para el empleo, que mueve casi 2.000 millones de euros al año en España y que no es capaz de ofrecer resultados apreciables.

La versión de la Tripartita

En este caso, como en otros, no es fácil que el público pueda distinguir entre el titular y el contenido del informe. Así, lo primero que hay que destacar es que lo que el TdC denuncia se refiere al ejercicio 2010. En este sentido, Alfondo Luengo, director gerente de la Fundación Tripartita, explicaba este miércoles a Libre Mercado que muchas de las recomendaciones incluidas en el informe se recogen en la convocatoria ya aprobada para 2015. Por ejemplo, desde la reforma laboral se ha abierto la mano, para que no sólo patronales y sindicatos (de todo tipo, no sólo los grandes) tuvieran acceso a los fondos.

En su opinión, el Tribunal de Cuentas "ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien", aunque quizás la nota de prensa, "un híper-resumen de 4 folios que habla de un informe de 300 folios", ha sido una "bomba de relojería: interpretar sobre conclusiones es muy peligroso".

Eso sí, Luengo deja claro que "lo que denuncia no es desviación de fondos, sino falta de control". Por ejemplo, en el caso de los ingresos financieros, "no puede ser que con 40 millones de euros haya sólo 190.000 de intereses. Pero el informe no dice que alguien se haya quedado con ese dinero, sino en que no ha habido interés en seguirlo, algo que podría haber beneficiado a las propias acciones formativas".

En lo que se refiere a su institución, su visión es positiva, puesto que asegura que es la entidad "que menos recomendaciones recibe, yo estoy muy satisfecho". Otra cosa es que haya cosas que se puedan hacer mejor, pero en lo que hace referencia a su gestión "lo que nos dice el Tribunal es que es la que se esperaba de acuerdo a la legislación vigente". En este sentido, recuerda que la Tripartita no da formación, "eso lo hacen las organizaciones" y presume: "El TdC dice que nos estamos ajustando a la legalidad".

Además, asegura que como gestor lo que le interesa son las conclusiones y recomendaciones, muchas de las cuales "ya se han ejecutado, aunque hayan pasado desapercibidas para la opinión pública. En la convocatoria de este año ya está este futuro modelo".

Es más, apunta a que el nuevo sistema está mucho más cerca del mercado, con concurrencia real y capacidad de elección por parte del cliente final. O lo que es lo mismo, que todo está menos teledirigido desde la administración. Por eso, su mensaje final es que "el TdC ha hecho un gran trabajo que nosotros [la Tripartita] ya hemos ejecutado en gran parte".

El misterio

Las políticas activas de empleo son uno de esos misterios de la política española, de los que se habla mucho, de los que se conoce poco, a los que se critica de forma general y que se mantienen en el tiempo sin que se sepa muy bien si está justificada su existencia, diseño o aplicación.

En este sentido, cada vez que aparece un escándalo, ya sea porque se intuye un fraude, como en el caso de la Operación Edu que los jueces investigan en Andalucía, o porque se denuncia el mal uso de los fondos, como en el informe del TdC, se suceden reacciones similares, que ponen el foco en las personas u organizaciones implicadas, pero que rara vez analizan cuáles son los incentivos de los agentes involucrados en el proceso.

En 2013, la formación para el empleo en España movió 2.125 millones de euros. La mayor parte de este dinero la pagan los trabajadores a través de sus nóminas, con ese 0,7% que se les detrae cada mes (0,6% que aporta la empresa y 0,1% de los empleados). Hablamos de 1.860 millones de euros al año.

El resto llega de la aportación presupuestaria del Estado (en 2013 fueron unos 165 millones de euros) y de los fondos de la Unión Europea (unos 100 millones en ese mismo ejercicio). Algo menos de la mitad de esos 2.125 millones va destinada a la formación a los desempleados, mientras que la otra mitad se dirige a la formación de ocupados (quedan unos restos para el Plan Prepara y transferencias a las autonomías).

De esta bolsa, lo que quedaba dentro del análisis del Tribunal de Cuentas eran los 412 millones gestionados por la Fundación Tripartita, un organismo en el que se sientan los responsables del Ministerio de Empleo junto a representantes de las grandes patronales y las centrales sindicales con implantación a nivel nacional.

Según la definición de su propia web, su labor consiste en colaborar con el Servicip Público de Empleo Estatal "en la gestión de las iniciativas de formación que componen el Subsistema de Formación para el Empleo y apoyar las actividades de evaluación, seguimiento y control, así como la implantación de sistemas telemáticos para su desarrollo y ejecución".

El descontrol

Como apuntamos en el comienzo del artículo, el TdC no habla de fraude ni de prácticas ilegales, sino más bien de irregularidades o de falta de control. En este sentido, todas las organizaciones implicadas han reaccionado en los últimos días y han asegurado que los cursos se realizaron de acuerdo a la normativa vigente.

Así, la CEOE emitía este miércoles por la tarde un comunicado en el que aseguraba que "los citados Planes de Formación de carácter intersectorial, fueron impartidos en todo el territorio nacional y supusieron más de dos millones y medio de horas lectivas; la realización de 856 cursos y la formación de más de 35.000 alumnos de todo el territorio nacional. Una formación que, por cierto, recibió una valoración de satisfacción de los participantes de 8,50 puntos sobre 10 en el caso de CEOE y de 8,86 en el caso de CEPYME. Para ello CEOE contrató a 14 empresas de formación especializadas y CEPYME a 16, números que, por sí mismos, explican la pluralidad y diversidad de proveedores utilizados".

Pero no se debe mezclar ilegalidad, falta de control y eficacia. Una cosa no tiene que ver con la otra. El diseño de las políticas activas de empleo en España deja mucho que desear. A partir de aquí, casi es inevitable que surjan los problemas.

Los cursillos de formación, tanto del paro como los destinados a los ocupados (que son en los que se detiene el TdC en este caso), son una más de las subvenciones que el Estado o las comunidades autónomas concede sin que exista relación directa entre el beneficiario, el prestatario del servicio y el receptor de la ayuda. Así, se supone que el curso va dirigido a mejorar la empleabilidad o las habilidades de un trabajador, que puede estar en paro o pertenecer a la plantilla de una empresa.

Pero el destino del dinero lo decide un organismo público (Ministerio, Consejería o Fundación Tripartita), sin ninguna relación con los alumnos o con las empresas que quieren usar esos fondos. Por lo tanto, el principal incentivo de la entidad que organiza el curso será contentar al que financia la actividad y no diseñar un programa que sirva realmente para la persona que está buscando formación o para la empresa que busca algo útil para sus empleados. Del mismo modo, es complicado que el trabajador se sienta involucrado en un curso que muchas veces no han escogido ni él ni su empresa, y que no está claro que le vaya a aportar algo en su carrera.

Tampoco existe una correlación entre los resultados del curso y cómo se remunera a los encargados del mismo (por ejemplo, pagar más en función del número de alumnos que encuentren un empleo indefinido en los siguientes seis meses a su finalización).

Sólo el número de asistentes determina cuánto cobrará la empresa que lo organiza. Con este esquema, no es extraño que surjan fraudes de cursos falsos o alumnos que se multiplican: pocas personas tienen interés en hacer realmente estos cursillos y el dinero no premiará a quienes sepan cubrir las necesidades de los que realmente se deberían beneficiar de los mismos.

Y al final ni siquiera esto tiene que ver con la calidad de los cursos. Por ejemplo, Luengo asegura que las consultoras externas que fiscalizan la formación que se gestiona desde la Tripartita certifican el valor de este trabajo. La pregunta no es tanto si se hacen los cursos o cuántos alumnos asisten a los mismos, sino si incluso aunque se diseñen conforme a la ley acaban sirviendo para algo. No está claro que la respuesta sea positiva.

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