La introducción de un gravamen sobre las ganancias patrimoniales por cambio de residencia en la recién aprobada reforma fiscal del PP no ha dejado indiferente a los expertos, ya que no han dudado en criticar con dureza e incluso recurrir el citado impuesto por vulnerar derechos fundamentales del contribuyente y principios básicos de la UE. Dicho impuesto de salida (exit tax) consiste en castigar a todos aquellos que, cumpliendo una serie de condiciones, deseen trasladar su domicilio fiscal fuera de España, implantando así una especie de corralito tributario para empresarios e inversores a partir del próximo 1 de enero.
La Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) acaba de denunciar a España ante la Comisión Europea por considerar que esta medida vulnera la libertad de movimientos y contradice el derecho comunitario de la Unión Europea. En concreto, solicita que se inicie un procedimiento de infracción contra España por considerar que la nueva ley vulnera los artículos 18, 39 y 43 del Tratado de Roma y contradice los derechos fundamentales de libertad y movimiento de los ciudadanos.
Asinver asegura que el impuesto de salida aprobado tiene únicamente "interés confiscatorio" y que representa una "discriminación fiscal" contra la libertad de movimiento y establecimiento bajo el pretexto de una presunción general de evasión o de fraude fiscal, basado únicamente en el hecho de que una persona haya trasladado su domicilio.
"La medida aprobada no solamente ataca libertades fundamentales, sino que además representa un obstáculo tanto para los emprendedores y 'start up' españoles como para la llegada de inversión extranjera", subraya la entidad.
Javier Flores, responsable del servicio de estudios y análisis de Asinver añade, además, que "la disminución de ingresos fiscales no puede ser una razón imperiosa de interés general para vulnerar una libertad fundamental" y que, en resumen, este exit tax es "una -otra más- canallada fiscal que vulnera libertades fundamentales y cuyo único interés es el confiscatorio".
Por su parte, el presidente de la Asociación Club del Asesor (Adecla), Ignacio Ruiz Jarabo, afirma que este impuesto "está siendo objeto de crítica -ciertamente fundada-, en base a que constituye una agresión -no sé si legal o no, pero agresión en todo caso- a la libre circulación de personas, idea que, creíamos, parecía defender nuestro Gobierno y el partido que lo sustenta".
Además, "la medida irradia torpeza, al tiempo que desenmascara las verdaderas intenciones tributarias de nuestros gobernantes. En efecto, la medida es torpe, pues si un Estado penaliza fiscalmente al que se va, está lanzando un mensaje para que no venga nadie. Y, a su vez, parece claro que gravar algo que antes no estaba gravado se compadece poco con la (falsa) filosofía de la Reforma Fiscal que se nos quiere vender", advierte el experto fiscalista.
No son los únicos que han cargado contra el corralito fiscal del PP. Así, por ejemplo, según Iñaki Arrola, inversor con Vitamina K y emprendedor con Coches.com, la futura norma desincentiva la llega de nuevas empresas. "Parece que Mariano Rajoy y su Ejecutivo quieren que montes tu empresa fuera de España. Cada día hay más motivos y yo no veo fácil defender que hay que montar empresas en España".
En este sentido, Mariano Gomáriz, tax partner en Écija Abogados, explica que "esto puede crear una incertidumbre tal que ponga en peligro el uso de España como jurisdicción para canalizar las inversiones internacionales y desmotive la repatriación de negocios y grandes patrimonios a territorio español".
Asimismo, Jorge de Juan Casadevall, de Cuatrecasas, considera que la norma tendrá difícil sobrevivir a medio plazo al derecho comunitario. "La jurisprudencia comunitaria, y la Comunicación de la Comisión, y los procedimientos de infracción ya incoados, pueden contribuir a extirpar de nuestro sistema fiscal la exacción anticipada de plusvalías latentes por mudanza de domicilio fiscal, integrando un nuevo caso de la llamada armonización negativa". Según Hacienda, "la norma es similar al resto de países de nuestro entorno y pretende evitar la elusión fiscal".
Sin embargo, la abogada fiscalista Elvira Fernández Buelga, vía el blog de Carlos Guerrero, señala que, a corto plazo, la norma puede salir adelante, aunque habrá que espera a su redacción final. "Al no existir medidas de unificación o de armonización comunitaria, la competencia fiscal entre países es un hecho indiscutible y es por ello que, en tanto no se llegue a esa deseable armonización, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su poder tributario".