Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a partir del próximo 10 de diciembre la Administración General del Estado está obligada a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, incluyendo datos económicos como contratos, convenios, el desglose detallado de las partidas presupuestarias y las retribuciones anuales de los altos cargos. Eso sí, la ley reconoce el derecho genérico de rechazar las peticiones de información relacionada con "intereses económicos y comerciales", o aquellas que afecten a "la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión". Tampoco están obligados a responder a los ciudadanos los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, a pesar de que estén parcialmente financiados con fondos públicos.
Lo cierto es que los españoles no tenemos demasiados datos sobre en qué se gasta nuestro dinero. De hecho más de la mitad de las preguntas planteadas por los ciudadanos a las instituciones públicas a través de la plataforma "Tu derecho a saber" quedaron sin respuesta. Javier de Vega, responsable de comunicación de la fundación ciudadana Civio, asegura que "la mayor parte de las instituciones están acostumbradas a facilitar muy poca información, muy por debajo de los estándares de otros países y no les gusta rendir cuentas".
Los españoles no podemos saber cuestiones tan relevantes como la ejecución presupuestaria final de un ministerio. Es decir, si ha superado el presupuesto que se le adjudicó a principio de año en los Presupuestos Generales del Estado. "Cuando un ciudadano solicita el presupuesto del Congreso, lo que recibe es son los gastos previstos y nunca de forma detallada" explica Javier de Vega, que también califica de "sangrante" el hecho de que no se publique en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de los asesores de los ministros o del Presidente del Gobierno cuando "en otros países siempre aparece esa información en la gaceta oficial".
Son algunos de los motivos por los que España ocupa el puesto 40 en la clasificación mundial de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Alemania que mide la percepción de corrupción a través de encuestas a empresarios y otros expertos. En el listado de la organización, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer puesto seguidos de cerca por Finlandia. Y en la parte baja de la tabla, Somalia, Corea del Norte y Afganistán cierran la clasificación.
Dinamarca y Finlandia
Dinamarca es el país más transparente del mundo incluye en su parlamento (Folketing) la Oficina del Auditor General, una institución totalmente independiente que se encarga de auditar las cuentas del Estado para evitar errores y para asegurarse de que las finanzas del Estado se gastan de la mejor manera posible. Esa auditoría se publica en Internet y queda al acceso de los ciudadanos que pueden comprobar en cualquier momento cómo se está gastando su dinero.
El parlamento de Finlandia (Eduskunta) tiene un funcionamiento muy similar al Danés. La Oficina Nacional de Auditoría, compuesta por auditores externos e independientes, se encarga de controlar la gestión financiera y de la supervisión de la política fiscal. Su labor se intensifica durante las elecciones porque se encargan de revisar los informes que presentan los partidos políticos. En esas declaraciones se especifica punto por punto cuánto dinero se va a invertir en la campaña electoral, de dónde proceden esos fondos y en qué se van a gastar. La Oficina Nacional de Auditoria pone esos datos en la web y cualquiera puede consultar de dónde procede la financiación privada de cada partido.
Elecciones en EEUU
La transparencia en las cifras llega a un nivel de detalle inaudito en España. La Comisión Federal de las Elecciones habilita un portal de Divulgación de Finanzas en la que no sólo se pueden consultar los gastos y los ingresos de cada candidato, sino que se habilitan mapas, gráficos y tablas para facilitar el análisis de la información por parte de los ciudadanos. La información publicada incluye una hoja de gastos que incluye todo tipo de detalles como cuánto se invirtió en fotocopias, el coste de los anuncios en televisión, de los coches de alquiler e incluso de la gasolina.
Pero la transparencia política no se limita a la época de elecciones, la web del congreso publica los viajes de los representantes públicos, incluyendo los de sus asesores, y explica el motivo del viaje, el coste detallado y qué lobby o grupo de interés lo ha patrocinado.
Chile
Además, como adelantó Libre Mercado, el Parlamento de Chile publica en su web la nómina de los diputados, su asistencia a las sesiones y una hoja de gastos detallados que incluyen detalles como la factura de teléfono, cuántos viajes pagados con dinero público ha realizado y a dónde.