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El Gobierno quiere vigilar la publicidad de las grandes empresas en la prensa

El entorno de la vicepresidenta, preocupado con los medios hostiles, impulsa esta norma a escasas fechas de cinco citas electorales trascendentes.

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Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Tembory y Luis de Guindos | Archivo EFE

El Ministerio de Economía estudia obligar a las empresas cotizadas a desnudar sus inversiones en publicidad. Según ha podido saber Libre Mercado de fuentes de la CNMV, en este organismo lleva tiempo proponiéndose esta obligación de que las empresas cotizadas publiquen cuánto invierten en publicidad y en qué medios de comunicación ponen sus campañas, detallando el presupuesto aprobado para cada uno de ellos.

Aunque se trata de un asunto que se debate en el seno de la CNMV desde hace tiempo, fuentes del entorno de Luis de Guindos confirman que la propuesta concreta para incluir esta obligación en el nuevo Código Unificado de Gobierno Corporativo emana directamente del Ministerio de Economía.

Esta idea se discute en la Comisión de Expertos "en materia de gobierno corporativo" que se creó en mayo de 2013. El objetivo del sanedrín no era otro que "remitir al Gobierno un estudio en el que se analice el marco actual existente en España del Buen Gobierno Corporativo y se propongan cuantas medidas permitan mejorarlo, valorando, en particular, la potenciación del papel de las juntas de accionistas en el control de las políticas de retribución de los órganos de gestión y alta dirección de la sociedad, así como la posibilidad de elaborar un Código de Buenas Prácticas para las sociedades no cotizadas".

Esta comisión cuenta con una representación del Ministerio de Economía, formada por Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y Competitividad y por Íñigo Fernández de Mesa Vargas, Secretario General del Tesoro y Política Financiera. Según algunas informaciones, el subsecretario Temboury habría sido el principal impulsor de esta medida, que dejaría al desnudo la estrategia publicitaria de las grandes compañías cotizadas.

Temboury es un hombre muy cercano a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y en un momento en que el Gobierno afronta hasta cinco citas electorales. Establecer esta obligación a las empresas cotizadas es una exigencia de rendición de cuentas a las compañías para conocer de forma periódica su capacidad publicitaria y, al mismo tiempo, saber qué grupos de comunicación son más beneficiados.

En la CNMV nos matizan que el objetivo de esta propuesta es "averiguar si la prensa informa de forma objetiva de una empresa cuando ésta firma jugosos contratos de publicidad en ese medio de comunicación". En cambio, desde la subsecretaría de Empleo se justifica esta medida diciendo que es necesario dar transparencia a las sociedades cotizadas que buscan ahorro privado mediante anuncios en prensa. Si esta iniciativa se convierte o no en norma se conocerá cuando se apruebe el nuevo código unificado que la CNMV quiere presentar a mediados de febrero.

Otras fuentes del entorno de Moncloa aseguran que existe preocupación entre los estrategas electorales sobre los medios de comunicación hostiles al Ejecutivo. Sin duda, una exposición pública de la estrategia de comunicación de cada una de las compañías cotizadas añadiría vulnerabilidad a los grupos de comunicación con quien contratan la publicidad.

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