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El Estado, un gran lastre para las empresas en concurso de acreedores

En los últimos seis años, coincidiendo con la crisis económica, más de 40.000 sociedades mercantiles se han declarado en concurso de acreedores.

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En 2013 aproximadamente el 95% de las empresas declaradas en concurso acababan en liquidación. En los últimos seis años, coincidiendo con la crisis económica, más de 40.000 sociedades mercantiles se han declarado en concurso de acreedores, según los datos recopilados por Axesor.

De todos los años, 2013 fue el peor, con 8.823 casos. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, no es de extrañar que el sector más afectado ha sido el de la construcción, con un total de 12.747 casos registrados, lo que supone un 31,77% del total. Sin embargo, en 2014, la tendencia parece estar cambiando.

El año pasado registró un descenso del 26,4% tras cuatro consecutivos al alza. De hecho, el número de concursos declarados en 2014 es el más bajo desde 2011, pero aún es un 151,27% superior a los niveles de 2008. La recuperación económica y la reforma de la ley concursal, que entró en vigor hace unos meses, está permitiendo que muchas empresas logren refinanciar sus deudas y que el concurso no acabe en liquidación.

Y es que la reforma de la ley concursal pretende evitar precisamente eso, que más del 90% de las empresas que se agarran a esa situación acaben liquidadas, es decir, dar una segunda oportunidad a las compañías que, pese a estar endeudadas, son aún viables. Esto se hace, fundamentalmente, facilitando su refinanciación con los acreedores.

Sin embargo, no todos los acreedores tienen el mismo peso. Hacienda, Seguridad Social y el resto de administraciones públicas son los primeros en cobrar en procesos concursales sobre pymes o autónomos. Y si ellos no cobran sus deudas pendientes, no se inicia el proceso.

¿Cuándo es viable una empresa endeudada?

Pero, ¿cuándo se considera viable una empresa? Una empresa es viable, por norma general, cuando su negocio principal lo es. "La lógica es pensar que una empresa que tiene una actividad económica que per sé es fiable. Sin eso no tiene sentido hablar de viabilidad", aclara Ignacio Barainca, Socio de PKF Attest y experto en ley concursal a Libre Mercado.

Sin embargo, hay negocios que pese a parecer que tienen viabilidad, después de acometer reformas importantes, tras reducir su estructura, siguen arrastrando deudas que hacen poco posible que la marcha del negocio sea viable. Por eso, la nueva ley concursal intenta quitar ese lastre pasado para intentar sobrevivir en el futuro.

"Si la rentabilidad económica es viable y lo puede ser a futuro esto es lo que permiten estas medidas quitar el lastre". Entre esas medidas destaca la capitalización de créditos. Esta reforma fomenta que esos créditos que tiene la empresa en apuros con la banca se puedan convertir en capital. "Un cierto sacrificio por parte de la banca puede tener sentido, mejor que dejar caer a la empresa", asegura el experto.

No obstante, no todos los acreedores tienen el mismo peso. Hacienda y Seguridad Social son los primeros en cobrar en algunos casos."De alguna forma tienen una serie de privilegios que se les han respetado en la ley concursal desde el principio. Es difícil levantárselos y el legislador no ha tenido muchas ganas de molestar a estos acreedores", asegura Barainca.

"Preservan estos privilegios de acreedores que precisamente dificultan la consecución de esos acuerdos", añade. Por ejemplo en esta legislación sobre intermediación prejudicial para pequeños autónomos, empresarios y personas físicas una de las condiciones es la satisfacción de la deuda pública lo que "dificulta cualquier acuerdo". Esa suele ser una carga importante de las pymes, si la condición es sine qua non, es complicado que se llegue a alguna opción.

Además, los institutos de financiación preconcursales han incluido, tras la reforma, modificaciones en la ley para que las empresas que ya están en concurso puedan salir adelante y tengan determinadas facilidades vía cumplimiento de sus convenios.

"En caso de que haya convenios o vía las liquidaciones translativas, para que cuando se liquide, no se liquide en forma desguace, que se liquide intentando que la empresa pase a otras manos o unidades productivas autónomas. Salvar empleo, que se mantengan los clientes, en definitiva salvar la actividad", dice Barainca.

¿Está dando resultado?

Lo cierto es que, aunque la medida lleva poco tiempo utilizándose, parece que ya se está empezando a notar un cambio de tendencia. Según los expertos consultados hay una serie de empresas de tamaño significativo, muchas dentro del mundo inmobiliario o de la construcción, que en este momento están capeando el temporal con este tipo de medidas. "Hay procesos de refinanciación ejemplares como el de Eroski. Se ha logrado firmar un acuerdo con la banca que ha permitido arrastrar a los acreedores que podían ser, en principio, disidentes".

Ese es uno de los principales problemas y cambios que ha introducido esta nueva ley. La formación de mayorías de acreedores para llegar a un acuerdo sobre la deuda han cambiado. "Hay unas mayorías bastantes reforzadas para que un acreedor disidente no pueda cargarse el proceso de refinanciación como podía ser antes", añade Barainca.

Si la mayoría de los acreedores financieros dan la oportunidad porque hay un plan de viabilidad que soporta esa viabilidad futura del negocio, puede haber un acreedor disidente que se cargue la operación. Hay mayorías desde un 50% con las que se puede llegar a unos niveles de acuerdo en algunos puntos. Para poder acceder a niveles de quita superiores, se necesitan acuerdos del 65%.

Para llegar a acuerdos superiores que supongan incluso arrastrar a acreedores que puedan ser disidentes se necesitan unos volúmenes del 85%. "Hay una casuística muy amplia en esta reforma de la ley en cuanto a las mayorías", asegura el experto.

Y todos estos porcentajes para llegar a acuerdos dependen también de qué tipo de acreedor seas. No es lo mismo arrastrar a un acreedor que tiene una garantía a otro que no tiene una garantía real. "En principio, con la ley en la mano, con estas reformas pueden torpedear el acuerdo, llegar al 85% para poder arrastrar a un acreedor que tiene semejantes garantías", añade.

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