El Gobierno de Rajoy, compuesto en su gran mayoría por funcionarios adoradores del statu quo, llevó a cabo algunas reformas importantes al comienzo de la legislatura, cuando la prima de riesgo seguía copando titulares en los que se vislumbraba el colapso de la economía. Pero cuando Draghi inundó Europa de dinero barato, el supuesto afán reformista cesó por completo, con lo que quedó claro que no habían sido las ideas liberales ni el sentido común lo que habían guiado hasta entonces al Ejecutivo, sino una soga al cuello. En cuanto la amenaza cesó, cesaron también las reformas. Y por importante que sea la macroeconomía, los datos de gasto público, déficit y deuda, es al final en la microeconomía donde están las principales causas de que países como España o Grecia no logren salir adelante. Se habla mucho de los países nórdicos como ejemplos, pero cuando se habla de flexibilizar y desregular nunca nos fijamos en ellos.
El recientemente publicado informe de la OCDE Going for Growth identifica cinco áreas en las que sería clave actuar. No son las únicas, y en algún caso posiblemente tampoco sean las más importantes, al menos a corto plazo. Pero resulta desolador observar cómo España no ha realizado progresos significativos en ninguna de ellas en los dos últimos años, desde la publicación del último informe, en el que básicamente se nos pedía lo mismo que en éste.
El denominador común de todas las reformas que no se han hecho es, precisamente, que el principal obstáculo al que se enfrentan son los intereses creados, esos que el PP de Rajoy respeta con fervor religioso. Por ejemplo, reducir las profesiones que necesitan de licencia para ejercer beneficia a la economía y a los consumidores al incrementar la competencia, pero perjudica enormemente a quienes ya disponen de ese permiso. El caso de Uber y los taxistas es paradigmático, pero está lejos de ser el único: oligopolios como el eléctrico y monopolios como el del tren tienen enormes incentivos para impedir que entren nuevas empresas en sus sectores. La reforma educativa necesitaría de instituciones a las que les importara más la educación que sus privilegios y comodidades, algo a lo que la casta universitaria siempre se ha resistido. Sindicatos y patronal nunca aceptarán un cambio en las políticas activas de empleo que les quite el chollo de los cursos de formación.
Pero quizá el caso más sangrante y urgente sea el del mercado laboral. Aunque insuficiente, hay que reconocer que es uno de los pocos ámbitos donde actuó en la buena dirección este Gobierno. Pero la reforma era insuficiente, y además dejaba demasiadas cosas a la interpretación de los juzgados de lo laboral, que en muchos casos la han dejado en nada. Urge una simplificación, un contrato único al que se oponen los socialistas de todos los partidos del arco parlamentario. La única esperanza en este sentido es el fichaje de Garicano por Ciudadanos.
Era difícil contener la risa cuando en los Consejos de Ministros de los viernes se hablaba de reformas estructurales y acto seguido anunciaban medidas de tan extraordinario calado como una web donde se informaba de los horarios de los autobuses rurales. El Gobierno de Rajoy comenzó la legislatura con una mayoría absoluta que le concedía una enorme legitimidad para abordar los cambios que en algunos casos España demandaba desde hace décadas. Pero aprovechó, sobre todo, para subir los impuestos. El resultado ha sido la dilapidación de la fama de buen gestor que disfrutaba el PP desde los tiempos de Aznar y avivar el auge de la extrema izquierda.