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La OCDE 'persigue' a Rajoy: las cinco reformas a las que se resiste desde 2012

Mercado laboral, educación, contrato único, liberalizaciones,... Las asignaturas pendientes de la economía española siguen igual que hace cinco años.

"La mayor agenda reformista de la historia de España". Así definía, hace unos días, Luis de Guindos, los últimos tres años de Gobierno de Mariano Rajoy. Es el discurso oficial. La economía española se recupera, poco a poco, de la recesión más grave del último medio siglo. Y desde el Palacio de la Moncloa se repite una y otra vez el mismo argumentario: las reformas impulsadas por el Ejecutivo del PP han dado la vuelta a la tortilla y un país que en el verano de 2012 parecía abocado al rescate ahora es el alumno aventajado de la Eurozona.

El problema es que cuando se habla de reformas siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Se han hecho cosas pero también habrá quien diga que quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaba su estudio anual Going for growth (se podría traducir como Impulsando el crecimiento). Junto a las recetas que podríamos considerar globales, cada uno de los países de la organización, los más ricos del mundo, tiene un capítulo con las recomendaciones que los expertos del organismo creen que debería seguir para impulsar su economía.

España también tiene las suyas (pag. 287-289). Esto no es extraño, puesto que ya decimos que todos los países reciben un análisis personalizado. Lo peculiar, en este caso, es que buena parte del texto dedicado a nuestro país es muy parecido al de los últimos cinco años. Hay una serie de reformas que parecen estar permanentemente ahí. De las que siempre se habla, pero a las que nadie mete mano.

A primera vista, no parecen demasiado complicadas de afrontar. El diagnóstico está claro y la mayoría de los expertos reclaman un cambio. De hecho, el Gobierno llegó a insinuar que haría algo en estos campos. Pero eso fue hace tres años, cuando la prima de riesgo mandaba. Ahora, el ruido ha bajado mucho. Nada hace pensar que en ninguno de los cinco puntos que la OCDE reclama vaya a haber cambios fundamentales. La sensación es que la inercia y los intereses creados volverán a imponerse.

Las cinco reformas

La buena o mala marcha de la economía de un país se basa en su capacidad para producir bienes y servicios que los demás quieran comprar. En este sentido, para que España crezca necesita mejorar su productividad: hacer más con menos, innovar, crear nuevas oportunidades de negocio.

A corto plazo, parece que se ha detenido el desplome. Las tres grandes reformas que el Gobierno acometió en 2012 (sistema financiero, mínimo ajuste en el gasto público y reforma laboral) permitieron que el país evitase el rescate y el impago, algo que no estaba tan claro en aquel momento.

Pero a medio plazo, la economía española sigue viéndose lastrada por ineficiencias. Son problemas estructurales, que podían identificarse desde antes de la crisis, pero que quedaron oscurecidos durante los años de la burbuja, cuando parecía que el crecimiento duraría para siempre. La OCDE cree que para impulsar la competitividad es imprescindible hacer algo en estos campos. En su informe de este martes destaca cinco.

Muchos se preguntarán, ¿por qué no se hace nada si está tan claro? Si incluso miembros de este Gobierno publicaron en su día columnas en la prensa pidiendo reformas similares. La respuesta es que no es tan sencillo. Todos estos campos tienen ya jugadores (los famosos insiders) que se resisten al cambio, fundamentalmente porque les perjudicaría. Por eso políticamente es tan complicado.

Porque cuando un grupo de presión establecido quiere que las cosas sigan como están, incluso aunque las novedades pudieran ser buenas para la mayoría, es muy difícil enfrentarse a quien controla un sector y está organizado. Las cinco reformas que la OCDE vuelve a proponer esta semana son un gran ejemplo. Llevamos años hablando de ellas. Nada hace pensar en que en esta ocasión vaya a ser diferente:

1. "Mejorar el acceso a los niveles superiores de la educación y asegurarse de que los programas se adaptan a las necesidades de los mercados laborales". Los autores piden que la "educación vocacional" (lo que en España llamaríamos FP) esté más orientada a la "práctica" y a lo que demandan los empleadores.

Además, recomiendan que aumente la "especialización" en las universidades, que se mantengan las becas, al menos mientras se desarrollan otros esquemas, como los créditos al estudio. También hay un apartado para la "formación para adultos y trabajadores poco cualificados".

En realidad, el Gobierno ya ha hecho algo en esta dirección. Pero va lento y afecta a pocos estudiantes. La semana pasada hablábamos de la FP Dual, de las oportunidades que podría ofrecer y de las resistencias a las que se enfrentaba; en la universidad, el Ministerio de Educación planteaba cambios en el plan de estudios. Sindicatos y centros educativos se oponen a la primera y los rectores a la segunda. Como en otros muchos aspectos, cualquier cambio en España primero debe enfrentarse a la oposición de los que ahora se benefician del actual modelo.

2. "Reforzar las políticas activas de empleo". Otra de esas reformas eternas. Siempre sale a relucir cuando se apunta a los cambios en el mercado laboral. Es imprescindible para mejorar la productividad de los trabajadores, especialmente de los menos cualificados. Cuando alguien queda en paro, pierde capital humano y capacidades a cada semana que pasa.

Para evitarlo, se activan las llamadas políticas activas de empleo (en contraposición a las pasivas, nombre técnico del pago de subsidios). En España, son los famosos cursillos, que pueden darse a trabajadores y parados. Parece evidente que no están funcionando, pero hay muchos obstáculos para plantear una reforma en profundidad. La OCDE pide "reforzar las medidas para los parados", introduciendo mecanismos "de evaluación" y destinando los recursos a los proyectos que se han demostrado más eficientes. El Gobierno asegura que la próxima reforma marchará en esta dirección. Pero el sistema mueve mucho dinero y los actuales beneficiarios querrán mantener su cuota. No será sencillo cambiarlo.

3. "Hacer los salarios más sensibles a los cambios en las condiciones económicas". Lo que la OCDE propone es cambiar las reglas de la negociación colectiva. La idea es que las empresas se puedan ajustar a los cambios en el entorno y no se vean atadas por acuerdos que no han firmado. Es decir, que los convenios de ámbito superior a la empresa no se conviertan en la tumba de las compañías en dificultades.

Para lograrlo, los autores plantean "incrementar los requisitos de representación" exigidos para que un convenio se aplique en un territorio o un sector y obligar a que las firmas tengan que acepter de forma explícita el convenio para que se les aplique (ahora, se ven atadas si no dicen nada). También en esto la reforma laboral planteó algunos cambios, aunque sin llegar tan lejos. Y en algunos aspectos, como la ultraactividad, la falta de concreción del legislador ha permitido que los tribunales cambien el sentido de lo previsto por el legislador.

En esta cuestión de la negociación colectiva y los convenios, las reticencias al cambio son múltiples. Tanto a sindicatos como a algunas organizaciones patronales lo de quitarles poder para dárselo a las empresas y trabajadores no les sienta demasiado bien.

4. "Reducir las diferencias entre los contratos fijos y los temporales". Volvemos a la vieja discusión sobre la dualidad del mercado laboral. Tras tres años de reforma laboral, los cambios en este aspecto son mínimos. Los trabajadores en España se dividen entre indefinidos (muy protegidos) y temporales (que sufren las consecuencias de cualquier cambio en la actividad). Es una losa para el crecimiento y la productividad, que acaba repercutiendo negativamente en la empresa y en sus empleados. Pero nada se toca. Cualquier cambio en este sentido es tabú, porque se asocia a reducción del coste de despido.

La propuesta de la OCDE es establecer una única compensación por despido "para todos los tipos de contrato", que debería ser baja inicialmente e ir subiendo según aumente la antigüedad. En términos prácticos, es el contrato único con indemnización creciente que propuso Fedea hace ya un lustro. El Gobierno ha asegurado por activa y por pasiva que no lo aprobará.

De hecho, ésta es una de esas propuestas que tienen una rara unanimidad. Aunque muchos expertos la apoyan, prácticamente todos los partidos parlamentarios, sindicatos y patronales se oponen siempre que sale a la palestra.

5. "Rebajar las barreras de entrada en industrias no manufactureras". Otro clásico de los informes sobre España. Nuestro país tiene un sector servicios intervenido y dominado por los insiders, que se benefician de su situación para bloquear la entrada de nuevos competidores y hacer lobby ante el Gobierno para que les proteja desde el BOE.

Por eso, la OCDE pide "reducir el número de profesiones que requieren ser miembro de un colegio profesional, mejorar la competencia en el mercado de la electricidad, reducir las barreras de entrada en el sector del transporte y aplicar de forma rápida y efectiva la Ley de Unidad de Mercado".

Todos estos consejos se han repetido hasta la saciedad. Y todos ellos se han estrellado con las inercias y los intereses creados. En Going for growth 2015 vuelven a aparecer. La OCDE pide al Gobierno que haga algo al respecto. ¿Le escucharán esta vez?

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