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Bruselas modificará la obligación de declarar los bienes en el extranjero

La Comisión Europea tiene la intención de abrir un expediente a España por la medida de Montoro, según Expansión.

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El pasado mes de febrero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presumía en el Congreso de que 32.125 contribuyentes declararon por primera vez en 2014 bienes en el extranjero por valor de 30.351 millones. Para Montoro, la nueva obligatoriedad de declarar los bienes de fuera de España, puesta en marcha en 2012, supone el "mayor esfuerzo" de identificación de bases imponibles de la historia, lo que hará que se "financien los servicios públicos y que se pueda reducir el déficit".

Ahora, la Comisión Europea le ha dado el primer tirón de orejas al Ministro de Hacienda. Para Bruselas, la decisión de obligar a los contribuyentes de declarar los bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros a través del modelo 720 "infringe el Derecho comunitario" en su régimen sancionador, que considera "desproporcionado". Por lo tanto, la CE tiene "la intención de proponer la incoación de un procedimiento de infracción al respecto". Así lo explica Bruselas en un documento que ha remitido a contribuyentes que han denunciado la ilegalidad de esta obligación fiscal, al que ha tenido acceso el diario Expansión.

Hacienda también ha informado de que ya hay 7.000 contribuyentes "preseleccionados" sobre los que existen "indicios de que tenían que haber presentado" declaración de bienes en el extranjero, de que lo hicieron fuera de plazo o de que los declararon en 2014 cuando debían haberlo hecho en 2013. Según el fisco, a lo largo de 2015 se harán comprobaciones "pormenorizadas". Estos contribuyentes se enfrentan a multas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos o inexactos, con un mínimo de 10.000 euros. Bruselas considera desproporcionadas estas mutas respecto a otros impuestos de ámbito nacional.

Además, la CE considera que al impedirse la prescripción de la no declaración de los bienes se puede estar infringiendo la jurisprudencia comunitaria que sólo justifica un mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude fiscal cuando resulta proporcionado, según explica el diario de Unidad Editorial. En este sentido, Bruselas indica expresamente que "tiene la intención de profundizar en este aspecto de la investigación y proponer la incoación de un procedimiento de infracción".

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