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La CE investiga el anillo ferroviario impulsado por Zapatero en Antequera

La inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto era de 350 millones de euros.

La Comisión Europea (CE) abre una investigación sobre la financiación del Anillo Ferroviario de Antequera –vinculado al Centro de Tecnología Ferroviaria (CTF) de la capital malagueña- y cuestiona su viabilidad e interés. El Anillo Ferroviario, situado casi en medio del campo, fue una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno del expresidente Zapatero, hoy paralizado.

La inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto era de 350 millones de euros. El exministro José Blanco aseguró que se crearían 7.000 empleos, 4.800 directos, y que beneficiaría a siete municipios, seis de Málaga y uno de Córdoba.

Ahora, la Comisión Europea, subraya ABC, quiere "examinar" este proyecto presentado hace cuatro años por el exministro de Fomento, José Blanco, y el anterior presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, proyecto que contemplaba la construcción de un banco de pruebas para trenes de alta velocidad en la Vega de Antequera donde los trenes podrían alcanzar más de 500 kilómetros por hora.

La megalómana idea era que compañías y países –lejanos, como Japón; o cercanos, como Francia- se trasladaran a Antequera para realizar test a sus trenes. Ahora, la Comisión dice que no hay demanda para ese tipo de centros y que tales infraestructuras sean de interés común, ha recogido EFE.

El caso es que se gastaron fondos europeos en esta faraonada. Siete millones de euros se han empleado en la construcción de dos naves en Bobadilla y otros 3.5 en su equipamiento. 200 millones más de los fondos FEDER fueron bloqueados. La financiación global era pública, parte del Estado español y parte de los Feder.

La CE ha acusado a España de no facilitar la información adecuada para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la Unión Europea en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio. Por ello, abre una investigación que ahora recae sobre el gobierno del PP que tiene que esperar ahora a la resolución de la investigación y que tiene que asumir el "marrón" de explicar a los alcaldes de las siete localidades afectadas que no habrá puestos de trabajo por ahora.

El PSOE sigue defendiendo el proyecto, acusando al PP de su parálisis, aunque cuando es conocido que no hay ofertas de uso futuro de las instalaciones.

Acciones judiciales contra el anillo

Cuando el Ministerio de Fomento de Ana Pastor anunció la licitación de las obras de ejecución se presentaron 1.500 alegaciones y en los tribunales se interpusieron al menos cinco denuncias en los juzgados y otras en distintas instancias y organismos. La primera denuncia fue por "la posible existencia de una infracción penal" en la tramitación de este proyecto que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.

Posteriormente, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso contra el estudio de declaración medioambiental de esta infraestructura y otros tres juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo hicieron lo mismo por incumplimiento de siete leyes.

Incluso la Universidad de Málaga en un estudio ad hoc señalaba que el proyecto entraba en "severo conflicto" con el ordenamiento jurídico español e incluso con el Plan Especial de Protección del Medio Físico aprobado en 2007 por la Junta de Andalucía y recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

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