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Podemos quiere crear una "Policía fiscal" y entrar en domicilios privados sin orden judicial

Pagar a "confidentes", rebajar el delito fiscal a 50.000 euros o acceder a tarjetas de crédito son otras medidas de Podemos contra el fraude fiscal.

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Pagar a "confidentes", rebajar el delito fiscal a 50.000 euros o acceder a tarjetas de crédito son otras medidas de Podemos contra el fraude fiscal.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias | Archivo

Todos los partidos políticos emplean de forma torticera la lucha contra el fraude fiscal, en mayor o menor medida, para afirmar que su programa elevará la recaudación de forma sustancial y, de este modo, poder financiar buena parte de sus promesas de gasto. Sin embargo, Podemos se lleva la palma en este ámbito, ya que, por un lado, aspira a ingresar mucho más dinero, y, por otro, propone el listado de medidas más radical de España y, posiblemente, del mundo desarrollado.

Su borrador de programa fiscal, elaborado por el Círculo 3E (Ecología, Economía y Energía), de gran peso dentro de la formación, servirá de base para la elaboración del programa electoral de Podemos de cara a las próximas generales y, entre las numerosas medidas propuestas, no sólo incluye una histórica subida de impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, cotizaciones sociales...) y la mera promesa de una Renta Básica, sino un detallado plan contra el fraude tributario.

De hecho, la formación que lidera Pablo Iglesias sitúa el fraude como problema número uno en materia fiscal, puesto que no dudan en tildarlo de "gravísimo cáncer que padece la sociedad española", "principal lacra" del sistema tributario y "principal fuente de injusticias e ineficiencias". Su plan en este ámbito de resume en cuatro bloques: cambio constitucional, reforma de la Administración tributaria, medidas concretas contra el fraude y cooperación internacional.

El domicilio dejaría de ser inviolable

Uno de los puntos más importantes que recoge el borrador consiste en promover un "proceso constituyente" para modificar un derecho fundamental de la Constitución: el artículo 18.2, referido a la inviolabilidad del domicilio privado. Esto es lo que establece la Carta Magna al respecto:

18.2 - El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Y éste es el texto alternativo que plantea Podemos:

El domicilio de las personas físicas es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Los órganos del estado encargados de la aplicación de los tributos, de la legislación laboral y de las leyes antimonopolio podrán entrar en los domicilios de las sociedades mercantiles y en las sedes de las empresas para el cumplimiento de sus funciones en los términos establecidos por la ley.

El cambio, por tanto, es sustancial. El partido de Iglesias defiende que los inspectores de Hacienda, los inspectores de Trabajo y las autoridades de Defensa de la Competencia puedan entrar en las sedes de las empresas (un domicilio privado) sin necesidad de orden judicial, vulnerando así un derecho fundamental consagrado en los países más avanzados, como es la inviolabilidad del domicilio (tanto de personas físicas como jurídicas).

Esta medida recuerda, por tanto, a la famosa patada en la puerta del exministro socialista Corcuera, en donde se permitía a la Policía entrar en los domicilios privados sin orden judicial para perseguir delitos relacionados con el narcotráfico, solo que, en este caso, se aplicaría a investigaciones relacionadas con el Fisco, la regulación laboral y las normativas de competencia. Sin embargo, la Ley Corcuera fue anulada por el Tribunal Constitucional por vulnerar un derecho fundamental, de ahí que Podemos plantee modificar la Carta Magna.

Crear una "Policía fiscal" y más inspectores

En cuanto a la estructura y organización de la Agencia Tributaria (AEAT), el citado documento incluye numerosas medidas con el fin de reforzar las plantillas y, sobre todo, las competencias de Hacienda a la hora de vigilar a los contribuyentes y perseguir posibles delitos fiscales. Entre otras, destacan las siguientes:

- "La AEAT debe tener ya un Estatuto básico en el que entre otras cuestiones se incluya que el nombramiento del Director General de la Agencia se realice por el Parlamento, ligado a la presentación de un contrato-programa de cinco años".

- "Es urgente incrementar los medios personales de la AEAT, buscando su equiparación con las administraciones de nuestro entorno en número de empleados respecto a la población y al PIB".

- "Proponemos la aprobación de una Ley anual tributaria y de medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal".

- Reforzar los programas de cooperación con la inspección de la Seguridad Social.

- "La administración de justicia debería contar con instancias especializadas (juzgados y fiscalías) que permitiesen tratar con el fenómeno del fraude de forma más eficiente".

- "Ha de crearse una policía fiscal, de la que constituye su embrión los funcionarios de Vigilancia Aduanera".

- "Debe de reconocerse legalmente a la AEAT la competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública".

- Autorizar el pago de dinero a "confidentes" en investigaciones relacionadas con el fraude fiscal.

Listado de medidas concretas

Asimismo, Podemos plantea una larga lista de medidas concretas para desincentivar, perseguir y sancionar el "cáncer" del fraude fiscal. A continuación, las principales propuestas:

- Rebajar de 120.000 a 50.000 euros la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un delito fiscal.

- Eliminar las deducciones por amortizaciones extraordinarias de fondos de comercio de sociedades adquiridas en el exterior, procurando que el beneficio fiscal responda real y efectivamente a su finalidad que es eliminar la doble imposición.

- Modificar la redacción de los Convenios de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio firmados por España para incorporar normas generales anti-elusión.

- Devolver a la AEAT del control fiscal de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

- Tributación en régimen de transparencia fiscal de las SICAV y los fondos de inversión con menos de 500 partícipes reales, o en donde haya participaciones significativas, imputando las rentas a los titulares de participaciones significativas.

- Derogar el régimen especial de las sociedades de capital riesgo y de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

- Potenciar las transacciones electrónicas.

- Restringir los pagos en efectivo y procurar los acuerdos necesarios para la supresión de billetes de 200 y 500 euros.

- Considerar no deducibles tanto en rendimientos de actividades económicas del IRPF como en el Impuesto de Sociedades, los pagos realizados en efectivo y la realización de gastos suntuarios o superfluos, como determinados gastos de viajes, de restauración o de amortización de bienes que exceden de los medios necesarios para el ejercicio de una actividad empresarial.

- Las entidades emisoras de tarjetas de crédito estarán obligadas a remitir a la Agencia Tributaria la información de los cobros que haya realizado cualquier empresario o profesional. Por ello, se prevé el acceso automático, "on line" y sin restricciones, a los ficheros y Bases de Datos utilizados para direccionar estas transacciones por las citadas entidades o agrupaciones de entidades de crédito.

- Ampliar las sanciones a otros ámbitos no pecuniarios de la vida diaria, como exigir la devolución de ayudas públicas, inhabilitar temporalmente la concesión de ayudas futuras, sancionar con la pérdida temporal de determinados derechos al uso de servicios públicos de toda clase, sancionar con multas extratributarias, etc.

- Ampliar el plazo de duración del procedimiento inspector hasta los 30 meses.

- Elaborar listados públicos de deudores insolventes y de los fraudes detectados más relevantes.

- Incluir en la Constitución la prohibición absoluta de todo tipo de amnistías fiscales, ya sea de forma generalizada o individual.

'Paraísos fiscales' y cooperación internacional

Por último, Podemos le declara la guerra a los paraísos fiscales, entendidos éstos como "toda aquella jurisdicción que, además de aplicar un nivel de tributación reducido, niega la información que terceros países necesitan para poder reprimir conductas delictivas y aplicar sus sistemas fiscales, consagrando el secreto bancario y el anonimato como valores centrales de su sistema legal y constitucional".

Sin embargo, puesto que en esta materia se necesita la colaboración de organismos e instituciones internacionales, este bloque no deja de ser una mera declaración de intenciones, puesto que su implementación definitiva dependería, en todo caso, del visto bueno del resto de países avanzados, tanto a nivel de la UE como de la OCDE.

A continuación, las principales propuestas:

- Que altos cargos públicos y diputados presten su consentimiento escrito para que la AEAT confirme con terceras jurisdicciones que no tienen cuentas sin declarar en el extranjero.

- Incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero.

- Los bancos que operan en España han de facilitar información relativa a las cuentas y operaciones realizadas por sus clientes españoles en sus matrices, filiales o sucursales en el extranjero. En caso contrario, las sanciones podrán imponer la "pérdida de la ficha bancaria".

- Reclamar a la OCDE la elaboración de una lista de países incumplidores en materia de transparencia fiscal para aplicarles una un gravamen equivalente al 30% del importe de cualquier flujo financiero que tenga como destino las entidades financieras radicadas en esas jurisdicciones.

- Reclamar a la OCDE que encomiende al Fondo Monetario Internacional la formación de un Catastro financiero mundial.

- Reclamar a la OCDE que encomiende al Fondo Monetario Internacional la creación de Impuesto Global sobre el Capital.

- Reclamar a la OCDE que exija a las multinacionales la rendición de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales.

- Reclamar a la OCDE un acuerdo global para gravar el beneficio mundial de las sociedades en función de las ventas, la masa salarial y el importe del capital utilizado en cada país.

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