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¿Qué propone Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona?

El "bien común" tal y como lo entiende Ada Colau incluye subidas de impuestos, destrozar el turismo y muchos más funcionarios en Barcelona.

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El "bien común" tal y como lo entiende Ada Colau incluye subidas de impuestos, destrozar el turismo y muchos más funcionarios en Barcelona.
EFE

Tras muchos años como principal bastión municipal del PSC y una legislatura en manos de CiU, la extrema izquierda de Ada Colau y Podemos llega al Ayuntamiento de Barcelona. Una experiencia nueva para una ciudad en la que, hasta ahora, prácticamente no ha habido debate ni iniciativa progre que no haya encontrado acomodo en la ciudad condal.

Pero ahora ya no se trata de debates callejeros, asambleas vecinales o eventos muy bien subvencionados: ahora las propuestas más a la izquierda del arco político entran en las instituciones y, aunque no tenga mayoría, el maremágnum de partidos en el consistorio barcelonés y los complejos de muchos hacen pensar que Colau podrá poner en marcha buena parte de su programa.

¿Y qué hay en ese programa, qué propone Colau para la segunda ciudad más grande de España? Vamos a analizar las partes más importantes del contrato que, presuntamente, la coalición Barcelona en Comú ha suscrito con los electores.

Contra el turismo

Lo más llamativo del programa de Colau es, probablemente, la serie de medidas que parecen enfocadas para acabar con el turismo, uno de los sectores más importantes para la economía barcelonesa, si no el más.

Barcelona recibe cada año 27 millones de turistas y todo parece indicar que éste es un número excesivo para Colau y los suyos, que pretenden "establecer una moratoria de concesión de nuevas licencias para todos los tipos de alojamiento turístico". Dicho de forma más directa: no se podrá abrir ningún nuevo hotel en la ciudad, de ningún tipo, de ninguna categoría, sea cual sea el público al que esté dirigido.

De hecho, lo más probable es que la oferta no sólo no crezca sino que disminuya, ya que a la hora de mantener las licencias ya existentes se optará por "una estrategia de descongestión de las zonas sometidas a mayor presión ambiental y social". Supuestamente, esto debe compensarse con "iniciativas concretas de Bed and Breakfast" en las zonas "menos congestionadas", pero, obviamente, en estas áreas con menos demanda no aparecerán nuevos negocios porque nadie querrá invertir allí, así que el número total de establecimientos caerá.

Para redondear el pánico que esto puede producir al sector, Colau anuncia una guerra frontal contra los apartamentos turísticos, endureciendo las sanciones contra este tipo de alquiler, aunque, según su programa, "se promoverá el alquiler social como medida alternativa a las sanciones económicas". Asimismo, propone subir impuestos e implantar nuevas tasas turísticas.

Vivienda y... ¿okupación?

La exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que nunca tuvo hipoteca ha querido, por supuesto, presentarse a las elecciones con un programa en el que la vivienda sea uno de los puntos fuertes.

Las propuestas de Colau empiezan por asegurar que se evitarán los desahucios "por motivos económicos". Para lograrlo, lo primero será amenazar a los propietarios con el escarnio público: "El Consistorio denunciará públicamente a las entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios que no se muestren favorables a la negociación y estudiará otras medidas de presión, como dejar de operar con las entidades bancarias en cuestión".

Al mismo tiempo, se tratará de obligar a bancos y cajas a que incorporen las viviendas en sus carteras a las bolsas públicas de alquiler; unas presiones que también se trasladarán a los pequeños propietarios, aunque en este caso se prefiere hablar de "incentivos", como ayudas a la rehabilitación.

Otra medida sorprendente es la obligación de "reservar un 20% de techo para colectivos en especial situación de vulnerabilidad" en las promociones, pero no sólo en las de carácter público que sería más o menos lógico, sino también "en las operaciones privadas de construcción y rehabilitación". El sobrecoste que esto supondría para los demás propietarios no merece un comentario en el programa.

El punto más polémico en este área es uno de los más discutidos de todo el programa: la posibilidad de "recuperar" locales "injustificadamente vacíos" que se destinarían a "usos comunitarios, con el propósito de frenar la especulación y revitalizar los barrios con nuevas actividades". La palabra ocupación no aparece, por supuesto, pero tampoco se explica en qué va a consistir esa "recuperación" y qué métodos se va a seguir para ella.

Funcionarios y externalizaciones

El programa de Barcelona en Comú prevé que prácticamente todos los trabajadores del ayuntamiento tengan contratos fijos y, además, podría suponer un gran aumento de la plantilla municipal, ya que se revertirán consorcios con proveedores de servicios sanitarios, se "municipalizará" al millar de trabajadores que tiene el Servicio de Atención Domiciliaria y, sobre todo, se habla de "detener la externalización del servicio de mantenimiento de los parques y jardines a empresas concesionarias que anteponen sus intereses económicos a los intereses generales y públicos".

Además, el programa contempla extender el acceso a la tarjeta sanitaria "a todas las personas residentes en Barcelona" garantizando no sólo la atención en urgencias sino también a menores y mujeres embarazadas.

El servicio del agua también se intentará municipalizar "para poder llevar a cabo así una gestión pública y democrática". Incluso los puertos deportivos se gestionarán directamente desde el ayuntamiento y, por supuesto, los "centros cívicos, museos y otros equipamientos" similares.

Contratos más caros... pero paritarios

Los contratos del Ayuntamiento de Barcelona serán mucho más costosos bajo la administración de Colau, ya que tendrán que "aplicar cláusulas sociales y ambientales" en todos los casos, incluidos los de menor cuantía.

También exigirá a las empresas que trabajen con la institución que respeten "unos mínimos" en el ámbito de la "igualdad entre hombres y mujeres y de la diversidad funcional" lo que puede ser bastante complicado de cumplir en algunos sectores.

Parte de estos contratos, eso sí, se podrían pagar en la moneda local que plantea crear el programa de Barcelona en Común, un punto que tampoco se explica en profundidad pero que se supone pensado para impulsar la actividad económica y que podría llevar a que subvenciones e incluso sueldos municipales se pagasen al menos en parte en esta nueva divisa que se podría cambiar por euros "con una cierta bonificación", no queda claro si para el ciudadano o la administración.

Asimismo, los pequeños comercios serían destinatarios de esta moneda barcelonesa dentro de las acciones que Colau prevé para ayudar a los tradicionales botiguers barceloneses y que incluyen ayudas y subvenciones y, sobre todo, más limitaciones de horarios y más restricciones a la hora de otorgar permisos para ampliaciones de grandes superficies comerciales. De las nuevas ni hablamos.

Las ampliaciones de superficies comerciales no serán lo único que Colau frene, también se detendrán "los proyectos contrarios al bien común", es decir, aquellos que tienen "voluntad de generar negocio del que sólo se benefician unos pocos". El programa incluso menciona alguno de estos proyectos que en principio será revisado y, probablemente, paralizado.

Y todo con más impuestos

Por supuesto, un programa que como este prevé una expansión brutal del gasto necesitará de un incremento igualmente salvaje de la recaudación impositiva. Obviamente el programa de Barcelona en comú no lo reconoce directamente, pero sí prevé la "creación de nuevas tasas".

Además, bien que con una fórmula rebuscada, se admite con cierta claridad que se pagarán más impuestos cuando se habla de una "revisión global del sistema de tasas y bonificaciones fiscales municipales" cuyo fin sería "favorecer una transición hacia una sociedad con menos impacto ecológico y que atienda mejor las necesidades sociales y la diversidad funcional".

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