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EDITORIAL

La propaganda electoral que pagamos todos

Rajoy se ha vanagloria de que, a pesar del déficit, el Estado gastará más el año próximo, una decisión que solo puede entenderse en clave electoral.

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Mariano Rajoy compareció ayer en La Moncloa para dar un repaso a lo acontecido en el curso político que finaliza y, de paso, anunciar las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. En este último apartado, el presidente del Gobierno se ha vanagloriado de que el Estado podrá gastar el año próximo más que lo ha hecho el presente ejercicio, una decisión que solo puede entenderse en clave electoralista, estando como estamos a escasos cuatro meses de las próximas elecciones generales.

Rajoy ha anunciado el fin de los recortes presupuestarios, una mejora notable de la financiación de las comunidades autónomas y el aumento de las partidas de gasto con mayor efecto electoral como las pensiones, las becas o la inversión en infraestructuras. Dentro de este amplio programa de gasto público el presidente no se ha olvidado de incluir un aumento del sueldo de los funcionarios, otro clásico propagandístico cuando se acerca una campaña electoral.

Y sin embargo, el propio Mariano Rajoy ha puesto de manifiesto la incoherencia de estos presupuestos expansivos al reconocer, en la misma comparecencia, que "el déficit sigue siendo el gran problema de la economía española". Las cifras de las administraciones públicas seguirán descuadradas varios años más, pero eso no impedirá al Gobierno y a las autonomías aumentar sus cifras de gasto al socaire de una bonanza económica que tales medidas van sin duda a perjudicar.

En el caso de la administración autonómica, Rajoy ha previsto un aumento de las transferencias a los gobiernos regionales que les permitirá disponer de 10.000 millones de euros adicionales el próximo ejercicio. Se trata, sin duda, de una excelente noticia para la clase política autonómica, pero muy mala para los ciudadanos, que tendrán que asumir un mayor endeudamiento del Estado para que las comunidades autónomas puedan seguir derrochando, ahorrándose los intereses que pagarían en caso de no tener al Gobierno de España detrás. El caso de Cataluña, por sus implicaciones políticas añadidas, es paradigmático de una situación en la que le Gobierno obliga a todos los españoles a financiar los delirios de una casta separatista para evitar la quiebra de las instituciones a su cargo.

A tenor de lo anunciado ayer por Rajoy, el Gobierno ha decidido que todo este aumento de las partidas de gasto electoralista sean financiadas con cargo al contribuyente y no como consecuencia de una reducción similar en otras partidas presupuestarias. Así pues, sobre las espaldas de los agentes productivos recaerá, una vez más, este esfuerzo añadido destinado a que el partido en el poder pueda afrontar con garantías las próximas elecciones.

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