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Los Presupuestos de 2016 avanzan que parte de las pensiones se financiarán con impuestos

El Gobierno estudia financiar con impuestos una parte de las pensiones contributivas, cuyo coste se cubre hoy mediante cotizaciones sociales.

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El Gobierno estudia financiar con impuestos una parte de las pensiones contributivas, cuyo coste se cubre hoy mediante cotizaciones sociales.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 esconde una nueva reforma del sistema público de pensiones, solo que ahora ésta se centrará en la parte de los ingresos y no en la de los gastos, tal y como ha sucedido en las modificaciones previas aprobadas por los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años (retraso en la edad de jubilación, reducción de prestaciones futuras, etc.). La citada modificación pretende empezar a financiar una parte de las pensiones contributivas mediante impuestos y no únicamente mediante las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como ha sucedido hasta ahora.

Desde 2015, el sistema de la Seguridad Social se financia por dos vías claramente diferenciadas: el nivel contributivo, mediante cotizaciones sociales, encargado de sufragar las pensiones y subsidios a los que tienen derecho todas aquellas personas que hayan cotizado previamente; y el no contributivo, mediante aportaciones directas del Estado (vía impuestos), que cubre las prestaciones y ayudas asistenciales de las personas que no han cotizado lo suficiente para recibir una pensión mínima o incumplen las condiciones exigidas por la Seguridad Social para acceder al sistema contributivo.

Según los PGE presentados el pasado martes en el Congreso, los ingresos no financieros de la Seguridad Social subirán un 5,4% respecto a 2015, hasta los 133.064 millones de euros, mientras que los gastos sumarán 136.826 millones, un 3,1% más, de modo que el sistema registraría un déficit equivalente al 0,3% del PIB.

El aumento de los ingresos se debe, fundamentalmente, a que la principal partida proveedora de recursos, las cotizaciones sociales, sube un 6,7%, hasta los 117.242,58 millones de euros. Sin embargo, a esta cantidad hay que restarle las cotizaciones de los parados (unos 6.770 millones de euros), cuyo coste corresponde al Ministerio de Empleo, es decir, al Gobierno y no a la Seguridad Social.

De este modo, las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas ascenderán, en realidad, a 110.317 millones, un 8,3% más gracias a la evolución positiva que está experimentando la afiliación desde 2014, tanto en el Régimen General como en el especial de trabajadores autónomos y se prevé que se mantenga en 2016.

El problema es que esta cuantía, pese a su mejora, resulta insuficiente para sufragar el pago de las pensiones contributivas, cuya factura se situará en 118.941,72 millones de euros en 2016, un 2,8% más debido al continuado incremento del número de pensionistas, el aumento de la pensión media y la revalorización del 0,25% que contemplan los Presupuestos.

De ahí, precisamente, que el Gobierno prevea, un año más, utilizar otros 6.283,3 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2016 para garantizar el abono de las prestaciones contributivas. No es la primera vez que sucede, ya que este déficit estructural surgió tras el estallido de la crisis como consecuencia de la intensa destrucción de empleo.

Por ello, desde entonces, el Ejecutivo ha tenido que recurrir en varias ocasiones a la denominada hucha de las pensiones, con lo que su volumen se ha ido reduciendo desde los 67.000 millones de euros registrados en 2011 hasta poco más de 41.000 millones a cierre de 2014.

El nivel no contributivo, por el contrario, se financia mediante transferencias directas del Estado. Para 2016, dichas aportaciones se elevan a 13.160 millones, lo que supone un aumento del 0,7%. Dentro de las aportaciones del Estado destacan, por volumen, la destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas, con una dotación de 7.409 millones, y la financiación de las pensiones no contributivas, con un crédito de 2.454 millones (incluido País Vasco y Navarra).

El Gobierno recurrirá a los impuestos

La cuestión es que, dado el agujero que presenta el sistema contributivo de la Seguridad Social, y puesto que el declive demográfico y el aumento de la esperanza de vida agravarán esta brecha en el futuro, el Gobierno tendrá que poner en marcha nuevas reformas, por la vía de los ingresos y/o de los gastos, para garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones.

En este sentido, los PGE de 2016 avanzan una nueva reforma, consistente en que el Estado sufrague vía impuestos parte de las pensiones contributivas, que, hoy por hoy, se financian exclusivamente mediante cotizaciones sociales. En concreto, tal y como informa Cinco Días, la disposición adicional 65 del proyecto señala lo siguiente al respecto:

Separación de fuentes de financiación de las prestaciones de la Seguridad Social

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y una vez formalizada la financiación de los complementos por mínimos de pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno avanzará en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, para lo cual valorará las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener esta consideración.

Una de las medidas que baraja el PP es pagar las pensiones de viudedad y orfandad, hoy incluidas en el nivel contributivo, mediante impuestos, es decir, vía Presupuestos Generales del Estado, en lugar de recurrir a cotizaciones, si bien podría afectar a un mayor volumen de prestaciones en función de las necesidades financieras que sufra el sistema. Esta decisión marcaría un importante punto de inflexión en el actual sistema público de reparto, ya que abriría la puerta de par en par a la financiación creciente de las pensiones contributivas con impuestos, tal y como ya ha planteado, igualmente, el PSOE.

A este respecto, cabe señalar que Montoro subrayó durante su comparecencia en el Congreso que "quien defrauda el IVA está defraudando a las pensiones más bajas del sistema, las no contributivas", para, posteriormente, defender la necesidad de abrir una nueva línea de financiación para que las cuentas propias de la Seguridad Social no dependan exclusivamente de las cotizaciones, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

En concreto, Montoro señaló que el proyecto del Gobierno es que prosiga esa división de fuentes para que, "en un futuro", la financiación de la Seguridad Social no descanse sólo en un impuesto que grave el trabajo (cotizaciones sociales). Además, el ministro recalcó que no es partidario de subir las cotizaciones porque "penaliza" la contratación de trabajadores y el empleo ya existente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya advirtió la semana pasada que el gran reto de la próxima legislatura sería mantener la viabilidad de la Seguridad Social. Tal y como reconoce el proyecto presupuestario, todo apunta a que una de esas modificaciones consistirá en financiar el sistema contributivo vía impuestos.

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