En 2013, el gobierno socialista de Susana Díaz aprobó la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía. El Ejecutivo regional andaluz anunció esta norma a bombo y platillo, si bien el Tribunal Constitucional acabó anulando en mayo de 2015 esta norma "antidesahucios".
También en Cataluña se aprobó la Ley del Derecho a la Vivienda. La norma data de 2007, por lo que también vino de la mano de un gobierno autonómico de corte socialista. El entonces presidente José Montilla pretendía acabar con los desahucios por esta vía.
En realidad, las cifras oficiales muestran que ni Andalucía ni Cataluña han conseguido los objetivos que se marcaron sus gobernantes socialistas. De hecho, como acredita un informe de Civismo, a lo largo de 2014 vemos que el 42% de los desahucios sobre primeras viviendas tuvieron lugar en Andalucía y Cataluña.
A nivel nacional, las cifras del Consejo General del Poder Judicial apuntan que el porcentaje de desahucios ejecutados sobre primeras viviendas en propiedad apenas alcanzó el 1,41%. Sin embargo, esta media nacional se queda por debajo del 1,68% observado en Andalucía o del 1,71% registrado en Cataluña. La tasa de alzamientos registrada en Madrid fue del 0,84%, un 50% menos que en Andalucía y Cataluña.
El paro, factor clave
Por el contrario, los datos oficiales recogidos por Civismo muestran que otras autonomías tuvieron un desempeño mucho mejor. Es el caso de País Vasco (0,26%), Cantabria (0,67%), Navarra (0,71%), Asturias (0,72%), Madrid (0,84%), Galicia (0,9%), La Rioja (0,95%), Aragón (1,07%) o Castilla y León (1,08%).
Evidentemente, en ninguna de estas regiones se aprobaron grandes "leyes antidesahucios" como las que anunciaron a bombo y platillo los gobiernos de Díaz y de Montilla. Sin embargo, hablamos de comunidades en las que la tasa de paro es más reducida que la observada en Andalucía. De hecho, solo tres de los nueve territorios citados tienen más paro que Cataluña.
Según Civismo, si el paro se hubiese mantenido por debajo del 20% en todas las autonomías españolas, el 39% de los desahucios no habría ocurrido. "Como muchas veces se dice, la mejor política social es el empleo, y no las dádivas que quieran darnos los políticos", apunta la entidad que preside Julio Pomés.