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¿Estamos ante el fin de la gestión público-privada de la Sanidad?

A raíz del cambio de gobierno en distintas regiones, soplan vientos adversos para la gestión público-privada de los servicios sanitarios.

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La llegada de nuevos partidos políticos a los gobiernos autonómicos ha disparado la tensión entre las Administraciones Públicas y las empresas privadas encargadas de la gestión de determinados servicios sanitarios. El modelo de colaboración público-privada está cada vez más cuestionado, en línea con los planteamientos anti-empresariales que formularon muchos de los candidatos que hoy ostentan responsabilidades políticas.

Un buen ejemplo lo tenemos en la Comunidad Valenciana, donde la consejera de Sanidad, Carmen Montón, declaraba hace algunos días que su gobierno ha dado "un impulso" a la Dirección de Alta Inspección Sanitaria con el ánimo de "revertir lo antes posible" las concesiones a los cinco hospitales públicos de gestión privada.

"La directriz es muy clara: queremos devolver la sanidad a lo público, hay que revertir las concesiones sanitarias porque el modelo de privatización no es válido para este nuevo gobierno progresista que tiene la Comunidad Valenciana", explicó la titular de la cartera de Sanidad.

¿Cuánto costaría la re-nacionalización de la gestión sanitaria en la Comunidad Valenciana? Los informes de UGT hablan de un desembolso de 400 millones de euros. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos centros atienden a 900.000 pacientes con un coste aproximado de 700 euros per cápita, la cifra real podría estar por encima de los 600 millones anuales. Dicha cifra habría que multiplicarla por el número de años de contrato que tienen en vigor las distintas concesiones.

La izquierda, contra el modelo mixto

En Castilla-La Mancha, la UTE del Hospital de Toledo está en el punto de mira del Ejecutivo socialista, aunque de momento solamente se pretende que no haya nuevas externalizaciones. También en Cantabria se avecinan tiempos de cambio: el gobierno de Revilla está "estudiando" la UTE adjudicataria del hospital de Valdecilla, con ánimo de rescindir el contrato si existen bases para ello.

Otro frente abierto es el de Extremadura, donde se quiere impedir que se desarrollen nuevos hospitales a través del modelo público-privado.

Problemas para el PP en Madrid y Galicia

En Galicia, el desarrollo del Hospital de Vigo por parte de la Administración Feijóo ha sido criticado con insistencia desde las filas socialistas y separatistas, por lo que una derrota electoral del PP podría llevar a la comunidad por los mismos derroteros.

Algo parecido puede parecer en la Comunidad de Madrid, donde la abstención de Ciudadanos ayudó a que los votos de PSOE y Podemos aprobasen una proposición no de ley que reclama la renegociación del contrato de gestión del Hospital de Collado Villalba.

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