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Las exigencias económicas de las CUP desatan el pánico entre los empresarios

El plan económico de las CUP, formación independentista y anticapitalista, es el nuevo foco de preocupación de las patronales catalanas.

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Miembros de la CUP | EFE

Las negociaciones entre Junts Pel Sí y las CUP para formar gobierno en Cataluña siguen su curso entre un mar de dificultades para alcanzar un acuerdo. Los principales escollos no sólo estriban en la Presidencia de Artur Mas o en la exigencia de acelerar el proceso rupturista con el resto de España, a pesar de que la opción independentista resultara derrotada en los pasados comicios autonómicos, sino que también tiene que ver, y mucho, con el plan económico que pretende poner en marcha esta formación anticapitalista.

Las CUP plantearon el pasado jueves tres condiciones básicas para lograr un pacto de gobierno: acelerar la senda para declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral; desobedecer la legalidad vigente; y aprobar un plan de choque social. En este último punto, las CUP reclaman que la Generalidad deshaga todas las privatizaciones impulsadas en los últimos años, en las que han participado grandes grupos internacionales, así como destinar un mayor volumen de recursos públicos a políticas sociales.

ERC y el cabeza de lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva, no ven con malos ojos las demandas económicas de las CUP, pero éstas chocan con CDC, impulsor de las privatizaciones y con importantes vínculos entre el empresariado catalán.

Las principales patronales empresariales de Cataluña están alarmadas ante la posibilidad de que los convergentes cedan en materia económica, además de la incertidumbre que supondría avanzar en el proceso secesionista, ya que las condiciones de las CUP pondrían en riesgo el flujo de inversiones y la recuperación económica de Cataluña.

En este sentido, cabe recordar que el programa electoral de las CUP defiende abiertamente acabar con el capitalismo y salir de la UE y del euro con el fin de proclamar una república en Cataluña, y, si bien ha renunciado por el momento a esos dos primeros puntos, mantiene su exigencia de avanzar hacia la "declaración unilateral de independencia" y su "plan de choque social".

Estos dos puntos son radicalmente opuestos a lo que demandan los empresarios catalanes para garantizar el crecimiento y la creación de empleo.

  • Fomento del Trabajo reclama a la futura Generalidad menos impuestos, reducir las estructuras administrativas y un entorno regulatorio más favorable a la inversión y del desarrollo empresarial.
  • Pimec apuesta por la "eliminación de trabas al crecimiento en los ámbitos laboral, fiscal, administrativo, y otros" para fomentar el crecimiento de las pymes.
  • Cecot, por su parte, pide una reforma en profundidad de la administración autonómica, introduciendo "criterios de gestión empresarial" y apostando por la "externalización de servicios públicos", así como por la eliminación de trabas administrativas, la reducción de cotizaciones sociales y otros impuestos. De hecho, incluso defiende la posibilidad de complementar, de forma gradual, el actual sistema público de pensiones con un modelo de capitalización.
  • Círculo de Economía insiste en la necesidad de "diálogo, el acuerdo y la reforma como el único camino para el cambio político y el progreso social y económico", descartando, por tanto, cualquier incumplimiento de la legalidad vigente y la "declaración unilateral" que defienden las CUP.

La Consejería de Economía, en el aire

Por último, a ello se suma la negociación sobre la cartera de Economía. El actual consejero de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, quiere dejar su puesto, y su relevo ha abierto tensiones en el seno de Junts Pel Sí.

Según informa El Confidencial, ERC propone como candidato al economista Germà Bel, exmilitante del PSC y número uno por Tarragona; mientras que el de CDC es Oriol Amat, especialista en contabilidad y exconsejero de la CNMV, número siete por Barcelona de Junts Pel Sí.

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