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Ciudadanos se hace un lío con el copago

Luis Garicano y Francisco de la Torre convocan una rueda de prensa de urgencia forzados por la portada de El País.

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Ciudadanos se hace un lío con el copago
Albert Rivera, rodeado de periodistas, el pasado lunes, en Madrid. | EFE

"¿Copago? Me extraña". A filo de la medianoche del martes un alto dirigente de Ciudadanos replicaba así a su interlocutor teléfonico, que le daba cuenta del titular de portada a dos columnas de El País: "Ciudadanos propone copagos en la sanidad y la educación". A partir de ahí los teléfonos comenzaron a arder entre la cúpula naranja, que a las ocho y media de la mañana reaccionaba con un inusual –sobre todo por la hora- comunicado de prensa redactado ad hoc para dar réplica al diario de Prisa y titulado, inequívocamente: "Ciudadanos propone una financiación autonómica que garantice la gratuidad y universalidad de la Educación y la Sanidad".

El texto aporta una serie de entrecomillados del máximo responsable económico del partido naranja, Luis Garicano, que no podía sino admitir que en el programa con el que Inés Arrimadas se presentó a las elecciones catalanas del 27-S sí se contemplaba algún tipo de copago. El desmentido de Garicano quedaba redactado así: "Ciudadanos no es favorable a la introducción de copagos en Sanidad ni en Educación como explícitamente decíamos en el programa de las elecciones catalanas para el caso de la sanidad". Curiosamente, "sanidad" aparece en el comunicado remitido a los medios simultáneamente con mayúscula y con minúscula.

Además, Garicano afirma: "Ciudadanos no propone ni que las Comunidades Autónomas suban sus tributos, ni que introduzcan copagos para estos servicios adicionales cuando deseen proveer servicios fuera de la cartera de servicios esenciales, sino que estas, en el ejercicio de su autonomía, determinen qué servicios no esenciales desean proveer y cómo desean financiarlos".

Para reforzar el desmentido, Ciudadanos ha improvisado una rueda de prensa esta misma tarde de Luis Garicano y del fiscalista Francisco de la Torre, número dos por Madrid y la persona que habló con los redactores de El País. A medianoche, también recibió por sorpresa el titular de marras.

Es la segunda vez que el equipo económico pone en apuros a Albert Rivera. Ocurrió la pasada primavera con la cuestión del AVE, un charco especialmente sensible –las elecciones autonómicas en Galicia son el año que viene- que pisó Garicano y que tuvo que matizar en una de las presentaciones públicas del programa económico, exhortado a ello por la cúpula del partido.

El fondo de la cuestión

En realidad, ni el desmentido de Ciudadanos es tal desmentido (porque admite que este modelo está en las propuestas del partido), ni la noticia de El País destaca nada muy novedoso respecto a lo que ya se conocía del programa o lo que existe en la actualidad. La polémica se ha generado por el titular y la palabra maldita: "copago".

Todo es cuestión de cómo se interprete uno y otro. El fondo de la cuestión es quién financia los servicios públicos, quién toma la decisión de qué servicios quedan cubiertos al 100% por las administraciones públicas y cómo se paga el resto.

Lo que Ciudadanos propone es establecer un catálogo de servicios comunes en todo el territorio. Esos servicios estarían financiados de forma central, a través del Fondo de Garantía, que Garicano cree que debe servir para "asegurar la igualdad básica". A partir de ahí, "las diferencias deberán ser financiadas por los que quieran tenerlas", afirma el responsable económico del partido. Esto, en realidad, tampoco es decir mucho. Al final, la clave estará en qué servicios estén incluidos en ese catálogo común y cuáles quedarán fuera.

Una vez decidido esto, está el tema de la financiación. Como hemos visto, lo que Ciudadanos propone es que el sistema de financiación autonómica cubra sólo estos servicios considerados esenciales. Luego, cada comunidad autónoma deberá cargar con la responsabilidad de establecer los mecanismos que estime conveniente para pagar el resto: "Las comunidades que deseen incrementar los servicios deberán soportar el coste político asociado a las cargas tributarias que soportan los ciudadanos". Es un modelo que se acerca bastante (con algunos matices, eso es cierto) al federalismo fiscal o a la famosa corresponsabilidad: el que quiera gastar más, que se lo diga a sus ciudadanos y asuma el coste político.

Y es en este punto en el que entra el famoso término "copago". Preguntado por El País cómo se financiarían esos servicios extra, De la Torre abre la puerta a diferentes alternativas: "Con impuestos, con tasas más altas o vía copagos".

Se podría decir que esto ya ocurre. Por ejemplo, en la enseñanza universitaria (uno de los servicios a los que se refiere el artículo de El País), ya existe copago aunque se denomine "tasa": la gran mayoría de los estudiantes paga una parte de su matrícula. Del mismo modo, si se mira desde el lado contrario, se podría decir que todos los estudiantes de España están becados, los ricos y los pobres: ninguna universidad pública de nuestro país cobra a ninguno de sus alumnos el coste real de su matrícula. Por lo tanto, el 100% está, en mayor o menor medida, becado. A partir de ahí, lo que los partidos proponen subir o bajar es esa beca. Y algo parecido podría decirse en sanidad, transporte público y casi todos los demás servicios públicos.

En realidad, lo novedoso en el último año en España es el uso del término copago, sobre todo en lo que tiene que ver con la sanidad. Hace referencia a la posibilidad de cobrar a los pacientes parte del coste del servicio que reciben (por ejemplo, un euro por consulta). Por cierto, que éste es un modelo muy extendido en el resto de la UE para todo tipo de prestaciones. En España, sin embargo, es tabú. Todos los partido niegan que lo vayan a hacer y cuando a alguno se le acusa de ello sale inmediatamente a negarlo, como ha hecho hoy Ciudadanos.

Desde la formación naranja aseguran que no es esto lo que piden, que es una opción de cada autonomía y que sólo se aplicaría a los servicios extra no integrados en la cartera esencial que se garantizan en todo el territorio. Habrá que ver, por lo tanto, qué está incluido y qué no. Y luego cada región tendrá que decidir cuánto cobra por el resto.

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