España registró un total de 18.048.700 ocupados en el tercer trimestre, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero aquí cabe distinguir dos categorías: el empleo privado, con un total de 15.062.300 personas, y el público, cuya cifra aumenta hasta los 2.986.400 efectivos.
En concreto, entre julio y septiembre, el empleo privado ha crecido en 152.100 personas, mientras que el público ha repuntado en 30.100. Es la primera vez que el empleo público crece en un tercer trimestre desde 2010.
De hecho, si se amplía un poco la perspectiva, se observa que las plantillas públicas han engordado en 60.800 personas a lo largo del último año, lo cual supone un incremento del 2,08% interanual, coincidiendo justo con los meses previos a las elecciones autonómicas y locales del pasado mayo y los próximos comicios generales de diciembre. El empleo privado, por su parte, ha subido en 483.900 personas en el último año (+3,32%).
Es decir, los políticos están tirando de chequera, haciendo uso del dinero de todos los contribuyentes, para impulsar una vez más el empleo público a fin de ganar votos, al igual que sucede habitualmente con otras partidas, como la inversión en obra pública.
Pese a ello, los sindicatos de funcionarios, con CSI-F a la cabeza, se apresuraron a advertir este jueves que el sector público ha perdido un total de 320.000 puestos de trabajo durante la presente legislatura, reclamando así un aumento del gasto para aumentar la contratación y subir los salarios de las plantillas públicas.
El problema, sin embargo, es que ese dato lleva a engaño. La cifra en cuestión es correcta, ya que en el tercer trimestre de 2011 el número total de empleados públicos ascendía a unos 3.306.600 frente a los 2.986.400 actuales, un descenso del 9,7%, equivalente a los 320.000 efectivos citados.
Sin embargo, ésta es una foto muy parcial e interesada de la realidad, ya que no tiene en cuenta dos factores muy importantes:
Así pues, lo que no dice CSI-F, junto a los colectivos de funcionarios y la inmensa mayoría de políticos, es que el anterior Gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, disparó la contratación de personal en el sector público en plena crisis para tratar de maquillar la sangría del paro, a costa de aumentar el déficit hasta niveles récord, al tiempo que despilfarraba miles de millones de euros en absurdas e innecesarias obras a través de los ya famosos Planes E.
Así, entre el tercer trimestre de 2007, justo después de que estallara la crisis de las hipotecas subprime en EEUU, y el tercer trimestre de 2011, el número total de empleados públicos creció en 316.300 personas, lo que supone un aumento del 10,6%, desde los 2.990.300 hasta los citados 3.306.600 efectivos, la mayor cifra de la historia. Y ello, en medio de una histórica crisis económica y presupuestaria.
Así pues, la realidad, es decir, el cuadro completo, es muy diferente al que pintan políticos y sindicatos. El empleo público ha bajado durante la crisis, sí, pero tan sólo se ha reducido en 3.900 personas, al pasar de 2.990.300 en el tercer trimestre de 2007 a 2.986.400 en el mismo período de 2015.
Es decir, el empleo público apenas ha bajado un 0,13% durante la crisis. Un dato que, sin duda, contrasta con la histórica destrucción laboral que ha sufrido el sector privado, con más de 2,7 millones de puestos de trabajo menos durante el mismo período, equivalente a una reducción del 15,2%, según la propia EPA.
Ahora, a pesar de que España sigue registrando un déficit próximo al 6% del PIB, con un agujero de 61.000 millones de euros, los políticos vuelven a las andadas y engordan sus plantillas con el fin de ganar votos. El último ejemplo es el de Andalucía, en donde el gobierno de Susana Díaz acaba de anuncia una gran oferta de empleo público con más de 7.000 nuevas plazas en 2016. A escasos dos meses de las elecciones generales… ¿Casualidad?