Los ministros de Economía de la Eurozona, reunidos en el Eurogorupo, se han pronunciado en contra de entregar la nueva secuencia de fondos del "rescate" a Grecia. El enésimo desencuentro entre las partes se debe a la negativa del gobierno heleno a aplicar las medidas negociadas con la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Jeroen Dijsselbloem ya había asegurado antes del Eurogorupo que la falta de entendimiento podría suponer un nuevo tira y afloja por espacio de hasta quince días. Según ha trascendido, no hay consenso en lo tocante a la reforma tributaria, la despolitización del sector financiero o la agilización de la ley de ejecuciones hipotecarias.
2.000 millones en el aire
El desencuentro con el gobierno de Syriza deja en el aire una nueva aportación de 2.000 millones de euros. El tercer "rescate" fue acordado el pasado verano y, hasta ahora, la Administración Tsipras había respetado los puntos negociados con Bruselas.
Hasta ahora, Atenas ha recibido 13.000 de los 86.000 millones de euros que fueron movilizados para el programa de "rescate". Las próximas cumbres del Eurogrupo tendrán lugar el 23 de noviembre y el 7 de diciembre.
Aunque el gobierno de Syriza quiere lograr algunos cambios en el programa pactado con los acreedores, Dijsselbloem se ha mostrado tajante: "Solamente se desbloqueará el siguiente tramo del rescate cuando las instituciones den "luz verde" y constaten que se han aprobado e implementado todas las medidas que fueron firmadas, algo que, de momento, no ha ocurrido".
Los desahucios saltan a la palestra
La aceleración de las ejecuciones hipotecarias fue una de las reformas que Tsipras se comprometió a desarrollar. El sector financiero griego lleva años denunciando que muchos préstamos para la compra de vivienda acaban en situación de impago por la falta de garantías que brinda el sistema legal a los prestamistas.
Desde Atenas se insiste en que el 90% de las 300.000 hipotecas que están en cuestión merecen el nivel de protección actual. Sin embargo, los análisis que ha conducido la Troika son mucho más exigentes y apuntan que solamente 50.000 de esos 300.000 préstamos deben quedarse fuera de la discusión por tratarse de casos de emergencia social y no de morosidad injustificada.
Para los acreedores, el rango de ingresos mensuales que debe seguir bajo el actual esquema de protección es el que se sitúa por debajo de los 1.100 euros. Sin embargo, el gobierno de Syriza espera mantener esa cifra de corte en el entorno de los 1.900 euros de renta mensual. El gobierno heleno también quiere poner encima de la mesa la crisis de los refugiados, con ánimo de fortalecer su posición negociadora en Bruselas.
Amnistía fiscal
El entendimiento es mayor en lo tocante a la amnistía fiscal. Este programa permite que contribuyentes que no han cumplido con Hacienda devuelvan el dinero en plazos que abarcan hasta cien mensualidades. De momento, el gobierno de Syriza ha sacado pecho ante los ingresos que ha aflorado esta medida (1.200 millones de euros).
Sin embargo, en Bruselas no ven con buenos ojos esta medida y han pedido que la penalización fijada para quienes participen en el programa se eleve del 3% al 5%, así como la eliminación de los 30 días de plazo "extra" que otorga el gobierno para cada uno de los pagos. De momento, Atenas solamente ha accedido a lo primero.