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Cataluña se convierte en la 'Grecia de España'

La deuda pública de Cataluña es "insostenible". La Generalidad entraría en quiebra sin el rescate del Gobierno central, según la AIReF.

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Cataluña se convierte en la 'Grecia de España'
Artur Mas | EFE

Cataluña ya se ha convertido, oficialmente, en la particular Grecia de España por tres razones. En primer lugar, porque la Generalidad ha tenido que ser rescatada por el Gobierno central mediante los mecanismos extraordinarios de financiación aprobados en 2012. De hecho, es la autonomía que ha recibido más dinero a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el fondo de pago a proveedores, con cerca de 38.000 millones de euros hasta el pasado agosto -más de 50.000 si se incluyen las entidades locales-.

En segundo lugar, porque, tras años de incumplimientos en materia presupuestaria, el Gobierno, haciendo uso de las herramientas que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha decidido intervenir o, al menos, monitorizar las cuentas públicas catalanas fijando una serie de condiciones financieras para ir desembolsando por tramos las cuantías procedentes del FLA y del fondo a proveedores.

Y en tercer y último lugar, porque, a diferencia de otras comunidades autónomas que también han acudido a estos mecanismos de rescate, la deuda pública de Cataluña sería "insostenible" sin el actual respaldo estatal. Es decir, dicha autonomía se enfrentaría a la quiebra si, de repente, el Gobierno decidiera suspender sus mecanismos de apoyo, y, por tanto, la Generalidad tuviera que financiarse por sus propios medios en el mercado.

Ésta es una de las conclusiones que arroja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Informe sobre las Líneas fundamentales de los Presupuestos para 2016 de las Comunidades Autónomas (CCAA), publicado este martes.

La mayoría de las CCAA incumplirá los objetivos de déficit fijados por Hacienda este año y el que viene. El déficit regional cerrará en el 1,5% o 1,6% del PIB en 2015, casi el doble del límite oficial (0,7%), mientras que oscilará entre el 0,9% y el 0,6% en 2016, alejado también del objetivo del 0,3%.

Apenas seis autonomías alcanzarán el umbral exigido durante este ejercicio, y, en el peor de los escenarios, sólo País Vasco y La Rioja se ajustarían al 0,7%.

Tanto es así que la AIReF recomienda a Hacienda que active algunas de las medidas de monitorización que contempla la Ley de Estabilidad para meter en cintura a las regiones que presentan "un riesgo claro de incumplimiento" de cara a 2016, en referencia a Extremadura, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Pero dentro de este grupo Cataluña volverá a ser la autonomía más incumplidora, con un déficit previsto del 2,9% este año y un 1,6% el siguiente, multiplicando hasta por cuatro y cinco los objetivos establecidos, respectivamente.

Deuda "insostenible"

Además, el organismo fiscal advierte de que la deuda de algunas CCAA es muy vulnerable e incluso "insostenible" sin el respaldo del Estado. La AIReF observa que la deuda de Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia está en riesgo, siendo éste "muy elevado en el caso de Cataluña".

En concreto, según el informe, "existen riesgos muy elevados para la sostenibilidad financiera" de la Generalidad en el medio plazo, "dado su alto nivel de deuda de partida, la dinámica no decreciente de la misma y riesgos potenciales de liquidez en el corto plazo en ausencia de los mecanismos" de ayuda del Gobierno central.

En cuanto a este último punto, dicha entidad avisa de que la Comunidad Valenciana y Cataluña estarían sujetas a tensiones potenciales de liquidez a corto plazo en ausencia de los mecanismos de financiación del Estado. A su parecer, el escenario es particularmente relevante en Cataluña, puesto que la incertidumbre de su contexto político hace más plausible la materialización de los escenarios en los que su deuda se vuelve "insostenible".

Perturbaciones fiscales generarían trayectorias insostenibles mientras que las de carácter macro no tendrían un impacto sustancial en la dinámica de disminución de la deuda. Las necesidades de liquidez (especialmente la carga de intereses) son altas, con una dependencia casi absoluta de los mecanismos de financiación del Estado [...]

Su consideración unánime como inversión especulativa por las tres principales agencias de calificación crediticia junto con la elevada incertidumbre del contexto político y las potenciales tensiones de liquidez [...] no hace descartable la aparición de retroalimentaciones, que dificulten aún más la sostenibilidad de la deuda.

El indicador de liquidez o de presión a corto plazo (que refleja el ratio de intereses respecto a los ingresos corrientes, combinados con el ratio de deuda/PIB u otros indicadores de estrés fiscal) muestra que, en caso de no contar con el respaldo financiero del Estado, Cataluña sería la comunidad con mayor riesgo de quiebra de España. El siguiente gráfico muestra los valores que alcanza este indicador en los tres escenarios considerados para las regiones más vulnerables en materia de deuda: Cataluña (CAT), Comunidad Valenciana (CVA), Castilla-La Mancha (CLM) y Murcia (MUR).

"La evolución de los ratios en los distintos escenarios señala a Cataluña y la Comunidad Valenciana, en especial la primera, como particularmente susceptibles de entrar en una situación de difícil sostenibilidad a partir de 2018 o incluso ya en 2017, dependiendo del escenario considerado", según el documento.

Sin embargo, en ausencia de apoyo estatal, "la entrada en dificultades para hacer frente a la carga de la deuda podría desencadenar una reacción en los mercados similar a la que se produjo con la deuda soberana griega en los episodios de 2010 y 2015, o de Chipre en 2012, en la que los spreads [prima de riesgo] entraron en trayectorias fuertemente al alza".

La simulación que realiza AIReF avanza unas primas de riesgo respecto a la deuda pública española de entre 160 y 300 puntos básicos a partir de 2017 en los casos de Comunidad Valenciana y Cataluña. "Estas trayectorias resultantes de deuda muestran perfiles no sostenibles, ilustrando los efectos que podría acarrear una apelación a la financiación de mercado sin que los esfuerzos de sostenibilidad fiscal sean lo suficientemente sólidos y/o sin la presencia de un marco institucional con los necesarios mecanismos de contención", concluye el organismo.

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