Buenas palabras pero ninguna reforma. Los programas electorales de los grandes partidos políticos no incluyen ningún cambio en profundidad en el sistema público de pensiones. Ni siquiera se intuye una mínima rendija por la que pueda empezar a colarse alguna novedad. La Seguridad Social española está blindada. Incluso aunque es un modelo minoritario entre los países ricos, la mayoría de los cuales hace años que emprendieron ambiciosas reformas para asegurar una jubilación digna a sus trabajadores. En España, es tabú. Ni PP, ni PSOE ni Ciudadanos dicen casi nada al respecto. Y Podemos, el que más concreta, si acaso quiere darle una vuelta de tuerca más al actual modelo.
En otros capítulos de gasto, los programas son bastante detallados. Sin embargo, en lo que hace referencia a las pensiones, las cosas cambian. Como apuntamos, quizás sea Podemos el que hace más promesas concretas. Mientras, PSOE, PP y Ciudadanos pasan por el tema de puntillas. Apenas unas cuantas frases genéricas sobre "asegurar" el modelo actual y poco más. Muy pocas cifras (en algunos casos, ninguna) y tampoco hay detalle sobre las medidas. Mejor no tocarlo. ¿Y qué pasará con los que se jubilen en 2030-2040-2050 y que no sepan que la prestación que les tocará no es ni mucho menos la que esperan? Para eso no hay respuesta.
Las propuestas
- PP: Lo único que hacen los populares al respecto es una promesa genérica: "Avanzaremos y consolidaremos el fortalecimiento del sistema de pensiones: es nuestro primer objetivo, y lo alcanzaremos en provecho de quienes reciben una pensión hoy y también de quienes están generando, con su trabajo diario, el derecho a tener un retiro tranquilo el día de mañana". También prometen cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones y flexibilizar el régimen para los que quieren combinar trabajo a tiempo parcial y pensión. Y eso es todo.
- PSOE: los socialistas abogan por derogar la reforma de 2013, lo que implicaría un incremento de los costes del sistema y entra en contradicción con lo pactado con Bruselas. A cambio, apuestan por crear nuevos impuestos para financiarlo. Y plantean un modelo que siga erosionando el carácter contributivo del modelo, puesto que prometen "subir la base máxima [no la pensión máxima] y "una mejora progresiva de las bases mínimas". Es decir, que cada vez importe menos si se cotiza mucho o no, porque el modelo va camino de convertirse en puramente asistencial. Eso sí, todo "dentro del Pacto de Toledo".
- Ciudadanos: tampoco los de Rivera se mojan demasiado. Su principal promesa es "reabrir el Pacto de Toledo", lo que en sí mismo no es ni siquiera una propuesta. Luego hablan de "modernizar y hacer sostenible el sistema", sin aclarar qué quiere esto decir. Los únicos cambios no tienen tanto que ver con el modelo como con la relación con los contribuyentes (aunque es cierto que esto también es importante). Ciudadanos promete un sistema "transparente, en el que los ciudadanos sepan en todo momento la magnitud de la pensión con la que pueden contar". Sólo esto ya sería un cambio significativo con lo que ocurre en la actualidad. Además, C’s propone "un sistema flexible en el que cada persona podrá decidir libremente a qué edad jubilarse" (algo que suena al modelo de cuentas nocionales presente en países como Suecia, pero que tampoco parecen atreverse a proponer abiertamente).
- Podemos: la formación morada pide, directamente, una marcha atrás. Derogar "la reforma de las pensiones del PSOE de 2010 y la reforma del PP de 2013. Reestablecer la edad de jubilación a los 65 años y volver a indexar las prestaciones al IPC". ¿Cómo se financiará? Con el "compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema por la vía impositiva". Es decir, con más impuestos. Además, propone "eliminar el tope máximo de las cotizaciones" y subir las pensiones no contributivas: los que Iglesias son los que con más claridad apuestan por marchar hacia un modelo asistencial. No sólo eso, también piden eliminar cualquier tipo de beneficio fiscal al ahorro privado para la jubilación.
Los pensionistas de 2040
En este punto, hay que recordar que el problema a futuro no reside tanto en la sostenibilidad del sistema como en sus promesas (o en lo que los futuros pensionistas han interpretado escuchando a sus políticos).
Tras las últimas reformas aprobadas por PP y PSOE, en teoría el incremento del gasto está controlado. En concreto, la reforma de 2013 introduce dos elementos para no disparar la factura de las pensiones: en primer lugar, el índice de revalorización que sustituye al IPC y que determina el incremento de las pensiones año a año (con un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,25%). Ya se está aplicando. Pero como en los últimos años la inflación está en mínimos históricos, todavía no ha tenido efectos negativos (pensiones que suban menos que el IPC). Esto cambiará en el momento en el que la inflación vuelva a un terreno más normal. Es decir, a medio plazo, la inflación se irá comiendo poco a poco la capacidad de compra de las pensiones públicas.
Y casi más importante es el segundo factor de corrección. Ése que se ha llamado de "sostenibilidad" y que recortará el importe de la primera pensión (un recorte que se arrastrará el resto de la vida, por supuesto), en función de la esperanza de vida. Entrará en vigor en 2019 y provocará que todos los pensionistas a partir de ese momento ganen menos de lo que ganarían con las reglas que están ahora en vigor.
Desde el punto de vista financiero, podría decirse que la aprobación de estas dos reformas fue un gesto de realismo de PP y PSOE. Es cierto que en buena parte fue una concesión a Bruselas, que exigía cambios en el modelo para seguir sosteniendo a España. Pero en cualquier caso son medidas que garantizan que el gasto no se disparará por encima de lo que podemos asumir.
Sin cambios en el discurso
El problema es que las dos reformas no sólo afectan al gasto total. Su consecuencia más importante será que irán limando poco a poco el monto de las pensiones públicas. Pero esto no ha ido acompañado de un cambio en el discurso político o de la introducción de nuevos elementos en el modelo. En la actualidad, España uno de los sistemas más generosos desde el punto de vista de la relación entre la pensión media y el salario medio o el último salario percibido. Hace un par de días nos hacíamos eco del último informe de la OCDE sobre las pensiones en los países más ricos del mundo: España es el segundo país con la tasa de sustitución más elevada (la pensión equivale, de media, al 89% del último salario percibido), sólo por detrás de Holanda (que mezcla en su modelo público un sistema de reparto asistencial con uno de capitalización).
De esta forma, cuando los políticos españoles, del PP a Podemos, aseguran que "el sistema es sostenible", la gente no piensa en si la Seguridad Social seguirá existiendo en 2040 (de eso no hay muchas dudas) o si pagará alguna pensión a los jubilados (también esto es casi seguro). Lo que el ciudadano medio interpreta es algo así: "Si me padre se jubiló hace un par de años y cobra una pensión que es el 75-80-85% de su sueldo. Cuando yo me jubile, si cotizo de forma continuada durante mi carrera laboral, cobraré también el equivalente al 75-80-85% de mi sueldo".
Pues bien, esto no es cierto. Todos los informes coinciden. Con suerte, si logramos enormes subidas de productividad y bajamos la tasa de paro al equivalente al pleno empleo (3-4% de paro) podríamos llegar a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en niveles de 2010-2015. Ni siquiera esto es seguro, pero siendo muy optimistas podemos llegar a imaginarnos este escenario.
Pero con el modelo actual, mantener la ratio pensiones / sueldos medios o pensiones /último sueldo percibido es imposible. Los números no engañan. El porcentaje de jubilados sobre población activa va a crecer mucho, por lo que para mantener el poder adquisitivo de aquellos en relación a la riqueza general del país, habría que disparar el gasto en pensiones. O por decirlo de otra manera: si tenemos muchos más pensionistas en 2050 y seguimos dedicando a pensiones el 10-12-14% del PIB, a cada jubilado le tocará una prestación que, en comparación con el salario medio, será mucho más reducida. Es decir, si los pensionistas del futuro no ahorran por sí mismos, sufrirán una merma considerable en su nivel de vida cuando se jubilen.
Incluso Podemos sólo promete "mantener el poder adquisitivo" de las pensiones. Y eso subiendo los impuestos para financiarlo. Es decir, que incluso aceptando una subida fiscal brutal para los actuales trabajadores (lo que implicaría probablemente una caída de la actividad, pero esto es ya otro tema), a lo máximo a lo que pueden aspirar los pensionistas del futuro es a cobrar lo mismo que sus padres en 2015… pero en un país que en 2050 será muchísimo más rico.
Pacto de silencio
España no es el único país con problemas demográficos. La mayoría de los países de nuestro entorno han tenido que hacer frente a la financiación de sus pensiones. ¿Y cómo lo han hecho? Pues muchos con cambios en profundidad en el sistema. No existe un modelo único, pero más o menos todos apuntan en la misma dirección: mantener un sistema público de carácter asistencial (en el que no hay demasiadas diferencias entre lo que cobra el que más cotiza y el que menos) y complementarlo con una base de ahorro privado - capitalización (ya sea en cuentas individuales, planes de empresa, planes de sector,…).
En España, como explicamos en el anterior epígrafe, hemos comenzado el camino hacia el modelo asistencial. La parte contributiva de nuestro sistema tiene cada vez menos peso. Todos los partidos prometen subir las pensiones más bajas, elevar (o eliminar) el tope a las cotizaciones y no subir las pensiones máximas. La diferencia con otros países no reside tanto en eso, como en la falta de información al ciudadano. Nadie le está explicando al españolito medio lo que esto significa y lo que se encontrará en 2040: un pensión que será sensiblemente más reducida que su salario.
Y la pregunta es por qué los políticos españoles, que tanto hablan del Pacto de Toledo, de no jugar con las pensiones o de asegurar el futuro de los mayores mantienen este pacto de silencio que se ha transformado en un juego de mentiras, medias verdades y muy poca transparencia. Hay muchas razones:
- Es casi imposible hacerlo en solitario. Si algún partido plantease una reforma en el sentido de las aprobadas en otros países europeas en las últimas décadas los demás le acusarían de querer privatizar las pensiones o acabar con la Seguridad Social. Y no sólo los partidos, la labor pedagógica de los medios de comunicación en esta cuestión también deja mucho que desear.
- Cambiar las bases del sistema implica admitir que lo que se ha estado diciendo en los últimos años no es cierto. ¿Cuántos políticos españoles han dicho que "el sistema es sostenible" o que los pensionistas del futuro "cobrarán lo mismo que los del pasado"? Todos ellos mintieron.
- Introducir un elemento de capitalización y ahorro implica perder un enorme recurso electoral. Los ciudadanos mejorarían su situación y serían más conscientes de lo que les espera. Pero los políticos ya no podrían utilizar las pensiones ante las urnas ni decir que los pensionistas cobran gracias a su buen hacer. No hay que olvidar que, ahora mismo, las prestaciones que cobran cada mes los españoles se deciden año a año en los Presupuestos Generales del Estado. No hay dinero ahorrado para pagar las pensiones. El modelo es de reparto (se pagan pensiones con cotizaciones), no de capitalización (se ahorra para el futuro).
- No hace falta pasar de un modelo de reparto puro a uno de capitalización. La mayoría de nuestros vecinos tiene sistemas mixtos. Pero incluso así, el coste de la transición sería elevado. A los actuales pensionistas hay que pagarles con unas normas y los futuros tendrían que ahorrar con otras. Con cinco millones de parados que no cotizan, este cambio no es nada sencillo.
- Dicho todo esto, lo que sí se puede exigir a los políticos es que informen… y tampoco lo están haciendo. Si quieren poner todos los huevos en la cesta del sistema de reparto, que lo digan, y que expliquen a los futuros pensionistas cuánto les quedará en 2030-2040, cuando se jubilen. Así al menos estos podrán tomar decisiones informadas. El actual Gobierno prometió que enviaría a los trabajadores a partir de 50 años una carta con estas cifras: cuál será su primera pensión en función de lo cotizado. No ha cumplido su promesa. Cuando dentro de 15-17 años un español de 50 años se jubile, el susto se lo llevará el primer día que se acerque a la Seguridad Social a informarse. Ni Rajoy, ni Rivera, ni Sánchez ni Iglesias estarán allí para atenderle.