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Carmena dictará a las empresas cómo contratar trabajadores

El gobierno de Manuela Carmena cambia el criterio económico y pasa a exigir criterios "sociales" para adjudicar servicios.

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El gobierno de Manuela Carmena cambia el criterio económico y pasa a exigir criterios "sociales" para adjudicar servicios.
Carmena anuncia una batería de medidas para decir a las empresas cómo deben contratar | Ayuntamiento de Madrid

A lo largo de la primera mitad de 2015, coincidiendo con su campaña a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena se comprometió a impulsar una agenda de "remunicipalización" que pretendía transferir la prestación de servicios al sector público. No obstante, seis meses después de la investidura de la ex jueza, el gobierno de Ahora Madrid apenas ha dado pasos en esta dirección salvo en el caso de los servicios funerarios, que sí volverán a ser gestionados desde el Ayuntamiento.

Lo que sí quiere hacer Carmena es cambiar los criterios de adjudicación de contratos públicos, de manera que los pliegos incorporen diversos planteamientos defendidos por Ahora Madrid. De entrada, el área de Economía y Hacienda que dirige el polémico concejal marxista Carlos Sánchez Mato quiere abandonar el modelo vigente, que daba prioridad a las empresas que ahorren dinero a las Administraciones.

¿Qué propone el nuevo decreto presentado por el Ayuntamiento? De entrada, las empresas que quieran contratar con el consistorio deberán financiar campañas de "sensibilización" y "formación" centradas en explicar a sus trabajadores cuáles son sus "derechos en materia de igualdad".

El gobierno municipal también quiere que, en los contratos de obras, se recoja como condición especial de ejecución "la obligación de la empresa adjudicataria de informar a los ciudadanos de las alteraciones que se produzcan en el tráfico".

Intervencionismo cerril

Ahora Madrid también quiere condicionar fuertemente la política de contratación de las empresas que gestionen servicios municipales privatizados. De entrada, se exigirá que estas compañías "subcontraten al menos el 20% del importe del contrato con empresas inscritas en el registro de Centros Especiales de Empleo o en el registro de Empresas de Inserción".

Además, se exigirá "el compromiso de incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo", requisito al que se suma la obligación de "priorizar en la contratación a los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social".

Pero la cosa no acaba aquí: el Ayuntamiento también quiere que "la empresa adjudicataria cumpla y acredite que al menos el 30% de las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones sea indefinida" y que las empresas "organicen acciones de formación para el personal adscrito a la ejecución del contrato".

Por si no fuese suficiente, el gobierno de Carmena también introduce un sistema de cuotas de sexo, de manera que las adjudicatarias pasarán a estar obligadas a comprometer "un porcentaje determinado de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones".

Fuentes del sector de los servicios urbanos explican a Libre Mercado que estas medidas se caracterizan por "un intervencionismo cerril que perjudicará a los ciudadanos, que se verán obligados a pagar más por unas prestaciones municipales que se gestionarán de manera gravosa, burocrática y poco flexible".

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