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El pacto PSOE-Podemos amenaza la reforma laboral y la de las pensiones

En pensiones, mercado laboral y rentas sociales es fácil anticipar un acuerdo. La lucha con Bruselas por el control del déficit genera más dudas.

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Pedro Sánchez pasa junto a Pablo Iglesias, el pasado día 13, durante la sesión constitutiva de la Congreso. | EFE

Este miércoles, exactamente un mes después de las elecciones del 20-D, por primera vez, los titulares de la prensa han empezado a reflejar la cercanía de un pacto de Gobierno al que le salen las cuentas. Ya no se trata de un cálculo en abstracto, parece que existen conversaciones y que éstas avanzan. La suma de PSOE (90) + Podemos (69) + PNV (6) alcanza los 165 escaños, suficiente para superar los 163 de un posible voto en contra de PP (123) y Ciudadanos (40). Pedro Sánchez sólo necesitaría la abstención del resto de los grupos nacionalistas y de izquierdas para ser investido en segunda ronda, con mayoría simple. No es que esté todo hecho, pero empieza a sonar cada vez más probable.

Hasta ahora, en las conversaciones PSOE-Podemos el gran escollo ha sido la cuestión "nacional". La exigencia de los de Pablo Iglesias de que se convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña parecía una barrera insalvable. Sin embargo, ahora parece que podría haber algún tipo de acuerdo en este punto. Y todo el mundo mira entonces a la economía. ¿Cuánto se parecen los programas de PSOE y Podemos? ¿Cuáles son las principales discrepancias? ¿En qué cuestiones están más cerca sus posiciones?

En el punto de mira

Cuando Pedro Sánchez y Jordi Sevilla presentaron el documento que resumía las promesas económicas del PSOE, "Agenda para una recuperación justa", ya advertimos de que era un texto muy ambiguo, que abría muchas opciones para posibles pactos poselectorales y con el que Sánchez no se cerraba ninguna puerta para el 21-D. Luego, el programa electoral fue un poco más de lo mismo, lenguaje muy duro contra las reformas del Gobierno del PP, apelaciones a conceptos generales atractivos para el electorado de izquierdas (igualdad, lucha contra la pobreza, subir impuestos a los que más tienen…) pero pocas propuestas concretas y compromisos firmas.

Del mismo modo, en el terreno económico no es fácil saber qué pedirá Podemos. La formación morada ha ido cambiando sus promesas desde su irrupción en la vida política española, en las elecciones europeas de mayo de 2014. En aquel momento, la coalición entre los profesores de la Complutense e Izquierda Anticapilista presentaba un programa de máximos muy habitual en los partidos de extrema izquierda de toda Europa: renta básica para todos, expropiaciones a empresas y particulares, fuerte subida de todos los impuestos (del IVA al IRPF, pasando por Sociedades o Patrimonio), jubilación a los 60 años… Desde entonces, el lenguaje y las propuestas se han moderado. No es que hayan renunciado a lo que defendían en aquel momento. Iglesias no ha renegado de ni una sola de aquellas medidas. Pero la intención ha sido ampliar su electorado buscando un perfil menos extremista.

Con este punto de partida, es complicado saber en qué se pondrán de acuerdo y en qué no PSOE o Podemos. ¿Negociarán sobre la base de lo que realmente creen o sobre lo que han escrito en sus programas? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para ser presidente del Gobierno? Como parece que quedan varias semanas de negociaciones, habrá tiempo de sobra para observar los tiras y aflojas del proceso. Pero para empezar, hay algunos puntos muy importantes en los que se intuye que el acuerdo será relativamente sencillo para cambiar la legislación vigente. Lo normal es que se conviertan en los tres primeros objetivos del pacto:

1. La reforma laboral de 2012: en esta cuestión no hay dudas. Unos y otros han prometido derogar los cambios en el mercado laboral que el Gobierno del PP aprobó en 2012. La pregunta es hasta dónde llegarán en una reforma que en Bruselas gustó (y mucho) y que los organismos internacionales de los que depende España asocian al cambio de coyuntura económica y a la creación de empleo de los últimos dos años.

En el PSOE, éste ha sido un tema muy polémico a lo largo de la campaña. Pedro Sánchez primero prometió acabar con la reforma, luego se desdijo e insinuó que sólo tocarían algunos aspectos, para terminar asegurando que la derogaría por completo. Incluso, hace unos días, su secretaría de Empleo, Luz Rodríguez, fue un paso más allá y prometió a los sindicatos derogar incluso su propia reforma, la que el PSOE aprobó en 2010.

Sin embargo, a pesar de toda esta retórica, podía pensarse que Sánchez se conformaría con hacer algunos cambios cosméticos, con los que salvar la cara ante su electorado y decir que había derogado la odiada "reforma del PP", pero que muchas de las medidas en marcha se mantendrían sin tocarse demasiado: flexibilidad interna en las empresas, más facilidad de descuelgue de los convenios colectivos, despidos a 33 y 20 días o definición de despido objetivo por causas económicas. Parecía complicado pensar que el PSOE fuera a acabar con todos estos aspectos. Al fin y al cabo, en muchos puntos, la reforma de 2010 marchaba en la misma dirección que la de 2012.

Pero para que haya acuerdo con Podemos los cambios no podrán ser sólo aparentes. Tendrán que ir al fondo de la cuestión. En esto, el programa de la formación morada no deja dudas: pide "reequilibrar la negociación colectiva" para favorecer a las centrales sindicales frente a los convenios de empresa, reformar la contratación penalizando contratos temporales y a tiempo parcial, más inspección en las empresas, volver al modelo de despido del año 2010 (incluso endureciendo la normativa que se aplicaba en aquel momento)…

2. Las pensiones: tras la reforma laboral, le llegará el turno a la de las pensiones. Es otro de los cambios aprobados por el PP que los dos partidos también han prometido derogar. El problema es que en lo que tiene que ver con las pensiones la realidad se impone. El sistema tiene un déficit que la derogación de la Ley 23/2103, tal y como piden PSOE y Podemos, sólo agravaría. ¿Cuál es su solución? ¿Qué puede esperarse de su pacto en este tema?

Los dos partidos piden avanzar en la misma dirección, con dos tipos de medidas complementarias. Subir las cotizaciones sociales y crear impuestos para pagar las pensiones allí donde esas cotizaciones no lleguen. Parece claro que no se cumplirá el deseo de aquellos que esperaban que tras estas elecciones, de una vez por todas, llegase la prometida reforma del sistema de pensiones, que cambie las bases de nuestro modelo, tal y como han hecho la mayoría de los países de nuestro entorno (el caso más conocido quizás sea Suecia, un país que socialistas y podemitas utilizan como gancho electoral pero del que del que reniegan en las políticas concretas). Porque lo que piden PSOE y Podemos es:

  • Nuevos impuestos. PSOE: "Creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones". Podemos: "Compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva".
  • Subir las cotizaciones: PSOE: "Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización. Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos". Podemos: "Eliminaremos el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos".
  • Erosionar el carácter contributivo del sistema: lo apuntado en el anterior apartado sobre la eliminación de las bases máximas de cotización se complementa en el programa de los dos partidos con la promesa de incrementar todas las pensiones no contributivas, especialmente las más bajas. De esta forma, se daría un paso más en la reforma silenciosa del sistema, que pasará lentamente de ser contributivo (tanto aportas, tanto recibes) a asistencial (da igual lo que se cotice, la diferencia entre pensión máxima y mínima será muy pequeña).

3. ¿La seguridad jurídica?: lo escribimos entre puntos de interrogación porque es probablemente la principal duda en lo que al pacto PSOE-Podemos se refiere. Se da por supuesto que habrá anuncios en temas de esos que se llaman "sociales" que afectarán a la legislación vigente, incluso de forma retroactiva, e implicarán un nuevo marco de relaciones entre los agentes. Pero no se sabe hasta dónde llegarán.

En las últimas semanas, ambas formaciones han competido por ver cuál estaba más comprometida con los desfavorecidos. Podemos presentó el día en que se constituía el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social. Y el PSOE respondió con un catálogo de 15 iniciativas "para blindar el Estado del Bienestar". En uno y otro partido sabían que esto era pura propaganda. Mientras no haya candidato a la Presidencia del Gobierno, no se tramitarán ni aprobarán cambios de calado. De hecho, algunos expertos incluso dudan de que fuera legal hacerlo con un gobierno en funciones. En realidad, parece claro que el objetivo no es aprobar una u otra ley, sino marcarse un tanto ante el electorado de izquierdas y marcar territorio ante la negociación pre-investidura.

El problema es lo que pueda dar de sí esta carrera por la pureza en la izquierda. Podemos y PSOE ha puesto sobre la mesa cuestiones de mucho calado: desahucios, garantía de suministro energético, gasto sanitario, subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital… La suma de todas ellas supondría un incremento del gasto público difícil de sostener en un país que lleva casi una década sin con su objetivo de déficit.

Pero más allá del incremento del gasto, algunas de las propuestas suponen un desafío al actual marco jurídico. Podemos está pidiendo una ley anti-desahucios muy parecida a la venezolana, que ha arrasado con el mercado de la vivienda y alquiler en aquel país por la vía de hacer prácticamente imposible la expulsión de un piso de su ocupante. Y lo mismo cabe decir con el bono de suministro eléctrico, que dispararía la factura de la luz en 14.000 millones (si las compañías trasladan su coste a los usuarios) o terminaría con la quiebra o nacionalización de todas las eléctricas (Iglesias ha repetido en varias ocasiones que es una perspectiva que le agrada).

En todos los campos en los que Podemos y PSOE piden cambios ya existen leyes destinadas a proteger a personas "en situación de vulnerabilidad", pero lo que se plantea ahora va más allá. Hablamos de garantizar el derecho a no cumplir contratos o a no respetar la propiedad privada. Habrá quien piense que no es para tanto, entre otras cosas porque son cambios de esos que tardan tiempo en notarse. No va a haber cortes eléctricos al día siguiente de aprobar un bono social que tengan que pagar las eléctricas. En ese caso, los problemas llegarán cuando las compañías dejen de hacer inversiones y mantener sus redes por falta de recursos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE por este camino?

Interrogantes

Son muchos cambios e importantes. Se habla de finales de febrero como fecha para el primer intento de investidura de Pedro Sánchez, una vez Rajoy haya fracasado en el suyo. Todavía habrá muchas idas y venidas antes de ese momento. Mientras tanto, hay un puñado de interrogantes que influirán en la negociación y el contenido del posible pacto:

  • Bruselas: desde que se convocaron las elecciones, la UE ha estado muy pendiente de lo que pasaba en España. La Comisión Europea nos ha dado varios toques y ha advertido de que sea cuál sea el próximo Gobierno, tendrá que cumplir los objetivos de déficit. De hecho, las tres reformas citas en este artículo tienen la ventaja de que, a corto plazo al menos, se pueden vender en Bruselas como neutrales en términos de gasto. Incluso en lo que toca a las pensiones, el principal capítulo de gasto público en España, si hay un impuesto para compensar el incremento de las cotizaciones, quizás pueda colar. Pero la pregunta sigue ahí, ¿cuánto presionará Bruselas al nuevo Gobierno? ¿Cuántas promesas de gasto extra aceptaría?
  • PNV: el papel del PNV parece que es el habitual, cede sus votos a cambio de dinero (una buena negociación en el cupo, el blindaje del concierto, alguna transferencia extra…). Pero incluso así suena extraño que los nacionalistas vascos estén dispuestos a facilitar las llegada de un Gobierno apoyado por Podemos a Madrid (¿incluso con ministros morados?) y que no gusta nada a las grandes empresas del País Vasco. ¿Cuál será su papel en las negociaciones? ¿Se ceñirá sólo al "qué hay de lo mío" o intentará moderar el pacto entre socialistas y podemitas?
  • Jordi Sevilla: en teoría era el hombre fuerte del PSOE en economía. Pablo Iglesias le insultó en el debate a cuatro que tuvo con Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez y Albert Rivera (sí, en aquel momento en el que el líder de Podemos se olvidó del nombre de PwC), poniéndole como ejemplo de político que utiliza las puertas giratorias. Y si hay algo que odia la extrema izquierda es el perfil de Sevilla, alguien que se define de izquierdas pero no reniega del mercado o el capitalismo. Eso que sus críticos llaman "social-liberal" y que en Europa ejemplifican Emmanuel Macron o Matteo Renzi. ¿Qué papel le queda a Sevilla en todo esto? ¿Sería el ministro de Economía de un Gobierno de coalición?
  • Senado: el último interrogante tiene que ver con el desarrollo de la legislatura más que con el pacto en sí. Aunque Sánchez logre un pacto con Podemos en el Congreso, en el Senado el PP mantiene la mayoría absoluta. Es decir, puede echar para atrás todas las leyes que el PSOE y Podemos pacten en la Cámara Baja. Es cierto, si luego el Congreso las vuelve a aprobar, podría esquivar el veto del Senado, pero existe un matiz importante: para aprobarlo de forma inmediata necesitará mayoría absoluta. Con mayoría simple los plazos se alargan. No es un obstáculo insalvable pero complicaría la acción legislativa a lo largo de toda la legislatura.

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