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La surrealista historia de un funcionario de Cádiz que no fue a trabajar en 6 años

Tendrá que pagar al consistorio 30.000 euros por "abandono del servicio" y "falta injustificada". Ahora, se ha acogido a la jubilación anticipada.

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Tendrá que pagar al consistorio 30.000 euros por "abandono del servicio" y "falta injustificada". Ahora, se ha acogido a la jubilación anticipada.
El Ayuntamiento de Cádiz | Wikipedia

Un juzgado de Cádiz ha condenado a un exfuncionario del Ayuntamiento de Cádiz a pagar al consistorio 29.920,93 euros por no acudir a su puesto de trabajo "al menos" desde el 2004 hasta marzo del 2010.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el 15 de octubre del 2010 el Ayuntamiento acordó abrir un expediente a J.G.V. por una falta "muy grave" del Estatuto Básico del Empleado Público por "abandono del servicio" y "falta injustificada".

La historia sigue adquiriendo más tintes surrealistas debido a que se le sometió a una suspensión de empleo y sueldo tras la apertura del expediente sólo durante cuatro meses. Y es que, durante la tramitación del mismo, el funcionario se acogió a la jubilación anticipada.

Además, según El Diario de Cádiz, la cuantía que tendrá que devolver este empleado público sólo corresponde al sueldo de un año, tiempo máximo exigible en la legislación.

Casi le ponen una placa por años de servicio

Los hechos se remontan a 1998 cuando el Ayuntamiento de Cádiz firmó un convenio de colaboración con la empresa pública Aguas de Cádiz por el que dicho empleado pasaba a hacerse cargo de unos controles en la estación de La Martona.

El texto judicial recoge como en la propuesta de sanción interpuesta por el Ayuntamiento en el año 2010 consta que el trabajador "no llegó a acudir a su puesto de trabajo ni llegó a realizar tarea alguna" aunque en ningún momento dejó de percibir su nómina.

El entonces concejal de Personal, José Blas Fernández (PP), descubrió que en Aguas de Cádiz suponían que sus servicios para la empresa habían finalizado y había vuelto al Ayuntamiento y que en la corporación pensaban que seguía en Aguas de Cádiz.

Según Fernández, la excusa que puso el funcionario para no ir a trabajar fue que ante las discusiones que en aquel entonces mantenían el Ayuntamiento y la Junta a consecuencia de La Martona, "decidió irse a su casa a esperar que hubiera alguna solución y se le comunicara".

La sentencia también recoge que el decreto aprobado por el consistorio no es propiamente un procedimiento sancionador sino la "devolución de cantidades indebidamente cobradas".

La guinda de historia llega cuando los antiguos responsables del ayuntamiento andaluz recuerdan que estuvieron a punto de entregarle la placa por años de servicio que se suele dar a los empleados.

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